Contra Punto-Rediseñar El Cimarrón

Escrito por Ileana Gómez.21 de Enero. Tomado de Contra Punto.

Un detalle de las implicaciones territoriales,tecnicas y sociales de haber implementado el proyecto de la Presa El Cimarrón en su formato original; y la necesdad de su replanteamiento

SAN SALVADOR-En el marco de la juramentación del Consejo Nacional de Energía el presidente Funes anunció la decisión de revisar el proyecto hidroeléctrico El Cimarrón, dado que el diseño propuesto no es viable. Ciertamente el diseño del proyecto no es viable en dos sentidos: el técnico, por sus implicaciones sociales y ambientales, tampoco es viable la forma en como este proyecto se impuso a la población y su territorio.

Al nivel técnico El Cimarrón suponía la formación de un embalse de 15.3 Km² en Citalá, Chalatenango. Una de las peculiaridades del proyecto era la desviación de las aguas del embalse el Cimarrón al río Metayate mediante la  construcción de un túnel de 11 Km. que reduciría el caudal del río Lempa en el sitio donde se construiría el embalse. La reducción del caudal abarcaría una distancia de 76.5 Km. entre el embalse el Cimarrón y la represa Cerrón Grande, afectando poblaciones, sistemas de riego, ecosistemas y fuentes de  agua potable. Ya en el 2000 el Tribunal Centroamericano del Agua, una plataforma de justicia alternativa que actúa como organismo de justicia ética sobre el recurso hídrico, resolvió recomendar al gobierno de El Salvador suspender el proyecto debido a que su diseño técnico conllevaba  graves consecuencias: erosión por dragado y por la remoción de la cobertura boscosa, alteración del curso del agua,  descenso del nivel freático por cambios en la descarga del caudal, afectación de la potabilidad del agua por arrastre de sedimentos, pérdida de medios de subsistencia de poblaciones locales, de tierras productivas y de infraestructura por áreas inundadas; además de  posibles inundaciones por desbordamiento del río Metayate. El gobierno en ese entonces defendió el proyecto frente al Tribunal pero ignoró la resolución.

Desde mediados de los noventa los pobladores, organizaciones religiosas y ambientalistas se han movilizado para rechazar el proyecto tanto por sus implicaciones ambientales como por  la forma unilateral con la que fue planificado y definido por la entonces dirección de CEL. Durante la fase de elaboración de los estudios de prefactibilidad la falta de una política de comunicaciones con los pobladores fue un factor crítico que agudizó el conflicto. Técnicos y maquinas se movían en la zona realizando perforaciones y mediciones sin explicar a los habitantes el objetivo de estas acciones. Inicialmente los pobladores obtuvieron información del proyecto por parte de ONG´s y del Comité Ambiental de Chalatenango. Llegó el momento en que la CEL tuvo que realizar una serie de charlas informativas a la población para responder a los reclamos y a la molestia social de pobladores y alcaldes. Pero estas charlas no lograron responder a la dudas, ni calmaron la aversión local por el proyecto, en parte porque utilizaban un leguaje muy técnico y poco accesible para los pobladores rurales y porque no suponían construir compromisos mínimos de apertura de información y participación de las comunidades y municipalidades en el proceso. Pasados los años la CEL llegó a definir una oferta de compensación social para los habitantes que se hallarían afectados con la pérdida de viviendas y cultivos, aun así el proyecto siguió enfrentando una fuerte resistencia social que trascendió las fronteras nacionales.

La conflictividad que conlleva el desarrollo de proyectos hidroeléctricos ha llevado a que algunos países vayan perfeccionando el abordaje social de estos macroproyectos. En Costa Rica el Instituto Costarricense de Energía (ICE) esta desarrollando toda una  estrategia de participación social en el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en Puntarenas, encaminada a lograr la viabilidad social del proyecto, a partir de acciones orientadas a conocer la realidad social y cultural de la zona en la que se llevará a cabo. La estrategia abarca tres ejes de acción: información, interacción e investigación. La información consiste en realizar actividades permanentes de divulgación entre comunidades a través de talleres, reuniones y foros. Para ello se han formado equipos de trabajo multidisciplinarios que abordan los ámbitos sociales, arqueológicos y de comunicación. La interacción con las comunidades se ha institucionalizado a partir de la formación de Comisiones de Enlace, espacios que representarían las necesidades e intereses colectivos en su relación con el Proyecto El Diquís. La investigación permite profundizar el conocimiento económico, social y cultural de las comunidades para entender las implicaciones del proyecto en las particularidades de cada población.

En Centroamérica la creación de este tipo de estrategias es bastante novedosa porque va más allá de las tradicionales medidas compensatorias, pero aun no significa que se esta construyendo un estilo distinto de hacer desarrollo, aunque sí un estilo más amable hacia los pobladores. La resistencia social frente a las represas y otros megaproyectos persiste porque ha logrado crear una práctica social orientada por un lado a defender un estilo de vida, pero también a rechazar y detener el avance del poder económico y político que desde afuera del territorio decide cómo y para qué usar los recursos. La larga historia de desalojos forzosos, violencia y marginación ha contribuido sin duda a fortalecer estas acciones de resistencia, que se alimentan de los discursos ambientalistas, las ideas del movimiento antiglobalización y de la iglesia de base popular.

Por eso la viabilidad social de este tipo de proyectos es tan importante como su viabilidad económica y técnica. Supone la superación paulatina de estas contradicciones y la construcción de discursos compartidos para caminar hacia una “visión integral territorial”: Tal y como el presidente Funes afirmara en su discurso de juramentación del Consejo Nacional de Energía “se impone  la necesidad de analizar la posibilidad de un rediseño del proyecto con una visión integral territorial que tenga en cuenta los factores medioambientales y sociales que nos hemos puesto como obligación respetar. La formulación de este nuevo diseño, no sólo será tarea de las instituciones del Ejecutivo y el Consejo Nacional de Desarrollo, requiere también la intervención de otros actores entre ellos las municipalidades y las comunidades que puedan resultar afectadas, además de los ambientalistas, iglesias y organizaciones que han estado en la resistencia. Por otra parte es indispensable avanzar en un rediseño organizacional de entidades como el MARN y la CEL, que permita contar con estructuras descentralizadas, multidisciplinarias, con capacidad de investigación y de creación de estrategias de articulación permanente con los actores territoriales.

Rediseñar el Cimarrón es una oportunidad para rediseñar la ruta del desarrollo territorial y nacional, donde la decisión de construir o no megaproyectos tendría que ser el resultado de una  decisión ciudadana soberana sobre el estilo de vida y el uso de los recursos con base a principios de sostenibilidad ambiental, inclusión y equidad.

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