Escrito por Damaris Aguilar / Marcela Vaquero. 29 de Enero. Tomado de Contra Punto.
El presidente Funes ya adelantó que no va a avalar el decreto que anula el cargo de telefonía básica, y ahora solo le quedan dos caminos: modificarlo o vetarlo. Los diputados se muestran ambiguos a la hora de decir si intentarán superar el veto, si ese fuera el caso
SAN SALVADOR - Ficha cantada: el presidente Mauricio Funes dijo hoy (jueves 28 de enero) que no le dará su visto bueno al decreto que de un tajo anuló el cobro fijo de telefonía, algo que lo ha puesto en pugna directa con el Congreso, que aprobó la medida la semana pasada con 78 votos.
Abordado por periodistas en Apopa, el mandatario dejó claro que no sancionará –avalará— el decreto en cuestión, e insistió en que esa es una medida que vulnera la seguridad jurídica y pone en riesgo alrededor de 11,000 empleos, en caso de que las empresas afectadas, sobre todo CTE Telecom, decidan marcharse del país, amenaza que ya han hecho las empresas, aunque para algunos solo se trata de querer asustar con el petate del muerto.
Al aprobar el Congreso el polémico decreto, el proceso establece que es el Presidente quien debe avalarlo, modificarlo o rechazarlo. Y como ya lo había dejado entrever, al menos ya se sabe que no lo aprobará.
Funes dijo: “No lo voy a sancionar porque tengo discrepancias”.
Con lo cual le quedan nada más las otras dos opciones. Presionado para que adelantara su postura, el mandatario agregó: “Yo no puedo adelantar opinión, no voy a ser irresponsable de darles una respuesta sin hacer un previo análisis”.
La génesis de todo el embrollo comenzó cuando la Siget publicó en medios locales el nuevo pliego tarifario para el sector de telefonía, según el cual la cuota fija en telefonía básica, que era de $9.42 en el sector residencial, alcanzará los $13.42, mientras que en el comercio la cuota subirá de $14.17 a $28.63, en caso de que los operadores la apliquen.
A partir de entonces, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) empujó el decreto en el Congreso, y fue aprobado por 78 votos, de 84 posibles.
El cargo de telefonía fija fue implementado con el propósito de que el inversionista privado (France Telelcom) recuperara la inversión hecha cuando se privatizó la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en 1997, inversión que para muchos, como Norma Guevara, del FMLN, ya ha sido pagada con creces. Ese cobro dijo en la telefonía representa $120 millones de dólares anualmente.
La idea era que, como los franceses iban a invertir varios millones de dólares en equipo, etc., entonces se les dio la ventaja de que esa inversión iba a ser recuperada a través de ese cargo fijo en la telefonía.
Además, ese cargo es como pagar dos veces por el servicio telefónico, porque por un lado el cliente paga por el consumo de las llamadas realizadas, y por otro, paga por algo que no le representa ningún servicio.
“Esta es una cuota (fija) que no debe ser prorrogada por ser totalmente abusiva e inaceptable”, ha señalado Lorenzana a ContraPunto.
La medida ha sido la manzana de la discordia entre Funes y los congresistas. El mandatario incluso tildó la iniciativa del FMLN como “populista e irresponsable” por no haber sido sometida a consulta y sin análisis previo del impacto que podría generar en la economía nacional.
La medida aprobada por el congreso no fue bien recibida por las empresas de telefonía que no hicieron esperar su negativa y calificaron la disposición como un precedente negativo para el clima de las inversiones por atentar contra la libertad jurídica y económica en El Salvador.
El Presidente considera que se debe hacer un análisis de la situación y buscar otras vías para resolver el problema; además explicó que se tienen instrumentos para regular el mercado y no necesariamente tiene que ser un decreto.
“Miren las tarifas de telefonía celular fueron reducidas, luego de una reunión que yo tuve con las empresas de telefonía, y al final tomaron la decisión de reducirlas”, añadió. Y remató: “No necesariamente las cosas tienen que cambiarse a través de un plumazo, a través de un decreto”.
En caso de que el Presidente vete el decreto, los diputados requieren de 56 votos (mayoría calificada) para superar o sobrepasar el rechazo del mandatairo. Si Funes lo observa, es decir, pide hacerle modificaciones, solo necesitan 43 votos (mayoría simple) para sobrepasarlo.
