Escrito por Juan José Dalton. 24 de Enero. Tomado de Contra Punto.
Estados Unidos, el proveedor de armas para el ejército salvadoreño tiene un equipo de seis expertos en San Salvador, a fin de averiguar de dónde los delincuentes obtuvieron las granadas que accionan en sus actos delictivos. Se averigua también de las motivaciones de tales atentados “terroristas” e intimidatorias.
SAN SALVADOR - El 16 de enero pasado, cuando la mayoría de los salvadoreños conmemoraban el 18 aniversario de los Acuerdos de Paz, estalló en pleno centro de San Salvador una granada de fragmentación, del tipo M-67 y de uso militar. Tal acción empañó la celebración del fin de una guerra civil que había durado 12 años, provocó 75.000 muertos y dejó al país en ruinas y desintegrado socialmente.
En la actualidad la gran intriga en las altas esferas políticas y en los organismos de seguridad es no sólo la procedencia de las granadas, sino las reales motivaciones de quienes las están usando.
La violencia salvadoreña es ya un mal común, general y crónico. Analistas locales y extranjeros como los españoles Enrique Gomariz e Ignacio Cano, consideran que existe una “guerra de nuevo tipo y sin enemigos definidos” Algo así como “contra todas las banderas”.
En esta nueva confrontación el uso de granadas militares es un hecho novedoso, pero se está haciendo cada vez más frecuente en la modalidad delincuencial, que según expertos en temas de violencia, está ligada a la actividad de extorsiones de pandillas y bandas del crimen organizado.
El jueves pasado dos tribunales de San Salvador, uno de ellos de menores de edad, envió a prisión a los dos presuntos responsables de haber lanzado la granada el “Día de la Paz”. En el atentado murió el empresario del transporte David Salomón Cruz, de 68 años de edad, mientras otras 15 personas resultaron heridas. Cruz era el “objetivo” debido a que, según investigaciones y testigos, se había negado a pagar las extorsiones que los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” le habían impuesto.
Los acusados, José Ángel Menjívar, de 34 años de edad, y el menor, Edgardo M., de 15, permanecerán presos, bajo custodia del Juzgado del Crimen Organizado y del Tribunal de menores de San Salvador, respectivamente, mientras se investiga o se les instruye, incluso, por “actos terroristas”, según la legislación local.
Algo que mantiene una preocupación constante de las autoridades y de la sociedad civil es el frecuente uno de menores de edad en actos criminales: extorsiones, sicariato y en la actualidad en el lanzamiento de granadas, para lo cual se necesita entrenamiento, mucho más, tratándose de acciones en ciudades, aseguró a ContraPunto un agente investigador de la policía.
La nueva táctica
En la nueva guerra que sufre El Salvador, las armas de fuego constituyen una sustancia principal. La legislación salvadoreña es bastante flexible en los temas de comercio, tenencia y portación de armas de fuego. Se estima que más de 450.000 armas de fuego están en manos de civiles, de las cuales sólo la mitad están registradas legalmente.
Es por ello que el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, ha solicitado al gobierno y a los diputados tomar las medidas pertinentes para el control de las armas y para prohibir la portación de armas en manos de civiles y que estás sólo sean usadas por policías y militares.
De acuerdo a estadísticas de la policía, en 2009 se cometieron 4.365 homicidios, de estos, 3.311 fueron con armas de fuego, es decir, el 75 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego. Las autoridades indicaron también que sólo se decomisaron 2.889 armas de fuego durante el año pasado.
El uso de granadas militares industriales o de fabricación artesanal es cada vez más frecuente. Durante 2009 se cometieron 10 ataques con granadas, que provocaron 12 muertos y un número de heridos y traumados que no se pueden determinar. Pero en los primeros 21 días se cometieron cinco ataques, con el resultado de un muerto y 29 heridos que fueron enviados a los hospitales.
El último ataque ocurrió en el municipio de Chalchuapa, en la provincia de Santa Ana. No causó muertos ni heridos, sino destrucción de la vivienda y el automóvil de la familia atacada, que huyó hacia un lugar hasta ahora desconocido; esta familia no es la primera que se desplaza de sus lugares de origen a consecuencia de la violencia, otro de los fenómenos que ocurrían durante la guerra civil (1989-1992).
En busca del proveedor
Hasta el momento no se ha podido comprobar quién es el proveedor de las granadas a los grupos delincuenciales. Existen sospechas de que tales armas vienen de los arsenales del ejército y que pudieron haber sido compradas a militares corruptos. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía, asegura que está investigando. Tanto la policía como el ejército han aprobado que sea la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la que indague de dónde proceden dichos armamentos, para lo cual el viernes llegó a El Salvador un equipo de seis expertos.
“Es importante develar es el origen de este armamento. Por un lado, puede provenir del mercado ilegal, pero también es válido revisar el control de los armamentos para verificar que no hallan actividades corruptas que favorezcan la circulación de este armamento en manos de delincuentes”, aseveró un experto en temas militares, armas y violencia, que no quiso identificarse.
Como antecedente de hechos de corrupción “se debe recordar que en el pasado, se supo que una bomba de 500 libras del Ejército Salvadoreño fue encontrada en Colombia, y ésta sería utilizada en contra de la prisión donde se encontraba recluido el capo de la droga, Pablo Escobar. Un militar salvadoreño fue señalado de haber contribuido para la obtención de dicha bomba”, recordó el experto en declaraciones a ContraPunto.
Por otra parte, a las autoridades locales también le preocupan las motivaciones, dado que se sospecha alguna arista política, como se la compartió a ContraPunto el referido experto: “Los recientes acontecimientos no deben ser vistos como hechos aislados. Su cercanía temporal y el tipo de arma usada sugieren que dichas acciones no son espontáneas, sino que guardan relación y un eventual objetivo común. Es posible que sea una demostración de fuerza o una estrategia para debilitar la imagen de las autoridades y aumentar la sensación ciudadana de temor, que en el corto plazo favorece el clima para las extorsiones, pues se vale del miedo de la gente”.
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