LPG-Mucho ruido y pocas nueces

Ante un deterioro tan acelerado de la situación, somos muchos los que esperábamos más audacia e innovación en esa respuesta gubernamental que tanto se hizo esperar.

Escrito por Joaquín Samayoa. 24 de Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.

El presidente Funes y su gabinete de seguridad han concluido una ronda de reuniones con diversos sectores del país para compartir ideas y planes del gobierno en respuesta al auge, aparentemente incontenible, de la criminalidad. A juzgar por el formato de las reuniones y en vista de que no se ha hecho un esfuerzo similar para abordar otros temas, debemos concluir que el propósito del presidente no era consultar su plan de seguridad, sino persuadir a la población de que el presidente está al mando en ese tema y lo considera un asunto prioritario.

Ninguna de las personas con quienes he conversado expresa mucho entusiasmo o convicción acerca de la eficacia de las medidas que se dieron a conocer en las referidas reuniones. Talvez nos hemos vuelto un poco escépticos, luego de tantos años de intervención gubernamental poco exitosa frente a la delincuencia. Por otra parte, las estrategias mediáticas del gobierno anterior nos volvieron aprehensivos frente a cualquier cosa que huela a propaganda. Pero aparte de esas predisposiciones, poco de lo que se dijo en esas reuniones indica que el gobierno esté realmente dispuesto a tomar al toro por los cuernos.

Los anuncios hechos a fines de la semana pasada por el ministro Melgar y el secretario Hasbún tampoco lograron hacer mucho para elevar la confianza de la población, pero es preciso observar que estos funcionarios podrían estar guardándose algunos ases bajo la manga. Al menos, eso es lo que ellos quieren que creamos, ya que en repetidas ocasiones han explicado que no revelarán todo el contenido del plan de seguridad para no alertar a los delincuentes. Eso significa que talvez serán infundadas algunas de las críticas que hagamos, porque puede ser que el plan, en efecto, incluya algunas de las medidas que, por información insuficiente, creemos que han quedado fuera. Ojalá así sea.

Aunque seguramente el presidente Funes entendió, desde un principio, la gravedad del problema de seguridad y el inmenso riesgo que conlleva para la eficacia de su presidencia en el ámbito económico, hasta hace un par de semanas no había dado señales claras de que estaba escuchando el clamor ciudadano. Por el contrario, en lo que va de su gestión han sido pocas e ineficaces las acciones del gobierno para revertir la grave situación que el mandatario encontró al asumir su cargo. Para alivio de males, prevalece una percepción bastante generalizada de que su gabinete de seguridad no está a la altura de la misión que se le ha encomendado.

A la relativa pasividad durante los primeros meses del nuevo gobierno, se sumó el prolongado retraso de la Asamblea Legislativa en la elección del fiscal general y de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la tardanza para aprobar la ley de intervención en las telecomunicaciones. El arranque ha sido indiscutiblemente lento y los vacíos de autoridad han permitido a los antisociales establecer con más fuerza su presencia a toda hora y en todo lugar, llegando hasta las aulas de algunos institutos y escuelas públicas. Ante un deterioro tan acelerado de la situación, somos muchos los que esperábamos más audacia e innovación en esa respuesta gubernamental que tanto se hizo esperar.

Ningún plan de seguridad puede tener éxito si no parte de un claro entendimiento de que estamos perdiendo una guerra en la cual el enemigo tiene amplias ventajas. Por eso resulta incomprensible que el Estado (legisladores, jueces y ejecutores) siga mostrando tanta renuencia para explotar al máximo la única ventaja que posee. Si no es posible controlar a los criminales en los centros penitenciarios, será aún menos factible controlarlos en los barrios.

Son muchas las intervenciones que deben realizarse para modificar el contexto social. Eso no está en discusión. Pero las medidas de prevención social o policial tendrán poco impacto mientras los centros penales siguen siendo un hábitat relativamente benévolo, en el que los reclusos gozan de amplias prerrogativas y los cabecillas no tienen mayores impedimentos para conducir desde ahí sus operaciones delincuenciales.

Ya se ha dicho muchas veces. No es tanto la duración de la pena, cuanto la probabilidad de captura y condena judicial lo que debe aumentarse significativamente para desincentivar la comisión de crímenes. Pero, además, el castigo debe ser realmente disuasivo y la cárcel debe cumplir su función primordial de protección del resto de la sociedad. En el caso de los reos más peligrosos, eso implica limitar drásticamente y controlar rigurosamente todas las interacciones entre ellos y con el mundo exterior.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/95860-mucho-ruido-y-pocas-nueces.html