Co Latino-Hay que evitar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo

Editorial. 27 de Enero. Tomado de Diario Co Latino.

No nos debería extrañar que el Órgano Ejecutivo y Legislativo entren en desacuerdo en algunos momentos, tal como ha ocurrido, recientemente, con el tema de la telefonía, cuando la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para eliminar el cargo fijo, lo que fue criticado por el ejecutivo. Esto debería entenderse como cosas propias de la democracia.
Como todos y todas sabemos, cuando se privatizó la telefonía, los diputados que votaron a favor, en ese tiempo, el congreso dominado por la derecha, entusiasmado con el neoliberalismo, crearon leyes para garantizar que los inversionistas recuperaran su capital tan pronto como la realidad económica lo permitiera.
El problema de esa ley es que la derecha la dejó como una “ley pétrea”, así, por mandato de ley, la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET), cada año, o cuanta vez se le ocurre, como ha sucedido este año, autoriza a las empresas telefónicas, aumentar el cargo fijo. Hasta finales del año pasado ese cargo era de $9.43, con el incremento aprobado por la SIGET, a partir de enero sería de $15.42.
Si analizamos ese incremento a la luz de la crisis económica,  podríamos decir que son cargas injustificadas, que no contribuyen a la estabilización de la economía familiar, independientemente que, los mayormente afectados serán las familias de clase media, aunque, según Estadísticas y Censo, muchos hogares de extracto popular cuentan con línea fija.
Por otro lado, es necesario recordar que si la intención del cargo fijo es la recuperación de la inversión original, esta ya fue hasta superado, seguramente,  en los primeros cinco años de ocurrida la privatización de la telefonía.
Lo anterior generó que el partido FMLN lograra el consenso con las otras fracciones legislativas para derogar de la ley el famoso cargo fijo, a cero. La medida, la cual respalda este diario, sin lugar a dudas beneficiará a miles de familia salvadoreñas impactadas por la crisis económica.
Claro está, que el Presidente de la República podría vetarla, no sólo porque tiene potestad, sino por el tema “legal”. No obstante, creemos que el Presidente Mauricio Funes, una vez recibido el decreto, ordene un análisis profundo, para no vetarlo, sino observarla, si ese es el caso.
Y es que, el  ejecutivo debe tener claro dos situaciones: por un lado, que la medida legislativa, anticipada o no, ha creado buenas expectativas en miles de hogares que se verían beneficiados, y, por el otro, que no se convierta el tema en una medición de fuerza. Lo mismo pediríamos, no sólo al FMLN, sino a todas las fracciones legislativas, es decir, a todo el Órgano Legislativo.

Hay que evitar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.