Escrito por Marcela Vaquero.31 Enero. Tomado de Contra Punto.
El nuevo gobierno salvadoreño ha retomado medidas que no han podido solucionar los problemas de violencia que enfrenta el país, y que ya desde hace 10 años se habrían salido de las manos de los dos últimos gobiernos conservadores.
SAN SALVADOR - La posible implementación de un régimen de excepción en El Salvador, sólo pone de manifiesto las grandes deficiencias en el sistema de seguridad pública, así como en la estrategia para vencer la ola violenta. Esta es una conclusión brindada por la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) y otras organizaciones de la sociedad civil que analizaron la problemática de la nacional.
Al hacer un registro de las diversas políticas de seguridad implementadas en el país, con visibles fracasos en el tema de seguridad pública, queda claro que no ha existido un avance hasta el día de hoy, sino todo lo contrario, por ejemplo en el tema más grave de los homicidios, dice la coalición.
Entre las llamadas políticas de “Plan Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, ejecutadas por dos gobiernos de ARENA, existió un doble error. La cifra de homicidios, para el 2003 era de 6 muertes diarias. Sin embargo, para el 2004, luego del Plan Mano Dura, la cifra había aumentado a 10 homicidios diarios, según datos que maneja la Policía Nacional Civil.
El país finalizó el 2009 como uno de los años con más índices de violencia registrados en la última década. Según la PNC, se registraron 4,365 homicidios a escala nacional.
En los primeros 14 días de enero de 2010 se registran 183 homicidios en todo el país, un promedio de 13 asesinatos diarios, según fuentes policiales. Esto se da en un marco de apoyo en conjunto que brindan las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) a la PNC como parte del Plan Anticrisis.
Sin embargo, a raíz de los resultados que han arrojados las anteriores medidas implementadas por el gobierno para combatir la violencia, el Ministro de Defensa, el General David Munguía Payés, declaró, ante la prensa, que podría considerarse hacer efectivo el Estado de Excepción en la zonas con mayor índice de violencia.
El último régimen de excepción impuesto en el país, por última vez, fue hace 16 años durante la ofensiva militar de noviembre de 1989, que vale recalcar, no logró detener los índices de violencia.
Mientras tanto, las diversas organizaciones civiles ya rechazan, de una vez, la idea de concretar dicho decreto: “Nos preocupa que se están utilizando los mismos métodos represivos que no han dado los resultados necesarios y que al contrario, han contribuido a que la violencia siga incrementando”, explicó Jeannette Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública (IUDOP).
Un rechazo rotundo
La CCPVJ y diversas organizaciones de sociedad civil reiteran su desaprobación a la participación de militares en tareas de seguridad pública y rechazan, rotundamente, cualquier iniciativa de aplicación de un régimen de excepción para combatir la violencia en nuestro país, según reza el comunicado de prensa.
“La utilización de la FAES sólo viene a dar continuidad al abordaje de la violencia que utilizó ARENA con sus diferentes planes de mano dura y nos preocupa, de sobre manera, la propuesta de estos últimos días que realizó el señor Payés”, agregó Aguilar.
A pesar de que aún no hay luces que indiquen el retiro de la FAES de las calles, Salvador Hernández, director de Movimiento de Jóvenes Encuentristas (MOJE), opina que el retiro de las calles de la institución castrense debe realizarse porque no aporta nada a la prevención de la violencia.
Todo apunta a que el aporte realizado por la FAES a la seguridad y descenso de violencia del país ha sido mínimo o por lo menos, no muy visible a los ojos de la población y organizaciones.
Las organizaciones coinciden en que no se están haciendo las cosas de una forma integral, con un enfoque de prevención de la violencia para mejorar la situación del país.
Asimismo, Ima Rocío Guirola, de CEMUJER, pide a las autoridades se respeten los acuerdos de paz la Constitución de la República, la institucionalidad y el respeto a los procesos de gobernabilidad democráticos en El Salvador
“El Salvador ha vivido durante años bajo regímenes dictatoriales, militantes y represivos. No podemos volver a esa épocas”, añadió Guirola.
Además, señala que: “La persecución del delito no es ir a tumbar puertas, ni declarar estado de sitio y mucho menos darle poder político a la Fuerza Armada sino, buscar un mejor abordaje al tema de la violencia en el país.
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