Mery Vaca.26 Marzo. Tomado de BBC Mundo.
Bolivia
Las autoridades suelen descubrir caravanas enteras con productos de contrabando.
La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la noche de este viernes una ley que establece jugosas recompensas para personas o comunidades que se conviertan en informantes de la actividad ilegal del contrabando.
La persona que denuncie a un contrabandista recibirá el 20% de la mercancía incautada, mientras que el municipio o pueblo que informe sobre esta actividad obtendrá el 40% de la carga decomisada.
Los decomisos pueden llegar a ser millonarios, porque en ocasiones se descubren caravanas enteras de camiones trasladando electrodomésticos, alimentos o combustibles sin pagar los impuestos de ley.
El presidente Evo Morales envió el proyecto de ley en febrero pasado en medio de una ola inflacionaria que, en su criterio, fue ocasionada por la gran cantidad de alimentos y combustibles que salen de contrabando hacia los países vecinos, donde son vendidos a precios más elevados.
El mandatario justificó las recompensas diciendo que "permiten la participación del pueblo en la lucha contra el contrabando".
Sin embargo, ¿esto no creará una especie de mercado de soplones?. BBC Mundo trasladó la pregunta a los senadores que aprobaron la norma.
Los riesgos
El senador oficialista Eugenio Rojas, originario del pueblo de Achacachi, que está ubicado en una de las rutas del contrabando, explicó que "dentro de algunos pueblos hay grupos que se dedican a esto y, con la ley, se van a controlar entre ellos. Habrá un autocontrol".
Admite que, en algún momento, pueden producirse distorsiones, pero dice que los pobladores sólo podrán retener al presunto contrabandista y esperar que llegue un fiscal. Cuando habla de distorsiones, se refiere a hechos de violencia.
Según la Aduana del país, hay poblaciones enteras que protegen a contrabandistas.
La senadora opositora Centa Reck advierte de los riesgos. "Se van a hacer vendettas entre ellos, sabemos que ya ha habido linchamientos por el contrabando, pueblos donde no dejan entrar ni a la policía, toman vendettas entre clanes familiares, entre unos y otros grupos", dice.
Según informes de la propia Aduana de Bolivia, hay poblaciones enteras que protegen a los contrabandistas y que, en ocasiones, se enfrentan a las fuerzas del orden porque pretenden ejercer vigilancia.
Sin embargo, el senador Eugenio Rojas dice que no son todos los habitantes, sino "entre el 10 y 20 por ciento" los que están comprometidos con esta actividad ilegal.
La Policía y las Fuerzas Armadas no pueden solas
El senador oficialista Adolfo Mendoza, uno de los responsables de impulsar el proyecto, explicó que se hace difícil desplegar únicamente a la policía y a las fuerzas armadas en los pueblos porque hay acciones que pasan desapercibidas. "El hecho de incluir a comunidades y pueblos implica involucrar a la sociedad civil en el control".
La persona o comunidad que denuncie a los contrabandistas recibirá de inmediato la recompensa y, en caso de que no fuera posible dividir la mercancía, ésta será vendida y el dinero se entregará a los informantes, según la ley aprobada.
El jefe del frente opositor en el Senado, Bernard Gutiérrez, considera que "no es a través de la compra de información, de la gratificación de los soplones que vamos a luchar contra el contrabando, sino fortaleciendo la institucionalidad".
La ley aprobada pretende lograr el desarrollo y la seguridad en las fronteras. Y, entre otros aspectos, dispone la expropiación de las estaciones de servicio que venden combustibles en las poblaciones limítrofes, lo que ha provocado tensiones con dicho sector empresarial.
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