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2010/02/01

EDH-Gobierno pagará a plazos deuda a lisiados de guerra

Los beneficiarios dicen que se les cancelará este mes enero y febrero. El 14 de enero un grupo de ex combatientes se tomó la Catedral Metropolitana para exigirle al gobierno les pagara la deuda de pensiones.

Escrito por M. Cáceres/A. Torres/B. Barberá.01 de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

La deuda que el Ejecutivo se ha comprometido a pagarle a los ex combatientes lisiados la hará efectiva por medio de cuotas mensuales, según ha quedado establecido en un acuerdo suscrito la semana pasada entre representantes del sector y el gobierno central.
Dirigentes de los lisiados confirmaron que parte del compromiso del Gobierno es saldarles, al final de este año, $19.5 millones que corresponden a 24 meses pendientes (de 1993 y 1994).

José Dilio Rosales, presidente de la Asociación de Discapacitados de Guerra de El Salvador por la Paz y la Reconciliación (ADG), explicó que el primer desembolso correspondiente a enero y febrero se los entregarán al mismo tiempo en este mes.

El mecanismo establecido consiste en que cada beneficiario deberá acudir a cada una de las 14 gobernaciones del país para tramitar el pago. "En estos primeros días del mes van a llamar para que se inscriban en las Gobernaciones y allí les darán la boleta de pago", explicó Rosales.

Según el dirigente, el compromiso ha quedado asentado en una acta firmada por representantes de los lisiados y del gobierno. Estos últimos son el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el titular de la Defensa Nacional, David Munguía Payés.

El acuerdo llegó el 28 de enero, luego de una semana de negociaciones con el nuevo Gobierno y tras el compromiso público del jefe del Ejecutivo, Mauricio Funes, de saldarles a los lisiados durante su discurso el pasado 16 de enero.

La cifra no fue confirmada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a quien se le consultó el viernes por la noche. Dijo que será el presidente Funes, quien lo detalle mañana, tal como lo giró en un comunicado Casa Presidencial el sábado 30 de enero.

Cáceres tampoco quiso revelar el origen de los fondos y montos que serán entregados a cada uno de los lisiados. Ayer se intentó confirmar la información con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, pero no contestó su teléfono móvil.

En un principio se conoció que dichos fondos saldrían del Presupuesto General, por lo que los diputados esperaban discutir el tema antes de aprobar los reajustes que haya que hacerle al mismo.

Con la cifra que manejan los afectados, se dice que se beneficiará a unas 18 mil 291 personas, entre afectadas directamente, no así unos 2500 civiles que resultaron heridos por el mismo conflicto (ver nota aparte).

La selección de los beneficiarios se hizo tomando en cuenta los censos de discapacitados a consecuencia de la guerra que se levantaron en 1993 y en 1984.

Pese a que aún queda pendiente de negociar el apoyo financiero a esos 2,500 civiles afectados, la Asociación de Discapacitados de Guerra de El Salvador (ADG), junto con otras organizaciones que representan a este colectivo como Fundelidi, Avegsal, Asaldig y el FMLN, se muestran satisfechas de que sus presiones hayan dado los primeros frutos.

La última fue la ocupación de la Catedral Metropolitana que mantuvieron estas organizaciones desde el pasado 14 de enero hasta el 16 de enero.

Era la reiteración de una exigencia que venían haciendo desde hacía mucho tiempo y que no habían conseguido hacer eco en los gobiernos anteriores.

Demandaban en esos días que el Estado les pagase una deuda de entre 20 y 24 meses de pensiones que estaban pendientes de recibir desde el 13 de enero de 1993.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, medió entre este colectivo y el Ejecutivo, logrando que el 16 de enero, con ocasión de la conmemoración de los 18 años de la firma de la paz, el presidente Funes se comprometiese crear una mesa de diálogo.

En ella participarían instituciones del Ejecutivo y las organizaciones que representan a las personas discapacitadas.

La idea era buscar una solución a sus reclamos, algo que, según ellos, hicieron caso omiso gobiernos anteriores. Lo único que reconocen al de Tony Saca es que admitió la deuda, pero no pagó.

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