Norma Guevara de Ramirios.29 de Marzo.Tomado de Diario Co Latino.
Arena, FUSADES, ANEP, y varias organizaciones no gubernamentales, le pidieron al Presidente de la República vetar el Decreto Legislativo 635 que contiene reformas al Código Electoral para facilitar la realización de elecciones legislativas y llenar vacíos existentes como efecto de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente Funes aceptó o coincidió con la visión expresada profusa y efusivamente por Arena, FUSADES, ANEP y varias Organizaciones, devolviendo vetado el referido decreto el 25 de marzo.
El Decreto había sido aprobado con 61 votos, y expresa el acuerdo y la visión compartida de cuatro partidos políticos con representación legislativa. Para cada posicionamiento cualquier persona y organización política seria debe partir de su deber de cumplir la Constitución de la República, quienes compartimos la reforma tenemos convicción de cumplir con la Constitución; el Presidente posiblemente cree lo mismo; pero vale la pena analizar el contexto en que transcurren estos desencuentros en la manera de entender el papel que la Constitución le confiere a los partidos políticos en la construcción de la voluntad política y la participación de la ciudadanía en la democracia.
De la sentencia citada, se han derivado dos decretos legislativos, el 555 que regula los requisitos para la participación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas, y el 635 que regula el desbloqueo de las papeletas, la forma de votar, el escrutinio de votos y los procesos de inscripción de candidaturas. El primer decreto fue votado con 55 votos de los partidos FMLN y Arena; el segundo fue votado con 61 votos del FMLN, PCN, GANA y PDC; los partidos que no votaron por el decreto 555 y las organizaciones no gubernamentales interesadas en las candidaturas no partidarias calificaron el decreto como inconstitucional; al contrario el decreto 635 fue cuestionado como inconstitucional por ARENA y demás entidades.
Las diversas opiniones de los partidos políticos y de entidades privadas sobre la actuación legal y legítima de la Asamblea Legislativa es diferente, sólo el FMLN considera que ambos decretos representan pasos importantes en el proceso político salvadoreño, en un momento de cambio definido por voluntad soberana del pueblo el 15 de marzo de 2009.
Mientras Arena gobernó, ni ANEP, ni FUSADES cuestionaron el Código Electoral, en las más de 20 reformas hechas entre 1993 y 2008, se reforzó el dominio de los partidos de derecha; ahora en cambio estas entidades privadas se erigen en rectoras de la democracia y defensoras de la “militancia de los partidos” ¿es que acaso puede esta conducta ser considerada leal a la constitucionalidad? En verdad, es que el instrumento partidario de las fuerzas de derecha, unidas férreamente en sus gremiales, se debilitó en las elecciones presidenciales del 2009 y el verdadero filo de su activa participación política actual, es debilitar el sistema de partidos políticos bajo la creencia de que la derecha tiene otros recursos para su incidencia en el poder gubernamental.
Los partidos políticos son diferentes unos de otros, pero en su conjunto aseguran el rasgo pluralista que define nuestra Constitución para la reproducción y para la alternabilidad en el ejercicio de gobierno, y como recurso fundamental de la ciudadanía para asegurar otro rasgo también constitucional como es el carácter representativo.
Los intereses que cada partido defiende pueden ser además de diferentes, contrapuestos, pero el peso real de éstos, en las instancias de gobierno viene dado por la voluntad de la ciudadanía expresada en las elecciones.
En el pasado la oligarquía se empeñó en impedir la construcción legal de partidos que aglutinarán a trabajadores, a visiones democratizadoras y de izquierda; sin embargo, aún en la clandestinidad, las fuerzas revolucionarias generadas mediante la lucha popular, asumió la forma de partidos políticos, expresando una idea fundamental para la representación de los intereses populares en la esfera pública. El FMLN tiene convencimiento pleno de que los intereses de los trabajadores, los profesionales progresistas, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los estudiantes, se defienden mejor con organización y unidad programáticas. La derecha que expresa otros intereses, golpea y margina a las mayorías.
Para el FMLN no es problema ni novedad que existan partidos y gremiales que defiendan los intereses de los más favorecidos; para el FMLN su interés es aglutinar a las mayorías que han sido tradicionalmente marginadas y oprimidas; el interés del FMLN es la soberanía, la libertad real, la equidad, la democracia participativa. Este momento y la conducta claramente adversa de organizaciones privadas es inconveniente para el avance democratizador, pero es comprensible. Sin duda, como otros momentos difíciles lo sabremos enfrentar junto al pueblo y en defensa de la democracia y los cambios.
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