Los diputados lograron ponerse de acuerdo y aprobaron, por unanimidad, la Ley Especial para la Intervención en las Telecomunicaciones, conocida como “escuchas telefónicas”, una herramienta muy afamada a escala internacional en la detección de actividades del crimen organizado.
Escrito por Gabriel Trillos. 21 de Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.
Las expectativas son altas, aunque, como siempre, dependerá de los operadores de la normativa.
Lo más importante es que hay ley. Para llegar a este punto se tuvo que reformar la Constitución en un período legislativo, ratificar esa reforma en el siguiente período, luego la redacción de la legislación, meses de discusión y los matices políticos que fueron cambiando de un año a otro y de un período presidencial al otro, hasta llegar a la aprobación hace tres días.
Ahora bien, para la ejecución de la normativa aún faltan pasos importantes, como la asignación del presupuesto, la redacción del Protocolo de Funcionamiento del Centro de Intervenciones, el personal, la adquisición de tecnología adecuada. Esperemos que no tome demasiado tiempo, pues la delincuencia crece y las víctimas aumentan cada día.
La ley contempla una estrecha relación entre las autoridades dedicadas a la investigación como la Fiscalía y la Policía, pero asigna responsabilidades a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y a los operadores de telefonía. Además, asigna como protagonistas a los jueces de instrucción, ya que serán ellos quien decidan si se interviene o no, o si es una intervención que aporta pruebas o no, y por allí la sana crítica y la discrecionalidad.
Aparte de lo que puede interpretarse del texto de ley, y que puede parecer excesivamente burocrático en el proceso o excesivamente limitado para lo que se desea obtener o para las expectativas para combatir el crimen, hasta verla en marcha podremos tener un juicio sobre la efectividad o sobre las debilidades de la ley; sin embargo, eso no significa que no se deba señalar con anticipación preocupaciones sobre el proceso y operaciones que lleven a la ley a estrellarse contra un muro y que más tarde sus detractores argumenten que se gasta dinero en algo innecesario o que fue una decisión populista, una palabra que por cierto es utilizada, hoy en día, a conveniencia en ciertos sectores.
El proceso establece que sean los jueces de instrucción quienes emitan la orden de intervención en un plazo de 24 horas. Se establece que primero debe haber alguna sospecha sustentada de posible actividad ilegal para aprobar la intervención o debe comprobarse que no existe otra manera de obtener la prueba del mencionado delito. Esta potestad aumenta la presión sobre los jueces, quienes podrán aplicar a discreción su sano juicio, dependiendo del caso.
Debe ser un centro que tenga la más moderna tecnología, ya que si bien es cierto se puede intervenir una conversación de un teléfono celular con equipo no muy sofisticado y con técnicas básicas, pues seguramente el crimen organizado pensará en obtener cualquier equipo o hacer cualquier cosa para burlar una intervención. Veamos a los narcotraficantes cómo están en constante fabricación de técnicas que les permitan burlar controles.
Y en tercer lugar dejo planteada como preocupación la cantidad de personas que van a participar en estos procesos, pues estarán el juez y su personal, el fiscal o fiscales del caso, el director de la institución, los operadores, procuradores, policías, técnicos de la superintendencia, y a su vez los jefes inmediatos y superiores de cada uno de los que intervengan, y puede poner en peligro la obtención de la prueba, la confidencialidad de esta o hay riesgo de corrupción... y la sabiduría popular dice que de mano en mano, se perdió un piano, o hecha la ley, hecha la trampa.
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