Si algo viene a ser fundamental para que nuestro proceso de vida democrática se consolide hasta llegar a ser de veras irreversible es el imperio de la legalidad acompañado de la efectiva e imparcial aplicación de la justicia.
Escrito por Editorial.18 de Marzo.Tomado de La Prensa Gráfica.
En estos días, se han producido dos buenas noticias para la justicia en el país. La primera de ellas se refiere a la desestimación que hizo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de una multimillonaria demanda interpuesta contra nuestro país por Commerce Group a raíz de la revocación de un permiso para explotación minera. Y la segunda es la condena a los imputados por el delito de secuestro de la niña Katya Miranda, en un caso judicial que venía rodando desde 1999, cuando se dieron los delitos de violación y asesinato en dicha menor.
En el primer caso, lo que puede ser más relevante es el precedente en la defensa de los intereses del país, y en un área tan sensible y controversial como es la minería. Hay todo un movimiento ciudadano contrario a este tipo de actividad, y una resolución adversa hubiera sido muy contraproducente en lo social y en lo económico.
En este último punto, la condena habría significado un desembolso importantísimo en momentos en que las finanzas públicas atraviesan una situación verdaderamente apretada. En todo sentido, pues, la desestimación aludida nos es muy favorable, y constituye un signo de que la defensa de nuestros derechos nacionales se ha hecho bien en el plano jurídico. Como dijo de inmediato el Fiscal General de la República: “Con esta resolución, El Salvador no sólo es exonerado del pago de la millonaria demanda, también se agencia una victoria legal internacional”.
En cuanto al caso Katya Miranda, la condena del abuelo de la menor a 13 años y 4 meses de cárcel y a pagar 100 mil dólares a la madre de la víctima, así como la condena de los cómplices a purgar 8 años y 10 meses de cárcel y al pago de 20 mil dólares, constituyen una tardía pero considerable respuesta positiva de la justicia, que hace casi 10 años quedó en flagrante y repudiable entredicho al dejar libres a los que participaron en la violación y el asesinato de la niña. Todas las condiciones que rodearon este hecho que tanto ha conmovido a la sociedad salvadoreña son macabras y aberrantes. Entre la vehemente sospecha de culpabilidad de algunos de los parientes más cercanos de la víctima inocente y las manipulaciones manifiestas del poder sobre el proceso, la impunidad señoreó descaradamente. Hoy hay una condena por secuestro, que es lo único que se podía dar según la ley, y al menos queda constancia de que la ley no está sólo escrita en el papel.
Si algo viene a ser fundamental para que nuestro proceso de vida democrática se consolide hasta llegar a ser de veras irreversible es el imperio de la legalidad acompañado de la efectiva e imparcial aplicación de la justicia. El caso de Katya Miranda subrayó, con índice de fuego, la fragilidad del sistema legal e institucional que nos rige; pero también hay que decir que hay signos cada vez más notorios de que vamos caminando, aunque sea paso a paso, por la vía correcta. Los que hacen las leyes y los que las aplican deben comprometerse sin reservas a favor de la plena vigencia de legalidad, en cualquier circunstancia; y los ciudadanos tenemos que acompañar ese esfuerzo con nuestras conductas intachables y nuestros justos y vigilantes reclamos.
Cuando el cumplimiento de la ley se vuelve forma natural del vivir personal, comunitario e institucional, la seguridad empieza a resplandecer. Es lo que necesitamos potenciar y garantizar en nuestro ambiente y en todos los órdenes, sin complacencias, torceduras ni fraudes de ninguna índole. Hacerlo así es hacer Patria y hacer evolución saludable para todos.
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