Carlos Ponce.30 de Marzo.Tomado de El Diario de Hoy.
El deterioro del aparato de seguridad gubernamental y la consecuente y progresiva crisis delictiva que experimenta el país, abruma a las autoridades que, hasta el momento, no han logrado advertir ni controlar el problema. La criminalidad parece siempre estar un paso adelante y las fuerzas del orden dos atrás. En los últimos dos años, el promedio diario de homicidios se ha incrementado exorbitantemente (llegando a los niveles más altos de la última década), el delito de secuestro ha resurgido con fuerza, el narcotráfico internacional ha penetrado las instituciones públicas, y las pandillas han evolucionado rápidamente, incursionando decididamente en el contrabando de drogas, armas y personas.
La desenfrenada espiral delincuencial en la que está sumergido El Salvador y el bajo nivel de confianza del que goza el gabinete de seguridad (según lo revelan los resultados de diferentes encuestas de opinión), ha despertado entre los ciudadanos una mezcla de desesperación ante la impunidad bajo la que operan los criminales y decepción en el gobierno que no logra proveer suficiente seguridad. Esta actitud colectiva llevó a que muchos esperaran más de la visita del Presidente Obama al país en relación al tema de seguridad.
El Ejecutivo, por otro lado, aprovechó la oportunidad para introducir su última iniciativa para abordar la problemática. Según mencionaron el Presidente y Canciller de la República, pretenden crear un organismo paralelo que dependerá directamente del mandatario y al que conferirán funciones similares a las de la Fiscalía General. De acuerdo a las declaraciones brindadas sobre el proyecto, éste forma parte de uno más amplio, auspiciado por las Naciones Unidas, basado en la premisa fundamental de replicar en toda Centroamérica, con algunas variaciones, la experiencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En El Salvador, de acuerdo al Presidente Funes, el objetivo es que éste se encargue de la investigación de casos complejos relacionados al crimen organizado.
El tema empezó a sonar con más fuerza justo antes de la visita del Presidente de Estados Unidos a territorio nacional. Algunos medios de comunicación aseguran que la embajada estadounidense está apoyando la iniciativa. Sin embargo, en la conferencia de prensa brindada por ambos presidentes no se estableció inequívocamente la participación de la nación norteamericana en el proyecto. Lo único que mencionaron fue que se reforzará la capacidad investigativa salvadoreña con 150 fiscales adicionales para investigar el crimen organizado, pero no se aclaró si se referían a fortalecer el Ministerio Público o a la creación del organismo paralelo similar a la CICIG.
Según expertos constitucionalistas, dicha iniciativa es jurídicamente inviable, ya que viola la Carta Magna salvadoreña. Lo extraño es que no haya advertido esto Casa Presidencial. También resulta curioso que los recursos financieros asignados a la Fiscalía este año se redujeran (a pesar que solicitó un aumento), pero paralelamente incrementarán los de las instituciones adscritas al Ministerio de Justicia. Esta asimetría en la distribución de fondos públicos es inexplicable, considerando la importancia del trabajo fiscal en el sistema de justicia penal del país y la presunta preocupación del Ejecutivo por mejorar la investigación criminal compleja, en la que supuestamente está basada su propuesta.
Independientemente de estas desconcertantes peculiaridades, si el objetivo primordial del Presidente es hacerle frente a la delincuencia organizada, la respuesta acertada es fortalecer las instancias nacionales, como lo han sugerido autoridades fiscales y judiciales; de lo contrario, el país nunca tendrá la capacidad investigativa propia para enfrentar sus problemas de control delincuencial y dependerá eternamente de una bondadosa cooperación extranjera. Los pobres resultados obtenidos en Guatemala, en donde a pesar de la existencia de la CICIG el Estado recientemente se vio obligado a declarar un Estado de Sitio parcial para atacar la operatividad del crimen organizado, fundamentan esta apreciación.
elsalvador.com, La respuesta correcta es fortalecer las instituciones
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