Entrevista con el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. Parte I.
El ministro de Defensa, general David Munguía Payés, pide que la visión de que se enfrenta un problema de seguridad pública dé paso a una visión de que El Salvador enfrenta un problema de seguridad nacional. Por eso propone medidas incluso más radicales que las que se oyeron durante los gobiernos de derecha: que se suprima la libertad de tránsito en algunos lugares y que se permita allanamientos sin orden judicial. Cree que la ley es excesivamente garantista y es partidario de que los particulares tengan armas. "Si el Estado no te puede proporcionar seguridad, tenés que tener la elección de poder hacerlo tú solo".
Por Carlos Martínez y Óscar Luna. Publicado el 20 de Enero. Tomado de El Faro.
¿Qué bases tiene su propuesta de suspender garantías constitucionales?
Está fundamentada en la experiencia que hemos tenido nosotros en dos meses de estar operando en los 12 municipios más violentos del país y un clamor y una solicitud que también hemos recibido de algunos habitantes de los municipios donde estamos operando. En esos lugares la delincuencia, particularmente de las pandillas, es la que ha decretado la suspensión, para decirlo así, de la libertad de tránsito.
Un toque de queda de hecho.
Correcto. Entonces lo que se busca es un estado de excepción, en forma focalizada, que nos dé, no solamente a nosotros, sino que a todas las instituciones del Estado que estamos combatiendo la delincuencia, otros instrumentos adicionales para ser más efectivos.
¿Qué es exactamente lo que está usted proponiendo?
La libertad de tránsito en ciertas horas, la posibilidad de efectuar cateos en forma rápida sin orden judicial. Esas son algunas de las cosas. No quiero mencionar más porque no nos hemos sentado todavía con las autoridades a analizar todo el paquete que nosotros queremos. No estamos pidiendo esto para nosotros, sino para las instituciones que están luchando en contra del crimen. La participación nuestra es eventual. Nosotros vamos a estar, según lo entiendo, seis meses y luego de eso el presidente va a evaluar si continuamos o no.
¿Su propuesta no implica que sean las fuerzas armadas quienes administren el estado de excepción?
No. Esto es algo que estamos pidiendo nosotros como instrumento para las instituciones que estamos luchando en contra de la delincuencia; obviamente nos vamos a beneficiar nosotros porque vamos a tener un poco más de libertad de acción.
¿Qué papel mira usted haciendo a las fuerzas armadas en el contexto específico de este estado de excepción?
El papel de seguir apoyando a la PNC, pero en el ámbito de la ayuda que le vamos a dar, nos vamos a beneficiar con esas herramientas.
Supongo que a la base del análisis está la siguiente conclusión: las instituciones no están siendo efectivas.
Exactamente. Esa es nuestra tesis: la delincuencia se mueve y evoluciona mucho más rápido que el sistema. Ellos siempre van adelante de nosotros. La delincuencia está arriba y nuestras leyes, que son sumamente garantistas, están abajo y siempre vamos atrás. Estamos proponiendo que se revisen algunas leyes, pero es más rápido decretar estado de excepción de forma focalizada en estos municipios donde hay mayor índice delincuencial.
¿Cómo fue la recepción de esta propuesta en el gabinete de seguridad?
Yo hice unas propuestas y después de mi exposición la reunión tenía que terminarse y ya no discutimos el tema. Sólo quedó planteado, pero ayer tuve una reunión con la comisión de defensa de la Asamblea Legislativa y encontramos bastante receptividad en todos los diputados y vimos que eran consecuentes con el pensamiento y la propuesta que estábamos haciendo.
Sus propuestas implican que otras instituciones admitan que han sido sobrepasadas, particularmente la PNC.
Si hablamos de que hemos sido sobrepasadas varias instituciones en el combate al crimen hay que pensar por qué, y una respuesta es precisamente porque el sistema legal no está respondiendo a los altos índices de delincuencia, no se está convirtiendo en un instrumento efectivo para combatir el grado de criminalidad que estamos viendo en este momento. Igualmente hemos llegado a la conclusión de que algunas leyes se están convirtiendo en un obstáculo y están sirviendo de escudo a los delincuentes.
¿Cuáles leyes, general?
Te lo digo con un ejemplo: hemos detectado el incremento significativo de menores de edad homicidas, que se están protegiendo en el código del Menor Infractor. ¿No cree que es conveniente que revisáramos el Código del Menor Infractor para evitar que los menores de edad sean instrumentos de la delincuencia? ¡Ahora niños de 12, 13 y 14 años son homicidas! La tesis de nosotros es que el Código del Menor Infractor tiene que ser revisado, independientemente de que nos sintamos orgullosos de que tenemos un código avanzado y que protege a los menores... pero en este preciso momento no está funcionando.
¿Comparte la idea de derogar la ley que le permite a los ciudadanos portar armas de fuego?
No, no estoy de acuerdo en eso, porque siento que hay una responsabilidad del Estado de proporcionarnos la seguridad, y si el Estado no te puede proporcionar seguridad, entonces tenés que tener la elección de poder hacerlo tú sólo.
Así los estudios digan que portar un arma de fuego, lejos de defenderme, me pone en riesgo.
Puede ser, pero deberías saber también que tenés el derecho a la legítima defensa y la ley te da ese derecho, entonces tenés que tener la opción de poder defenderte o aceptar el peligro.
Bueno, sigamos con los ejemplos de leyes que no funcionan, según usted.
Cuando nosotros llegamos, encontramos a gente oprimida y asustada. En la medida en que nuestro despliegue se mantiene en esa zona, la gente comienza a tenernos confianza y a darnos información y nos dicen: “Mire, ese joven que va allá nos acaba de cobrar la renta” o “Ese que va allá ha matado a tres o cuatro personas”. La gente lo sabe y le pedimos que nos pongan la denuncia, o que nos sirvan de testigos y nos responden que no y no los podemos capturar, porque tenemos que presumir que ellos son inocentes.
¿Qué propone?
Que se revise el sistema, porque siento yo que no podemos seguir así. O sea que ellos andan a la par de nosotros, pueden moverse con libertad y tenemos que esperar la flagrancia para poder intervenir y cuando tú tienes un promedio de 12, 14 muertos al día, no hay Fiscalía en el mundo que te pueda resolver esos casos. Los procesos judiciales duran un año en promedio para poder declarar a alguien culpable. Entonces, ¿no creés que hay algo en el sistema que no está funcionando? Estás generando impunidad. Nosotros lo que pedimos es que nos sentemos a analizar el sistema y que nos preguntemos si está dando resultado o si se está convirtiendo en un escudo de protección para los delincuentes.
¿Y qué propone hacer para que el criminal que les pasa a la par ya no pueda hacerlo?
No quiero entrar en esos detalles en este momento. Nosotros vamos a hacer una propuesta. Lo que hemos hecho en este momento es dar una voz de alarma, porque para nosotros el tema de la delincuencia ya es un tema de seguridad nacional, porque está generándote un efecto en toda la sociedad, es decir que te está ahuyentando la inversión. En estos municipios de altos índices delincuenciales, la gente llega a su casa y se encierra y no sale hasta el siguiente día; o le cobran renta, entonces ese problema para mí va más allá, porque ya te está afectando el desarrollo del país. Para nosotros el problema de la delincuencia ya se convirtió en un problema de seguridad nacional.
Nota: para ver la parte II de esta entrevista, pinche el enlace abajo, Atte: Comentando La Democracia.
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