EDH-El ministro de Defensa

Escrito por Luis Mario Rodríguez R.24 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.

Mientras los diputados en la Asamblea Legislativa consideran que es más importante evitar los accidentes de trabajo en las empresas que aprobar las escuchas telefónicas para disminuir las extorsiones, el general Munguía Payés propone medidas para contrarrestar el más agobiante de los problemas con el que tienen que lidiar diariamente los salvadoreños, el de la seguridad pública. Por supuesto que es importante exigir a los empresarios que adopten las medidas para evitar que un empleado se intoxique o se ampute manos o pies, según el riesgo de las labores que realice. Pero los políticos y funcionarios deben atender prioridades, y nadie, quizá sólo los diputados cuya seguridad está garantizada porque cuentan con elementos de la PNC, puede preferir una ley que disminuya los accidentes laborales frente a otra que haga frente a uno de los delitos que está ahogando vidas, cerrando pequeños negocios y permitiendo un permanente estado de pánico en la población.
Ante la ausencia de liderazgos en el país, y con una visión confusa por parte de los representantes del pueblo acerca de los principales problemas nacionales, voces como las del ministro de la Defensa encuentran rápidamente un apoyo de todos aquellos que seguimos esperando una política clara y efectiva contra la delincuencia común y el crimen organizado. Aunque no todos hemos sido protagonistas de un robo, o peor aún, de un asesinato entre nuestros familiares o amigos cercanos, todos nos sentimos víctimas. El sentimiento de victimización es generalizado y hace que toda propuesta, con tal de que disminuya la posibilidad que nos asalten, secuestren, extorsionen o asesinen, es bien recibida. Los consultores extranjeros en materia de seguridad, afirman que la "seguridad es para garantizar derechos", deberían responder entonces ¿cuál ha sido la tutela de todos aquellos que día a día tienen que pagar renta o un rescate por su familiar secuestrado?; ¿y los derechos de las más de 12 víctimas mortales diarias, los microempresarios que incluyen en sus costos la renta para los mareros, los de todos los salvadoreños que vemos un país cada vez más empobrecido por la falta de empleo ante los inversionistas que no vienen por temor a que su negocio no prospere por la falta de seguridad pública? Esos son los derechos que debemos de cuidar celosamente, y no los de aquellos que se aprovechan de un ordenamiento legal garantista.

El general Munguía es la cara visible de una Institución a la que la mayoría de salvadoreños respetamos y admiramos. La Fuerza Armada cumplió los Acuerdos de Paz letra por letra; se subordinó al poder civil y redujo el número de elementos que la integraron durante los años del conflicto armado. Es disciplinada, cumple fielmente su misión, ha sabido mantenerse al margen de la política partidista y quién puede negarlo, ha sido la que durante las catástrofes naturales, en silencio y con mucha constancia, ha llevado alivio a los damnificados, administrando la crisis y contribuyendo a la reconstrucción nacional. Las propuestas del ministro no las elogiamos porque provienen de los militares; lo hacemos porque simplemente, quienes tienen a su cargo la seguridad ciudadana, siguen enredados en acusaciones internas de corrupción, quejándose de la falta de recursos y acomodándose aún, en sus despachos ministeriales.

En el futuro, cuando nos encontremos en una situación similar a la de los países vecinos, con el crimen organizado enquistado en las instituciones, carteles de la droga con territorios bien definidos, maras hasta en los centros comerciales y lugares turísticos, desempleo galopante por el desincentivo empresarial ante la toma de control por el hampa, el ministro de la Defensa podrá sentirse tranquilo que propuso lo que debía, en el momento oportuno y de la manera más respetuosa, sin usurpar funciones y bajo un claro papel de subordinación al Presidente de la República. Si los recelos de otros funcionarios, las aspiraciones políticas, o su falta de visión, impidieron que las propuestas del general fueran escuchadas, serán otros los responsables pero no la Fuerza Armada.

Los secuestros se erradicaron a inicios de la presente década, por un trabajo en el que la sinergia de actores públicos y privados funcionó como un reloj suizo. El liderazgo por los empresarios lo llevó la ANEP y por el gobierno como debía ser, el Presidente de la República; actualmente no tendría por qué ser diferente ni en cuanto a los actores ni en cuanto a las medidas. ANEP sigue siendo la cúpula, y ahora, a diferencia de hace diez años, cuenta con el apoyo de sus gremiales que han anunciado el aporte de propuestas en materia de seguridad, de acuerdo con las necesidades que sus agremiados, la mayoría de ellos micro y pequeños, les exigen en cada junta directiva. Y no se trata de un apoyo de la empresa privada para resolver "sus" problemas de seguridad, nos referimos a una propuesta de carácter general que los empresarios deberían estar dispuestos a ejecutar y financiar junto con las autoridades para beneficiar a todos los ciudadanos, sean o no hombres de negocios.

Para el caso del Gobierno, el Presidente de la República cuenta con todo el respaldo popular. Su capital político, esos bonos democráticos que se cotizan al alza en cada encuesta de opinión, deben ser invertidos para la solución de un problema, que como lo hizo el Presidente Calderón en México, fue enfrentado con valor, carácter y planes concretos. El respaldo que su ministro de Defensa le ha dado, sugiriendo la suspensión de garantías constitucionales, y otras medidas que se reservó, pero no dudo llevan la misma tónica de diferenciarse de propuestas tradicionales que no han dado ningún resultado, pueden ser el embrión de una lucha frontal contra el mayor flagelo que sufre nuestro país, después de firmados los Acuerdos de Paz.

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