Contra Punto-Criminalidad: Dialéctica en la prevención-represión

Escrito por Oscar A. Fernández O. 26 de Febrero. Tomado de Contra Punto.

¿Qué es mejor? ¿Un sistema penal más severo y restrictivo o una prevención organizada?

SAN SALVADOR-En El Salvador, como mejor respuesta a los graves problemas de convivencia social que afrontamos, el régimen político autoritario insiste en la necedad de continuar aplicando los remedios del derecho penal tradicional, fundado en el carácter de la razón de Estado por encima de la razón humana. A mediados del siglo XVIII, los reformadores del sistema penal antiguo iniciaban una polémica que aquí está lejos de resolverse. Cesare Beccaria, en su célebre tratado De los delitos y de las penas (1764), ya sostenía que “es mejor evitar los delitos que castigarlos”. No obstante esta filosofía reformista no es tomada en cuenta por sus detractores conservadores. ¿Qué es preferible entonces? ¿Un sistema penal más severo, restrictivo y punitivo o una prevención organizada y más extensiva en la sociedad?
Reprimir según la concepción medieval del sistema salvadoreño, es la solución adecuada sin embargo, la realidad actual tiene una lectura de conflictividad e impunidad muy alejada de esa pretensión. La violencia y la criminalidad en nuestro país, han escalado límites nunca antes concebidos que ya adoptan formas de desestabilización tanto o más complejas que la guerra misma. Así, crimen y condiciones sociales están inter-conectadas, pero no son automáticamente causa-efecto, es decir mejorando las condiciones sociales no se termina automáticamente el problema de la criminalidad.
En una perspectiva más amplia, a la base de la estructura del agravamiento del conflicto social y el crimen se encuentran como lo hemos demostrado en varias ocasiones, en la imposición de un modelo que reduce las obligaciones del Estado ante la sociedad, incrementa la desigualdad entre los seres humanos y eleva el nivel de vida frente a la pérdida de la capacidad adquisitiva mínima del ciudadano. Se ha comprobado que las tasas de criminalidad son más elevadas en las sociedades donde la riqueza es repartida de forma desigual y donde existen sentimientos de privación y frustración (Irwin Waller. Prevención del delito: La nueva esperanza de las políticas de urbanismo. 1997) Como causas más inmediatas entre otras, podemos citar: el crecimiento demográfico, la falta de planificación y ordenamiento en la creación de asentamientos humanos, el desempleo, la no existencia de programas para administrar el ocio productivo, la pérdida de la autonomía alimentaria frente a la cultura del consumismo brutal y la inequidad frente a la justicia.
Hay pues sin duda, una elevada necesidad de seguridad y demanda de justicia equitativa, pero la política conservadora del régimen político sigue siendo, a pesar de sus reiterados fracasos, más severidad en la pena y más cárcel lo cual vuelve la justicia lenta y pesada, indulgente con el poder y severa con el descalzo. Si tenemos en cuenta que las políticas penales y de seguridad se elaboran a conveniencia de la gran empresa privada, el sistema penal adopta poses de una verdadera venganza clase.
En este contexto, la consolidación del aparato policial responde a la necesidad de reprimir el crimen y los conflictos sociales, derivada de un sistema penal castigador que convierte al Estado en el verdugo social y a la Policía en un aparato diseñado para aplicar predominante la fuerza. 
La necesidad social actual se perfila en dirección de solucionar los conflictos por la vía del entendimiento y la justicia, en función de prevenir la comisión de delitos. Para ello es necesario rediseñar la PNC en función de estos objetivos, dándole el carácter de “servicio público”, lo que la obliga a proteger los derechos humanos y civiles de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se le reafirma a la policía el deber de descubrir la mayor cantidad posible de los delitos cometidos, a fin de que un sistema de justicia penal civilizada, equitativa y eficaz cumpla con su obligación de mantener la criminalidad en los límites socialmente tolerables.
La dialéctica represión-prevención, no es tanto el resultado del fracaso de un sistema penal que ha confiado exclusivamente en la represión, como una contradicción inherente al proceso social que está a la base de su misma aparición. Sin embargo, esto no nos debe impedir reconocer explícitamente el fracaso del actual sistema represivo. (Jaume Curbet. La Policía y la prevención criminal. 1983)
La galopante extensión de la criminalidad en El Salvador, producto del incremento de la desigualdad social, la marginación, el agravamiento de las condiciones de vida que produce ansiedad y desánimo, y el crecimiento del poderoso crimen organizado que llega hasta la altas esferas de la política y la toma de decisiones, provoca cada día sufrimiento y dolor a un creciente número de víctimas, retrasa el desarrollo humano y económico, y aumenta el gasto social.
Las desigualdades sociales, la pobreza extrema y la marginación, constituyen el escenario dónde entran en juego la mayoría de los dramas familiares, de la escuela y la vecindad. Un joven que ha sido descuidado y maltratado en su familia, que tiene problemas de conflictividad en la escuela o que en su barrio es acercado a las pandillas, pronto será un delincuente, ya que las ocasiones son fáciles y numerosas y las mafias “de alto nivel” están al acecho. Sin embargo, una política estatal específica para el desarrollo productivo de los jóvenes no existe y ni siquiera está en la agenda de los políticos.
La prevención del delito debe reunir a los funcionarios públicos encargados de los servicios fundamentales (trabajo, vivienda y urbanismo, salud, educación, agua, energía, etc.), a la policía y a la justicia para poder enfrentar situaciones que conducen a la delincuencia. Los municipios y las comunidades también ocupan una posición estratégica para influir sobre las causas de la criminalidad, con el apoyo financiero y técnico  de otras instancias gubernamentales y de las organizaciones internacionales. Los funcionarios en todos los niveles deben utilizar su autoridad política y asumir la responsabilidad en la lucha contra la delincuencia urbana. 
En este sentido, las municipalidades con el soporte decidido del Gobierno Central, pueden demostrar sus capacidades intrínsecas, pues las autoridades municipales están más cerca del ciudadano y pueden comprender mejor las necesidades locales, para adaptar los programas nacionales o regionales, con personas idóneas y competentes, obteniendo el apoyo de la ciudadanía.
Sin este compromiso real, nuestra confianza en la comunidad, la calidad de vida de nuestros ciudadanos sobre todo en las ciudades y los derechos humanos, seguirán siendo vulnerados cada vez con mayor frecuencia y profundidad. Así mismo, mientras no se diferencien los niveles y categorías del crimen y se determinen estrategias y operaciones diferenciadas para hacerles frente, el crimen organizado enquistado en el poder, seguirá conduciendo los destinos de nuestra nación.

Criminalidad: Dialéctica en la prevención-represión