Godofredo Echeverría. 01 de Abril. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - La emigración de salvadoreños y salvadoreñas, sobre todo a los EEUU, ha tenido diferentes respuestas políticas por parte del Estado y de los sucesivos gobiernos que lo han dirigido. Durante los 4 gobiernos que van de 1989 a 2009, se privilegia el enfoque que considera la migración como exportación de mano de obra barata y se construye un Estado en función de exportar personas en condiciones de alta vulnerabilidad y recibir remesas. (Ver Migración y desarrollo, lecciones de la experiencia mexicana:http://ucce.ucdavis.edu/datastore/datastoreview/showpage.cfm?usernumber=3458&surveynumber=199 ).
Como parte de los postulados del neoliberalismo, el Estado define como política la desarticulación del sistema productivo para concentrarse en el aspecto comercial y de servicios. Bajo el sofisma de que el Estado debe dejar de ser paternalista y hacer que los productores nacionales compitan en igualdad de condiciones con los productores estadounidenses, las áreas productivas como la agricultura, la ganadería, la industria, van cayendo en la quiebra, producto de las privatizaciones, pues el timón del Estado está decidido a crear las condiciones para acumular más riqueza en pocas manos, mediante la privatización de las empresas e instituciones estatales, vendidas a precios favorables a empresas extranjeras vinculadas con empresarios nacionales.
Producto de esta política, el desempleo crece notablemente, aumenta el costo de la vida, los servicios públicos de salud y educación se privatizan y la promoción de los medios de comunicación, de casos de compatriotas convertidos en empresarios exitosos después de varios años de haber llegado con una mano adelante y otra atrás a los EEUU, van transmitiendo a grandes masas de población que la emigración al norte es la única salida a la desesperación. Las personas se convierten en mercancías que se venden al sector productivo del país receptor al precio que permite la precariedad y el temor a la deportación.
Ya no es necesario negociar contrato colectivo de trabajo, ni pagar cuota de seguro social, ni aguinaldo, ni otro tipo de prestaciones que durante años de lucha ganaron los trabajadores estadounidenses. La fuerza laboral en estas condiciones permite incrementar la cuota de ganancia de los empresarios. Esta es una de las razones por las que la migración no se puede detener, porque tiene mecanismos muy fuertes que favorecen a los capitalistas del norte, de todos los nortes.
Ante la crisis actual del sistema capitalista (no sólo del modelo neoliberal), aparecen tendencias en la sociedad receptora que tratan de culpabilizar a los migrantes de esa crisis. Debido a ello han aprobado leyes como la SB 1070 de Arizona. Recientemente se ha demostrado que leyes como ésta constituyen otra forma de hacer negocio, pues favorecen a empresas carcelarias privadas. (http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/10/29/empresas-carcelarias-impulsaron-la-ley-antimigrante-de-arizona-revela-investigacion/)
La masacre de San Fernando en Tamaulipas hizo público que existe un sistema de enriquecimiento organizado por los grupos delictivos vinculados a las instituciones migratorias mexicanas. De acuerdo a las Naciones Unidas, durante 2010 la industria del tráfico de migrantes en México generó ganancias por 6,600 millones de dólares. (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/03/28/en-2010-genero-trafico-de-personas-hacia-eu-ganancias-por-6-mil-600-mdd-onu/?searchterm=migrantes).
Durante muchos años los migrantes han sido dejados en manos de las fuerzas del mercado y del crimen organizado que los han utilizado como han deseado. Sin embargo, la misma masacre de Tamaulipas demostró que existen nuevas visiones para enfrentar la problemática: la repuesta del gobierno ecuatoriano ante las amenazas a la vida que tenía el único sobreviviente y su familia en Ecuador, garantizando el retorno en condiciones favorables de seguridad y proveyéndoles, a él y a su familia, lo necesario para no verse obligado a emigrar de nuevo, es una muestra de ello.
Los esfuerzos que ha realizado el gobierno salvadoreño para crear un sistema de consulados en México, en zonas de paso de los emigrantes salvadoreños, constituye un aporte a la visibilización del problema y a proporcionarles apoyo en territorio mexicano. Un paso más avanzado lo constituye la aprobación de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que da origen a la creación del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, institución que será encargada de elaborar y verificar la aplicación de las políticas que sobre la emigración salvadoreña hará el Estado a través de las instituciones de gobierno.
El 17 de marzo, después de más de dos años de esfuerzos, se superaron los obstáculos y por 73 votos se aprobó la ley. La institución encargada de aplicar dicha ley estará constituida por representantes de varios ministerios: Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación, Economía, Agricultura y Ganadería, Turismo, Justicia, Seguridad y Migración, las municipalidades, la Procuraduría General de la República y el Registro de Personas Naturales. Por primera vez el problema migratorio tendrá un enfoque multi- institucional de las instituciones de gobierno. Además, tendrá representación de las universidades, de las organizaciones de migrantes y un representante de asociaciones de la pequeña y mediana empresa.
Toda la institucionalidad creada y apoyada en unidades técnicas que estime convenientes el Consejo, deberá elaborar y llevar a la aplicación el Plan Estratégico para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, el que basado en un enfoque de derechos humanos, ejecutará el Programa de Asistencia y Protección Humanitaria y el Programa de Migración y Desarrollo.
El Programa de Asistencia y Protección Humanitaria “…deberá garantizar la vigencia plena de los derechos humanos en situaciones que afectan la dignidad, la vida, la libertad, la integridad física, psicológica y moral de las personas migrantes y sus familias.” Este programa tendrá como función proveer apoyo moral y material en situaciones extremas.
El Programa de Migración y Desarrollo “…buscará la integración y cooperación productiva, económica, social y cultural, así como deberá garantizar la vigencia plena de los derechos económicos, sociales y culturales de la persona migrante y su familia, por medio de la implementación de proyectos productivos, de cooperación técnica y desarrollo económico, de retorno a casa, de identidad cultural…”
Con la aprobación de esta ley, la población migrante, de tránsito y en el destino, cuenta con un instrumento que la visibiliza y la vincula a su país de origen, brindándole los mecanismos para reclamar su participación aunque se encuentre físicamente lejos. En la medida en que esta población haga suya la ley y la institución de ella derivada, se garantizarán mayores niveles de integración en los variados campos de la vida social.
Los primeros reclamos que aparecen públicamente tienen que ver con la aplicación de la ley, la que garantiza la participación de la comunidad migrante y sus organizaciones, razón de importancia para iniciar el debate en esas organizaciones sobre las formas y los contenidos de la participación, para garantizar el mejor funcionamiento del CONMIGRANTES. Por primera vez en la historia, el Estado salvadoreño instituye una manera diferente de ver a los migrantes salvadoreños: como personas y no como mercancías.
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