La iniciativa de ley fue del FMLN, pero ARENA pidió la dispensa de trámites y el decreto fue aprobado por unanimidad de los 78 diputados presentes. Se trata de “favorecer al pueblo” suprimiendo la tarifa básica de telefonía fija que representaría un ahorro de $9 a $12 mensuales por línea que el usuario tenga.
Escrito por Ernesto Rivas Gallont.31 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
La reacción inmediata del presidente Mauricio Funes fue de enojo y calificó la medida como “irresponsable”, supongo porque los diputados la aprobaron sin consultarla con las partes afectadas. Más tarde, el presidente acusó al FMLN de tener “doble moral”.
Palabras serias viniendo del presidente y más serias todavía cuando se refieren a su propio partido político.
Pocos días después, Funes repitió su rechazo a la decisión legislativa en la X ENADE de ANEP, lo que motivó calurosos aplausos de la nutrida concurrencia.
Que fue inconsulta, de eso no hay duda y debió consultarse antes. El PDC era de opinión que el proyecto de decreto pasara a la Comisión de Hacienda, pero ante la moción de ARENA de dispensa de trámites y el entusiasmo generalizado en todas las otras fracciones legislativas, tuvo que ceder y sus cinco diputados votaron a favor.
El cambio de opinión de los partidos de derecha no se hizo esperar. El miércoles, al día siguiente de la ENADE, en los programas matutinos se oyeron voces de esos partidos, como “nos equivocamos”, “errar es de humanos”, etc.
Todo apunta a que el presidente Funes va a vetar la ley y por lo que oímos el miércoles como que no habrá suficientes votos en la Asamblea para superar el veto, que necesita mayoría calificada.
El argumento principal del presidente y de los empresarios es que la Asamblea está infringiendo el sagrado principio de no intervención y que si la medida prevalece podría crearse un precedente que cambiaría las reglas del juego prevalecientes durante los últimos 20 años.
Siendo que la telefonía y la electricidad son sujetas a regulación por parte del Estado –SIGET como su delegado– el argumento de la intervención no es aplicable pues la regulación es procedente en ambos mercados. Argumentan los del FMLN, el cargo fijo ya no existe en el contrato actual pues desapareció cuando la empresa que compró ANTEL fue vendida a otros inversionistas.
El principal argumento del Frente a favor de la medida es que primero es la gente y también ellos quieren sentar un precedente que le pone letra a la música de su compromiso con el pueblo, que es el mismo que el presidente Funes predicó desde su campaña y ha sostenido a lo largo de los primeros 8 meses de su gobierno. Hasta ahora.
El FMLN también esgrime como motivo fundamental de la medida que el contrato original con la empresa que compró ANTEL establecía que el cargo por telefonía fija serviría para recuperar la inversión. Ese propósito se logró holgadamente en los primeros años de operación, por lo que el cargo ya no tiene razón de ser.
Pero el problema va mucho más allá del decreto legislativo. El problema es el distanciamiento, cada vez más grande, entre el presidente y su partido. En ocho meses de gobierno, Funes ha adoptado posiciones adversas al partido en temas de nación importante, como el modelo a seguir no es, para el presidente, Venezuela, sino Brasil, socialismo del Siglo XXI, Alba, Honduras, ideología, prioridades, y hoy telefonía, además de otras.
Funes se siente seguro porque está actuando conforme a sus principios y criterios, además de tener un grado de aceptación popular sin precedente. ¿Qué va a ocurrir en caso de que haya una ruptura formal entre ambos? No es difícil de predecir; el presidente seguirá siendo presidente hasta 2014 y el FMLN seguirá siendo partido político indefinidamente, que es a lo que su dirigencia está apostando.
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