LPG-Clase política y gobernabilidad (III)

Acuerdos cuestionables. Por lo que hemos visto hasta ahora, el presidente Funes no se caracteriza precisamente por su tolerancia y moderación. A cada acción de sus adversarios responde, según algunos, con una sobre reacción. Pero, sin duda se necesita estar en sus zapatos para conocer las razones por las que el gobernante actúa de la manera en que lo hace, independientemente del carácter poco tranquilo que siempre ha demostrado.

Escrito por Juan Héctor Vidal. 22 de Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.

En su descargo, debo decir que no recuerdo a un presidente de la República que en un tiempo tan corto se haya visto en medio de un escenario sumamente complicado. Es cierto que la Asamblea no tiene que estar al servicio del Ejecutivo, pero sí para cooperar para que la gestión de este se ponga al servicio de toda la sociedad, particularmente cuando el país está confrontando una serie de problemas para cuya solución se requiere el concurso de todos los sectores. Si lo que estamos presenciando en la Asamblea respondiera a un sano ejercicio para mantener el equilibrio del poder, sería excelente para el sistema.

El problema es que el mecanismo de pesos y contrapesos no está funcionando, porque no se está actuando bajo criterios mínimos de racionalidad política, sino con una fuerte carga ideológica. Con el hígado dirían algunos, particularmente después de la escisión de ARENA.

En realidad, lo que hemos visto en estos casi nueve meses de un gobierno que supuestamente pretende abandonar la línea partidaria para realizar una gestión al servicio de toda la población es un preocupante entramado donde tirios y troyanos hacen de las suyas, algunas veces uniéndose en una especie de conspiración y, en otras, haciendo causa aparte para terminar enroscados, paradójicamente, para reivindicar lo mismo que pretende hacer el mandatario. Hay en todo esto una especie de doble moral.

Lo de las escuchas telefónicas y el desteñido debate sobre el cargo a la telefonía fija son un buen ejemplo. En el primer caso, las fracciones más representativas en la Asamblea (aunque al final todas se pusieron de acuerdo) dejaron entrever que sus pretensiones no iban dirigidas a garantizar la eficacia de un recurso del que se espera mucho para la reducción de la delincuencia generalizada que nos abate.

Las posiciones encontradas entre el FMLN y la oposición en torno a la entidad que debía de administrar el recurso, si bien se centraron en cuestiones de tipo legal, han dejado la sensación de que respondían más al objetivo de tener un control político-operacional sobre el mismo. Bajo estas circunstancias, no pudieron ocultar la desconfianza mutua, sin medir las consecuencias que este hecho puede tener en la credibilidad de un dispositivo que puede ser eficaz si se administra con transparencia, pero muy perjudicial, si se utiliza con fines inconfesables.

En cuanto al cargo a la telefonía fija, por supuesto que los señores del FMLN están encantados, porque su eliminación les gana simpatías, no importa que con esta pretensión pongan en aprietos, sin necesidad, al mismo presidente. Mientras, los areneros se rasgan las vestiduras, como si no hubieran sido sus gobiernos los que prepararon, fertilizaron y usufructuaron la privatización del sector, legislando para garantizar a los operadores las ganancias por decreto, como lo hemos sostenido por mucho tiempo.

En este caso, que quede claro que no estoy a favor de que se siga exprimiendo a los usuarios del servicio. Pero sí me aventuro a señalar el peligro de debilitar más la institucionalidad, solo porque algunos nos quieren demostrar su poder. Los problemas suscitados con la obtención del DUI y el intento de socavar la libre expresión también han creado espacios para medir fuerzas acudiendo a marrullerías. Ya veremos cómo se pone en movimiento la sabiduría de la clase política para dilucidarlos, sin dejar la sensación de que sigue desafiando la inteligencia ciudadana.

P.D.: Por favor, Dagoberto, no abuses.