Y como el decreto se aprobó con 78 votos, se pensaría que todo es pan comido. Pero no.
Mea culpa
A pesar de que el decreto fue aprobado con la mayoría señalada, ahora algunas de esas fracciones legislativas que dieron sus votos se muestran ambiguas, y en algunos casos reconocen haberse equivocado, según constató ContraPunto.
Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según Mauricio Rodríguez, diputado del PDC, la fracción actuó con irresponsabilidad porque el documento del proyecto está mal redactado y añade que el Presidente tiene toda la razón al hacer observaciones o señalamientos a los diputados.
“Hemos de decir que sí se actuó con irresponsabilidad y tenemos que aceptar esas palabras del Presidente de la República”, dice Rodríguez a ContraPunto.
Rodríguez, en un juego de palabras y a modo de justificación del cambio de rumbo, dice ahora que el decreto no tiene razón de ser porque nunca ha existido el cargo básico.
“El cargo básico de telefonía no existe en realidad, puede existir el cargo fijo por uso de red. Entonces, jurídicamente el decreto fue mal elaborado”, expresa Rodríguez.
Otro partido que estaría en una situación de darse golpes de pecho es el de Conciliación Nacional (PNC). Antonio Almendáriz dijo recientemente en un programa televisivo que también podrían reconsiderar su posición.
“Nos equivocamos”, dijo.
En tanto, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se muestra más cautelosa, pero de todos modos ya no está con el mismo ímpetu con que votó por el decreto, la semana pasada.
Dice estar con toda la disposición, si Funes veta el decreto, de escuchar los argumentos con los que se justifique su decisión.
“Vamos a analizar el documento, ya sea un veto u observaciones”, explicó René Marroquín, diputado de la fracción del partido tricolor.
Asimismo, Nelson Guardado, diputado de la fracción de Gran Alianza Nacional (GANA), asegura que su partido esperará la decisión que tome el mandatario del país sobre la iniciativa de ley.
“No podemos adelantarnos a dar una opinión, sin antes conocer qué es lo que el Presidente va hacer, en caso que apruebe o vete el decreto”, añade.
En caso que se de un veto por parte del mandatario, tanto GANA como PDC aseguran mantendrán una posición receptiva ante cualquier decisión. “Vamos a ver de qué manera el Presidente veta o aprueba el decreto”, dijo Guardado.
Que protesten, si quieren
Mientras tanto, Funes reaccionó a las declaraciones que hiciera el diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, quien en varias entrevistas televisivas llamó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a defender la medida, que fue impulsada fundamentalmente por el Frente.
“Si al final, el FMLN hace un llamado para que las organizaciones salgan a la calle, a defender lo que consideran son sus legítimos derechos, que lo hagan. Yo respeto, no sólo la decisión del FMLN, sino que de las organizaciones de trabajadores que decidan hacerlo”, dijo Funes.
Sin embargo, dejó entrever que no le da mucho crédito a esos apoyos que pudieran surgir o que ya están surgiendo en defensa del decreto.
“Pero no generalicemos, no son las organizaciones de trabajadores, es una central de trabajadores del campo la única que ha dicho que saldría a la calle, en caso yo veto”, acotó.
Una vida marital difícil
La relación política entre Funes y el FMLN se parece al de una pareja de marido y mujer que, mientras haya temas que comparten plenamente, no hay problema: por ejemplo la reforma tributaria aprobada al final del año. Pero cuando no, comienzan a volar los cacerolazos.
Y el tema del decreto que anula el cobro de la cuota básica de teléfono, es uno de otros tantos en que el matrimonio se descompone y agría la relación. Y no es nada nuevo, esa ha sido la tónica en los siete meses de gobierno.
El mandatario, sin embargo, sostiene que esas diferencias son normales.
“Yo no estoy distanciado con el FMLN, lo único que he hecho es expresar un punto de vista diferente, y esta sociedad tiene que ser lo suficientemente madura como para entender que pueden haber diferencias entre el Presidente y el partido de Gobierno o entre el Presidente como jefe del Ejecutivo y el órgano Legislativo”, dijo.
Por su parte, Medardo González, Coordinador del FMLN, dijo en una entrevista con el diario electrónico El Faro que van a esperan que las cosas no pasen a más.
“Nosotros esperamos que esto no pase a más. Esperamos que no haya agresión verbal, esperamos que haya madurez, porque lo fundamental es hacer las cosas bien para el pueblo”, comentó.
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