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2010/02/24

EDH-Una oportunidad histórica...

Escrito por Luis Mario Rodríguez R.24 de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

En los últimos días, FUSADES por medio del gerente social, Rafael Pleitez, ha sido categórica al afirmar que los Órganos de Estado y la sociedad civil se encuentran frente a una oportunidad histórica para combatir la delincuencia y el crimen organizado y reducir así los índices de inseguridad pública.

Cuando el problema ha tocado fondo con más de doce homicidios diarios, extorsiones, robos, narcotráfico y violencia social, incluyendo la falta de cumplimiento de la ley que provoca accidentes de tránsito y en consecuencia aumenta el número de muertes, lo único que deberíamos esperar es una reacción inmediata de las autoridades, los gremios empresariales, las asociaciones de profesionales y los ciudadanos en general, unidos con el mismo propósito de hacer frente al principal problema nacional que podría derivar en una clara desconfianza de la inversión local y extranjera, sumiendo en una miseria más profunda a todas aquellas familias que dependen de un salario, máxime en la situación económica desfavorable en la que se encuentra el país.

En los últimos años, la inseguridad fue aprovechada electoralmente por los gobiernos de turno. Mientras las maras seguían enquistándose en las zonas más pobres del país, extorsionando los pequeños negocios y asesinando transportistas, las autoridades de ese entonces, debatían la mejor estrategia que les permitiera ganar votos por medio de campañas publicitarias para combatir el crimen. Es cierto que la mayoría de los directores de Policía tomaban en serio su trabajo y lucharon hombro a hombro con sus subordinados en el combate al crimen organizado. Así se redujeron los secuestros y disminuyeron los homicidios; sin embargo, hubo manipulación electoral en el manejo de la seguridad pública.

Este error, grave desde su origen porque dejó crecer al "monstruo", heredó al gobierno actual un problema de enorme magnitud que si bien le releva de la responsabilidad de los miles de homicidios de los años anteriores, no lo exime de la obligación de encontrar una solución para su erradicación inmediata, porque las muertes siguen acumulándose diariamente. Y es que precisamente una de las obligaciones de todo Estado, es el de proveer seguridad a sus ciudadanos y si éstos se ven desprovistos de tal derecho, pueden y deben reclamar una actuación eficaz para la protección de su grupo familiar, por los medios que la ley permite.

Las autoridades cuentan con la buena disposición de todos los que en el pasado han contribuido con el Estado para la erradicación del crimen. Ya hemos comentado en innumerables ocasiones cómo la coordinación de jueces, fiscales, policías, ministros de Estado, diputados y empresarios, lograron erradicar el secuestro a inicios del presente siglo, lo cual requirió depuración en la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, así como el apoyo financiero de los empresarios para que las autoridades contaran con el respaldo necesario en unidades claves como la División Élite contra el Crimen Organizado. Hoy más que nunca, el Presidente de la República tiene puentes para resolver este flagelo. La ANEP, la Cámara de Comercio, FUSADES, los profesionales del Derecho, la comunidad internacional y todos los salvadoreños, estamos listos a hacer causa común porque simplemente queremos vivir sin miedo. Si los secuestros representaron para los empresarios un riesgo personal y una erogación económica importante con el pago de los rescates, su equivalente en la actualidad, es el enorme gasto que deben realizar, pagando extorsiones para que los productos que distribuyen lleguen a su destino final o para que sus empleados no sean objeto de intimidaciones y amenazas.

La seguridad pública puede hacer del actual gobierno y del Presidente, el héroe nacional, o por el contrario, si no se combate efectivamente, podría representar un caos enorme para la gobernabilidad democrática. La recién aprobada ley de escuchas telefónicas y algunas de las medidas anunciadas por las autoridades policiales, parecen ir en la dirección correcta, pero el panorama no estará completo si se excluye a los ciudadanos, que tienen la obligación de denunciar; a los medios, que deben contribuir a difundir noticias positivas, sin encubrir la realidad; a los empresarios, que al igual que con el secuestro, deben involucrarse directamente apoyando a las instituciones, y a la comunidad internacional, de la cual se puede obtener un aporte estratégico con la presencia de expertos que ya han resuelto problemas de inseguridad similares en otros países.

Asimismo, ninguna de las entidades involucradas en el combate al crimen, deben retrasar una exhaustiva depuración, pues las expresiones del ciudadano Presidente que afirman que los delincuentes ya han penetrado las instituciones, es grave, pero al mismo tiempo, atinada porque devela el interés del gobernante por limpiar aquello en donde el crimen ya se infiltró. No debemos esperar un secuestro o asesinato de una personalidad o alto funcionario. Las docenas de vidas, muchas de ellas jóvenes, que se pierden todos los días, deberían ser motivo suficiente para hacer los cambios que sean necesarios, expulsando policías, jueces y fiscales que han traicionado el mandato que la Constitución les señala. Sólo de esta forma, con mano dura hacia el interior de las instituciones, se puede generar confianza en los ciudadanos y en consecuencia contar con sus ojos, sus testimonios y su valor y entrega, para lograr un exitoso proceso de investigación fiscal y policial y un veredicto condenatorio en los tribunales respectivos.

Si el Estado, liderado por el Presidente de la República y en plena coordinación de los tres Órganos fundamentales, en clara alianza con la empresa privada y la comunidad internacional, disponen orientar sus esfuerzos bajo un solo objetivo, haciendo cada quien lo que le corresponde, no habrá delincuente ni acto ilícito que no se enfrente de manera pronta y oportuna a la justicia, reparando así, una deuda que este y los anteriores gobiernos tienen con todos los salvadoreños.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=4546967

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