Carlos Gregorio López Bernal.16 de Marzo.Tomado de Diario Co Latino.
Universidad de El Salvador
Las medidas tendientes a ordenar el transporte público de pasajeros ocupan los titulares de los periódicos. Aun persisten las dudas sobre la efectividad y sostenibilidad de las mismas, pero nadie puede negar su pertinencia, aunque en realidad estas acciones solo impliquen cumplir la ley. Tan mal ha andado este país que debemos celebrar cuando simplemente se hace lo que la ley dice.
Sin embargo, hace falta una visión integral del problema. Pareciera que el detonante de las actuales propuestas fue la trágica racha de accidentes de buses que vivimos hace unas semanas. Si eso es así, este esfuerzo no pasa de ser una reacción a una coyuntura particular, provocada por las reiteradas y fuertes condenas y señalamientos que la población ha hecho ante los abusos y la impunidad de los buseros.
Tratar el problema del transporte público a partir de miras estrechas y situaciones coyunturales, impide ver elementos mucho más importantes y trascendentes. Por ejemplo, las condiciones actuales del transporte público tienen mucho que ver con los altos niveles de contaminación ambiental que tienen nuestras ciudades, especialmente la capital. Igualmente tienen relación con la creciente factura que los salvadoreños pagamos por los combustibles.
Hay una sobre oferta de autobuses; es decir, circulan más de los que se necesitan; consecuentemente, hay más contaminación y un gasto de combustible innecesario, paradójicamente, buena parte del cual es subsidiado por un impuesto a la gasolina. Pero más importante que eso: la pésima calidad del servicio de buses actual ha obligado a miles de salvadoreños a usar vehículos propios para movilizarse. En nuestro país, el vehículo particular no es necesariamente un lujo; es la única manera que se tiene para escapar a la inseguridad y la exposición al maltrato constantes que supone viajar en autobús. Seguramente que muchos de los que actualmente usamos un vehículo particular lo guardaríamos gustosos, especialmente con los actuales precios del combustible, si contáramos con un servicio de transporte que nos garantizara: seguridad, buen trato y puntualidad.
Un mejor servicio de transporte público que sacara de circulación motoristas y máquinas que no cumplan con los requisitos de ley, que garantizara un mínimo de seguridad y buen trato, y sobre todo con recorridos y tiempos racionales, provocaría de inmediato que más gente lo usara y por consiguiente que disminuyera el consumo de combustible en autos privados y el tráfico automotor en las carreteras.
Hacia este fin debieran de orientarse los actuales proyectos de ordenamiento. No hacerlo sería continuar con las visiones de corto plazo y faltas de horizontes que han caracterizado a las administraciones anteriores. Está bien que se intente reordenar el transporte público, pero eso es solo saldar a medias una cuenta pendiente desde hace años. Hay que ir más allá.
¿Por qué no ponerse como meta que en tres años contemos con el mejor servicio de transporte público en Centroamérica? Y para ello no se requieren mega-proyectos. En San Salvador bastaría con el reordenamiento, la puesta en operación de un “metrobús” como el que ya se ha propuesto y la renovación de la flota de buses. Lo último seguramente implicaría “abrir” el sector a más empresarios, como ya lo ha sugerido FUSADES, y por qué no, dar parte del servicio a las municipalidades o al Estado. Es preciso ser más ingeniosos y audaces. No es posible que un rubro tan importante para el país permanezca secuestrado por empresarios y operarios sin visión ni responsabilidad. Difícilmente habrá otro momento tan oportuno para hacerlo.
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