La libertad de expresión debe comprometernos a todos, sean cuales fueren los ataques que la amenacen o la golpeen. Esta es una batalla cotidiana que debe ganarse en el día a día.
Escrito por Editorial.09 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Este es, en América Latina, un momento crítico para la libertad de expresión, en medio del recrudecimiento de la agresividad autoritaria en algunos países y de una especie de ola de amenazas crecientes que provienen de los más variados orígenes, desde la delincuencia organizada hasta las mismas instancias judiciales. Cosas como estas parecían haber quedado en el pasado, a la luz de la tendencia democratizadora que tomó impulso en nuestra región allá en los años noventa del pasado siglo; pero especialmente el resurgimiento del populismo autoritario ha venido abriendo peligrosos portillos en nuestros incipientes regímenes de libertades, que hoy están más expuestos que nunca, por lo cual se hace indispensable redoblar la defensa de todas esas libertades, y muy en especial de la libertad de expresión, pilar insustituible de las demás.
En todo tiempo y lugar, las relaciones entre la libertad y el poder han sido complejas y difíciles; de ahí que la madurez y respetabilidad de un régimen político se mida por la forma en que maneja su relación con las libertades básicas, la de expresión en primera línea. Todo lo que atente contra dicha libertad o vulnere de alguna manera la integridad de la misma se vuelve un bumerán explosivo contra el sistema en su conjunto. Cuando los gobiernos o algunas áreas de la institucionalidad empiezan a ver a los medios como enemigos, independientemente de cómo manifiesten dicha percepción perversa, todo el sistema de vida peligra.
En nuestro país, experiencias tan ominosas como la sentencia contra LPG por un tribunal de menores y la declaratoria de inconstitucionalidad de una parte del artículo 191 del Código Penal con propósito discriminador son señales de alto riesgo, que merecen atención prioritaria, para contrarrestar una eventual escalada contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el marco de la Asamblea General de la SIP, en Mérida, México, se declara 2011 Año dedicado a la libertad de expresión. Desde luego, no es casual que dicha declaratoria se esté dando en esta precisa coyuntura latinoamericana, ya que se trata de visibilizar al máximo la necesidad de que nuestras sociedades tomen la debida conciencia de los principios que urge defender y de las libertades que urge blindar, para que los procesos de avance democrático recuperen o mantengan su indispensable desarrollo hacia mejores niveles y condiciones de vida en todos los sentidos.
Estamos, en América Latina en general, y en Centroamérica y El Salvador en particular, viviendo una prueba decisiva para la suerte del presente y del futuro de nuestras sociedades. Con los matices del caso por zonas y por países, todos tenemos la obligación histórica de luchar hombro a hombro a fin de que triunfe la institucionalidad sobre la arbitrariedad, de que la racionalidad se imponga sobre el desorden y de que el cortoplacismo improvisador ceda ante la visión superior de largo alcance. Estas son tareas fundamentales para los liderazgos conscientes en toda la geografía hemisférica.
Cuando las condiciones apremian, la responsabilidad de salvaguardar los principios básicos para una sana y pacífica convivencia adquiere un relieve supremo. Por nuestra parte, como medio inquebrantablemente comprometido con la verdad y con la libertad, seguimos trabajando por la defensa y el progreso de nuestra democracia en marcha. La libertad de expresión debe comprometernos a todos, sean cuales fueren los ataques que la amenacen o la golpeen. Esta es una batalla cotidiana que debe ganarse en el día a día.
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