Escrito por Marvin Aguilar.25 de Marzo. Tomado de Diario La Página.
El término que encabeza este texto es el que la jerga popular entiende como el que defiende una idea que su conciencia no cree o, el que argumenta contra algo que da por verdadero. En la actualidad este oficio originado dentro de la iglesia católica se llama: promotor de la justicia, siendo este el que objeta, descubre errores, exige pruebas del aspirante a beato o santo. En el imaginario de los fieles siempre aparece como el que se opone a la beatitud o santidad del que se pretende elevar a los altares.
La idea de escribir esta crónica surge de la intención de trasladar a ustedes lo que relata Waldo Chávez Velasco en su libro: Lo que nunca conté sobre los presidentes militares, es esta obra, una de carácter testimonial, escrita con la intención de que nos enterásemos de las intimidades que le toco vivir al narrador estando cerca del poder, en el periodo de las dictaduras militares. Época donde se nombró a monseñor Romero Arzobispo capitalino y, actualmente en proceso de canonización.
Sabiendo que este libro es posterior a la muerte del escritor, conociendo de antemano el autor que ya no estaría –una vez publicado- en ese mundillo que el definió como: de personas que no expresan sus verdaderas opiniones debido a que persiguen sus propios intereses y, que debido a ello engañan a sus semejantes con una doble personalidad, podemos establecer que las verdades o, ¿las venganzas? En esta pieza literaria son más honestas, lógicas y reveladoras sobre los entresijos de hacer política, de vieja escuela, esa que hizo “las grandes obras del país” la PACONA.
Páginas, desde 159 hasta 166:
Todo comienza con la inevitable sucesión de Luis Chávez y González, que llegado a los 75 años debido al derecho canónico, tenía que renunciar al puesto de Arzobispo de San Salvador.
El presidente Arturo Armando Molina reunió para tratar el asunto de la sucesión a un grupo de militares y civiles que integraban el COP, Centro de Operaciones Políticas. Surgió de allí la doctrina de lo conveniente que se nombrara a un obispo cercano al gobierno como Arzobispo de San Salvador; uno que tuviese comprobada posición conservadora frente a la ola de la Teología de la Liberación que se expandía dentro de las bases católicas y, de paso cercanía con las clases pudientes. Quien encajaba dentro de ese perfil era el jefe de la diócesis de Santiago de María, Usulután: Oscar Arnulfo Romero.
Quien, según el autor del libro, constantemente pedía al presidente Molina su franquicia para introducir vinos al país libres de impuestos.
Se puso en marcha el lobby político interno y adecuado para impulsar en el Vaticano una opinión favorable a las intenciones del gobierno salvadoreño. Como primero entre otros pasos se le propuso a Don Prudencio Llach amigo y contribuyente de la diócesis de Oscar Romero el cargo de embajador ante la Santa Sede.
Además de Romero, el COP barajó los nombres de monseñor Marco René Revelo y de un joven sacerdote: Gregorio Rosa Chávez, el cual fue descartado debido a un informe del S2, de tener hermanos en la guerrilla.
Nombrado el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Papa, se recibió con el tiempo la comunicación esperada por las autoridades gubernamentales de que el nuevo jefe de la arquidiócesis de San Salvador era Oscar Arnulfo Romero y como adjunto Marco René Revelo.
¿Lavado de cerebro o cambio de pensamiento?
La cercanía de Romero con los jesuitas fue –según el vademécum del artículo- la causa de que el Arzobispo se fuese distanciando de su tradicionalismo católico, la Teología de la Liberación se apoderó de su discurso.
Eso y, la muerte del padre de El Paisnal, Rutilio Grande y sus acompañantes al momento de su asesinato.
Este amigo personal de Romero, el S2 del COP, el S2 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y ORDEN lo consideraban como un subversivo que reclutaba campesinos para una insurrección armada que estaba por venir.
Debido a ello al padre Grande se le asigno seguimiento para ubicar sus actividades que se descubrió incluían reunirse con Cayetano Carpio, fundador de las FPL.
Entendidos que el padre Grande era ya poco menos que un objetivo militar, su muerte aparecía cuestión de tiempo. Así sucedió, la reacción ante este crimen fue airada por parte del Arzobispo Romero, las campanas de la diócesis tañeron por varios días.
El Presidente Molina ordenó a ANSESAL una investigación seria de los hechos, este organismo del Estado determinó que: ningún miembro de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad en activo había tenido que ver en la muerte del padre Grande, las pruebas irrefutables señalaban a miembros de la seguridad de una familia de terratenientes al mando de un capitán del ejército en situación de retiro.
Chávez Velasco sostiene que: la única culpa del entonces gobierno de Molina fue no haber hecho pública las investigaciones realizadas por ANSESAL, y haber llevado a la justicia a los responsables de aquel crimen que quedo para siempre en la conciencia de quienes lo ordenaron y ejecutaron.
¿La razón del silencio gubernamental sobre los culpables? Evitar darle motivos mayores de protesta al movimiento guerrillero y popular de masas que marchaban ya en las calles descontentos y acusando de represión a aquel gobierno. Pretendían diluir un conflicto, obviando, disimulando, negando la realidad, ocultando los escuadrones de la muerte.
¿El resultado final de esta actuación por parte del Estado? La radicalización de las homilías de monseñor Romero, el absolutismo de sus colaboradores jesuitas, empujando finalmente el complot para su magnicidio, consecuencia directa de su épico llamado de desobediencia a la tropa contra sus jefes, la insurrección.
Esto trajo el cierre definitivo de una opción pacifica, dialogada al naciente conflicto armado: todos debíamos prepararnos para morir, éramos enemigos.
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