Da la impresión de que las fuerzas partidarias van haciendo movimientos calculados no en función del proceso, sino de sus propios intereses, como siempre.
Escrito por Editorial.28 de Marzo.Tomado de La Prensa Gráfica.
El pasado 10 de marzo, la Asamblea Legislativa, con los votos de los diputados de las distintas formaciones políticas, salvo ARENA, aprobó una reforma electoral para darle cumplimiento a las disposiciones de la sentencia dictada al respecto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El movimiento, en sí, era positivo. En cuanto a la forma de organizar el voto, se optó por lo que se ha llamado listas cerradas desbloqueadas, es decir que el elector vota individualizadamente por el candidato de un partido, con independencia del orden en que se presente la lista respectiva. Esta es una fórmula válida, en la línea de avanzar hacia formas de representatividad y de elección más acordes con la misma definición del voto que contiene la Constitución de la República.
Sin embargo, como señalamos en su momento, la decisión legislativa pretendió al mismo tiempo fijar mecanismos que colocaran la voluntad de los partidos sobre la voluntad de la ciudadanía, y así se estableció una fórmula de conteo de votos que evidentemente favorece el orden de prioridad de candidatos definido por las cúpulas partidarias, y también se autorizó presentar listas incompletas, con lo cual se hace posible la manipulación partidaria para privilegiar candidatos. Estos eran puntos observables o vetables por parte del Presidente de la República, que ha optado por el veto de seguro para subrayar el criterio de que hay inconstitucionalidad en lo acordado por la Asamblea y así dificultar la superación legislativa de la decisión presidencial.
Este veto está, sin duda, en la línea del mayoritario sentir ciudadano, que, por distintos medios y con distintas voces, se manifiesta en función de generar reformas electorales que vayan desmontando la dictadura partidaria sobre el sistema electoral. Como decíamos en ocasión anterior, este proceso tendría que ser razonablemente gradual, pero de una manera franca y sin trampas desnaturalizadoras. La Asamblea quiso aplicar la lógica del Gatopardo: cambiar para que nada cambie; y ahora habrá que ver por cuál vía se decide: superar el veto, para lo cual en una cuenta mecánica parece haber el número de votos necesario, o acoger las observaciones contenidas en el veto para hacer una nueva reforma que vaya en la línea de lo que debe ser.
Como se viene reiterando en forma sistemática, la reforma electoral, como expresión determinante de la reforma política –ambas tan necesarias en este momento de la evolución democrática nacional— debería impulsarse por convicción de que es indispensable para garantizar la salud integral del sistema, sin necesidad de que haya presiones de ninguna índole, aunque sean presiones legítimas e institucionales. Da la impresión de que las fuerzas partidarias van haciendo movimientos calculados no en función del proceso, sino de sus propios intereses, como siempre. Esto es lo que la realidad misma va imposibilitando cada vez más, porque las energías de la democratización son crecientes, pese a todos los pretextos, dificultades y retrancas.
Insistimos en la conveniencia de estructurar una estrategia de modernización electoral y política de manera consensuada y consistente, que abarque temas como la ley de partidos políticos, el tránsito de las circunscripciones departamentales a las circunscripciones distritales y el desmontaje del dominio de los partidos sobre los organismos electorales. E irlo haciendo todo en forma ordenada y efectiva, al servicio del perfeccionamiento institucional.
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