En ocasiones anteriores he reiterado la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional para fortalecer nuestras instituciones y la gobernabilidad del país, minimalista en su contenido pero sólido en sus fundamentos. Esta petición se ha convertido en un lugar común de la retórica política. El acuerdo, sin embargo, no llega.
Escrito por Eduardo Cálix. 29 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
Hasta ahora, el énfasis sobre un acuerdo nacional de estas características se ha basado en la gobernabilidad. No obstante, esta es una condición derivada del acuerdo y no su consecuencia principal, es decir, la gobernabilidad es únicamente un fin intermedio. El fin último es el de siempre, aliviar las alarmantes condiciones en que vive buena parte de la población.
En tanto, fin intermedio, la gobernabilidad es la condición subyacente al aumento de la productividad y de la inversión pública y privada. En términos sencillos, la productividad es el resultado de dividir lo producido entre las horas de trabajo que llevó hacerlo. Esto se llama productividad laboral y a ella me limito. Como existe una fuerte correlación entre la productividad y las tasas de crecimiento económico, los países con pocos trabajos altamente productivos son pobres y los países que los obtienen en forma significativa son ricos. De ahí que sea posible combatir la pobreza creando empleos más productivos.
Dentro de la teoría clásica, la productividad depende del capital y de la tecnología. Se supone que si no existen barreras para el uso del capital y la tecnología, los países atrasados en productividad deberían emparejarse, porque el capital y la tecnología se dirigirían a donde sus beneficios marginales fuesen mayores. En la práctica, esto no ocurre porque existen muchas barreras. La falta de acuerdos de nación es una de las principales, junto con una educación deficiente y los altos costos de transacción, entre otras.
Lo incipiente de un estado de derecho, la inobservancia de la ley y la no aplicación de sus sanciones, además de la corrupción y la existencia de un marco regulatorio engorroso y confuso, desincentivan la inversión y la posibilidad de crear nuevas empresas, así como la de expandir las ya existentes.
Además de capital y tecnología, se requiere que se sepa usar dicha tecnología, es decir, se necesita educación y capacitación laboral. Una educación ineficiente reduce el capital humano del país, y ello impide el aumento de la productividad, porque al terminar el ciclo escolar, los alumnos han aprendido poco.
La regulación excesiva y confusa reduce la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología. Los trámites irracionales y la falta de respeto a los derechos de propiedad para la ejecución de los contratos deben ser razones de peso para que existan garantías en un poder judicial que funcione siempre de manera objetiva, limpia y expedita.
En los últimos veinte años la pobreza en El Salvador ha decrecido; afirmación relativa, ya que nuestro país ha podido apenas conservar el ingreso medio de su población. La contradicción es que la falta de regulación de la estrategia del modelo hace que se presenten barreras infranqueables que, al alcanzarlas, sobreviene la crisis cíclica, que provoca menos derrame económico y más frustración social.
La agenda pendiente exige terminar con la corrupción y establecer de forma definitiva el estado de derecho en nuestro país, exige invertir en la gente, en su educación, salud y vivienda, así como favorecer las políticas macroeconómicas y regulatorias que sean capaces de atraer la mayor cantidad posible de inversión extranjera directa y de transferencia de tecnología, porque no podemos confiarnos en nuestros propios recursos, que son escasos. No es una agenda difícil de suscribir, pero hasta el momento no se ha podido superar los intereses de algunas facciones partidistas. Es hora de pensar más en la gente y establecer el acuerdo de nación que impulse el desarrollo integral de nuestro país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.