Escrito por Redacción. 04 de Enero. Tomado de ContraPunto.
En sus primeros seis meses como el primer presidente de izquierda del país, Mauricio Funes, ya ha comenzado a remover piezas que, piensa él, no engranaron como debían en la maquinaria estatal. Se esperan más cambios en próximos días, quizás horas.
SAN SALVADOR – El presidente Mauricio Funes ya realizó los primeros cambios en su gabinete, y se cree que otros funcionarios, entre ellos algunos ministros, ya pusieron sus barbas en remojo porque están en la lista negra.
Funes oficializó este lunes 4 el cese de las funciones del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Francisco Gómez, y al de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos.
Igualmente fue cesada Karla Albanez, que estaba al frente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (Ista) y el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). De estás “bajas” se supo al entrar la noche de este lunes.
En sustitución de Gómez en Anda, el mandatario ha nombrado a Marco Antonio Fortín, quien se destacó hasta el 31 de diciembre de 2009 como presidente del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo). Es ingeniero civil de profesión y se ha dedicado a la industria de la construcción durante muchos años; mientras que el nuevo titular de la Siget será Luis Méndez Menéndez.
Menéndez es un destacado abogado que ha trabajado con organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Care Internacional, dice un comunicado oficial.
Karla Albanez fue sustituida por Pablo Alcides Ochoa, contador de profesión, graduado en la UCA y ex presidente del gremio de contadores profesionales. El comunicado oficial indica que el sucesor de Durán en la Lotería será definido por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
Ruedan las primeras cabezas
En medio de una ola de despidos a nivel general por vencimiento de contrato, también ya comenzaron a rondar las cabezas de altos funcionarios. Según fuentes extraoficiales en las próximas semanas se esperan más cambios en el gabinete ministerial.
El comunicado oficial no aclaró las razones de los cambios en Anda, Siget, Ista y LNB. Pero, para el caso de la Anda, podría deberse a la reciente focalización del subsidio a la tarifa del agua, algo que no dejó del todo contentos a ciertos sectores, e incluso creó fricciones entre el Ejecutivo y la autónoma.
Uno de los aspectos que causó posiciones encontradas entre Funes y Gómez fue el planteamiento de una multa generalizada de $3.50 por pago de recibo atrasado, sin importar cuando se consumiera de agua.
Sin embargo, luego de una serie de conversaciones con el Ejecutivo, Anda decidió que los que consumieran entre 1 y 40 metros cúbicos de agua pagarían $1.14 (cuota que ya existía en las tarifas anteriores); y los que gastarán de 41 mts. cúbicos en adelante sí cancelarían los $3.5.
El pliego tarifario del precio del agua pretendía que quienes gastarán más pagarán más, es decir que rompiera con el esquema de subsidio generalizado que gobiernos de derecha habían traído por más de 20 años. Según este esquema, nadie pagaba el verdadero costo del agua, lo cual estaba bien en el caso de las familias pobres, pero también gozaban del subsidio aquellos sectores con suficientes recursos para costearlo.
En caso de la Siget, tampoco para nadie es un secreto que el ex titular de dicha instancia, Tomás Campos, se opuso a la construcción de la represa El Chaparral y eso generó fricciones entre él y Funes, quien públicamente había asegurado que pese a la oposición de ambientalistas y pobladores en torno a la presa, el proyecto debía seguir.
ContraPunto publicó en julio de 2009 el documento “Análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidrológico El Chaparral”, elaborado por la Siget, y en el que se señalaban anomalías en el otorgamiento de la concesión, falta de transparencia en la licitación y contratación de la empresa ASTALDI SpA, deficiencias en el Estudio de Factibilidad y déficit en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de El Chaparral.
Se rumora que Funes seguirá realizando cambios en su gabinete dentro de un lapso de tres meses.
Según fuentes extra oficiales Juan Pablo Durán, ex titular de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) habría “renunciado” a su cargo, debido a presuntas denuncias de acoso sexual a empleadas.
La prensa local ha mencionado los nombres de otros funcionarios, incluso ministros, que pudieran estar en la lista negra. Uno de esos es Manuel Melgar, el ministro de Justicia y Seguridad Pública.
El nombramiento de Melgar como ministro fue conflictivo desde el principio porque Funes no lo quería allí ni tampoco los norteamericanos, quienes aún resienten aquella acción de junio de 1985 ejecutada por el comando guerrillero urbano Mardoqueo Cruz contra 13 asesores militares norteamericanos, en la llamada “Masacre de la Zona Rosa”.
El comando en cuestión era parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), al que perteneció Melgar en sus días de revolucionario.
ContraPunto también ha sabido que el hacha del despido podría caer también sobre el cuello del ministro de Agricultura y Ganadería, Manuel Sevilla. Al parecer el Presidente no está satisfecho con el trabajo de Sevilla y cree que puede hacer más si está allí alguien con más capacidad de acción.
Estos funcionarios están siendo cesados en el marco de una serie de despidos a nivel general por finalización de contratos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sostiene que por vencimiento de contrato en este gobierno de corte izquierdista, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ya van más de mil despedidos a nivel general.
“Me pronuncié antes que tomarán posición de sus cargos los consejos municipales, porque sí se preveía que en las alcaldías se podrían dar estos casos por cuestiones políticas, pero no me imaginaba que se hubieran dado también en organismos de gobierno, dijo el procurador de la PDDH, Oscar Luna.
“Creo que sí ha habido un exceso y un abuso en los criterios que se han tomado y por eso sí creo que hay que revisarlos”, expresó indignado por los más de mil despedidos a nivel nacional. En cuanto al despido de funcionarios no se pronunció al respecto.
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