EDH-Hablamos por nosotros pero más por la gente

En las sociedades libres los gobernantes o aquellos que ejercen un poder legítimo nunca evaden la discusión; en las dictaduras la gente está amordazada

Editorial. 28 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.

En el seno de la Corte Suprema de Justicia hay un recurso contra la despenalización de la labor periodística que, de resolverse de manera favorable, socavaría una libertad humana fundamental, la de expresión. Los medios informativos, los periodistas, los que opinan, critican, debaten o respaldan posturas no sosmos parte formal en el proceso, pero conocemos mejor que nadie lo que se pretende con esa gestión y las nefastas consecuencias que tendría para la democracia y para la gente aprobarla.
En verdad defendemos nuestro trabajo como también defendemos la existencia y viabilidad de medios informativos y de opinión independientes. Pero por encima de ello luchamos para preservar la más importante de las libertades, la que es garantía del resto de derechos y libertades de la persona.

Los directamente afectados con cualquier ley son los que mejor conocen las consecuencias que tendría sobre su quehacer pero de igual forma los efectos de la misma sobre la población. El debate público de temas esenciales --lo que afecte la libertad, las garantías ciudadanas y el Orden Moral-- es irrenunciable y además se debe alentar. En las sociedades libres los gobernantes o aquellos que ejercen un poder legítimo nunca evaden la discusión; en las dictaduras la gente está amordazada y se desdeña lo que piensen o hayan o puedan sufrir.

Oír, discutir, conocer no es una obligación formal de la Corte en este grave asunto, pero es una cuestión de vital importancia para no empantanar al país en censuras de hecho cuyo propósito es encubrir corrupción, movidas delictuosas, atropellos y barbaridades contra el público.

Los informadores y los medios de difusión son los directamente amenazados, para impedir en tal manera que la gente conozca lo que pasa, mantenerlos ignorantes de mucho de lo que les perjudica. Pero en la colada se van todos los que critican y se esfuerzan por discutir cualquier tema, ya que los medios se verían forzados a censurarlos por las repercusiones que publicar o difundir una opinión o una noticia tendría sobre ellos.

Una mala resolución tendría efectos monstruosos

Si un recurso afecta, como ejemplo, la libertad religiosa, el arzobispado o la confederación de iglesias evangélicas no serían parte formal en el proceso, pero su opinión es fundamental para saber lo que encaja con la libertad de culto o puede anularla.

Los informadores y los medios de difusión en El Salvador no acarrean con un historial de abusos, pues cuidar su prestigio, su credibilidad, es esencial para su misma existencia y encaja con los principios éticos que rigen su labor. Es gracias a las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión, que se han podido denunciar actos de corrupción, atropellos y barbaridades, corregir mucho de lo malo que castiga a comunidades y personas.

La faceta más vil en esto que se pretende con la penalización de la labor periodística es convertir a los responsables de los medios de difusión en censores de lo que otros digan o piensen, mediante la figura de la "responsabilidad intelectual". "No se publica lo que con justicia denuncias, porque me puede acarrear problemas". Y como el medio de difusión y el periodista acarrean con la responsabilidad de lo que otros digan, pues tienen el derecho de censurarlos. Censuran y violan una garantía constitucional esencial por obra de un fallo también constitucional. A lo que esta demanda puede llevar a El Salvador es monstruoso.

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