Escrito por Carlos Mayora Re (carlos@mayora.org) . 27 de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.
No hace falta abundar en la necesidad de hacer algo para disminuir la violencia en el país. Tampoco es necesario explicar que el aumento de penas a los menores infractores, propuesto por la Asamblea Legislativa, sea suficiente para lograrlo.
Pero… peor sería que no se hiciese nada. Aunque, me corrijo: lo peor sería pensar que con la modificación de las penas ya se ha hecho bastante.
El Ejecutivo se ha empeñado en presentar un plan anti violencia. Muchos alaban el plan, otros lo critican. He visto, en los medios de comunicación, mucho desacuerdo por motivos ideológicos, y pocas ganas de colaborar; críticas a la falta de presupuesto, improvisación o inevitable contenido reactivo del plan. Pero poco ánimo proactivo por parte de quienes critican y señalan.
La erradicación de la violencia ciudadana es tarea de los tres poderes del Estado, cada uno de ellos debe empeñarse en hacer lo que le corresponde. Sería un error sostener que lo único que funcionará es un plan más agresivo de represión y/o prevención, o el endurecimiento de las penas, o la capacitación del personal en los tribunales de menores… Si no se suma, la división agrava la situación.
La buena noticia es que ya otros países han pasado por este trance: la delincuencia ha aumentado en tasas de más del trescientos por ciento en algunas ciudades de países desarrollados y han logrado disminuirla, y hasta erradicarla.
La mala noticia es que en los países en que solamente se han endurecido las leyes contra el crimen, sin otras medidas colaterales, éste no ha disminuido; pues al fortalecerlas, se han llenado las cárceles, las condenas a muerte --incluso-- han aumentado, mas el número de delitos no ha bajado.
La pregunta que se impone es: ¿disuaden las penas?
Antes era seguro aquello de que malhechor preso no delinque. Pero ahora tiene límites: sólo sirve para frenar los delitos de los reclusos (que -–como es lógico-- son minoría entre los malhechores), y ni siquiera los de todos los internos, pues la tecnología hace posible seguir delinquiendo aun tras las rejas.
Además, y concretamente en lo que se refiere a las pandillas, es sabido que sus miembros no se consideran a sí mismos delincuentes, y por eso, en cierta forma, les pasa lo que a cualquiera que no se considere necesitado de ayuda: jamás recurrirá a quien puede solucionarle sus problemas pues -–de hecho--, en cierto modo ni siquiera es consciente de que los tiene.
Para ellos, atacar a muerte a un pandillero rival no es delito, es un derecho. Pedir a las personas en la calle su "colaboración" voluntaria es su modus vivendi; extorsionar y chantajear es una actividad comercial... Habitar casas abandonadas, fabricar armas artesanales, disputarse territorios urbanos, vivir la lealtad a la mara, hasta la muerte, no es más que el modo en que el mundo es.
Sin embargo, está claro que si los dirigentes de las pandillas cambiaron su modus operandi y destinan preferencialmente a menores para cometer crímenes, cobrar "renta", o castigar a los infractores de su estricto código moral, es porque las penas que se imponen a éstos son de menor duración, y si tienen la mala suerte de ser capturados pueden estar nuevamente en circulación en menor tiempo.
No dudo que un endurecimiento de las penas contribuirá en algo a mejorar el gravemente deteriorado clima de convivencia. Pero no es ni lo único ni lo mejor. Quizá si las discusiones al respecto se abordaran desde perspectivas más amplias, encontraríamos otras soluciones que vendrían a sumar, y no a pretender sustituir, lo que hasta ahora se hace.
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