Legisladores de la mayoría de partidos consideran que actuaron en el marco de la Constitución de la República y de convenios internacionales de la niñez cuando aprobaron el incremento de penas a menores. ARENA insta a superar el veto.
Escrito por Amílcar Mejía/Jessica Ávalos/Fernando Romero. 26 de Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.
Se les está poniendo un máximo de 15 años de internamiento, no se les está tratando como adultos, no veo cuál es el problema.”
Guillermo Ávila Quehl, diputado ARENA
Seguimos creyendo que actuamos de manera correcta, adaptada a la constitución y los convenios internacionales firmados.”
Sigfrido Reyes, diputado FMLN
Yo espero que lo que el presidente nos haya mandado no solamente diga que es inconstitucional, sino que proponga algo.”
Antonio Almendáriz, diputado PCN
El estamento político rechazó ayer los argumentos en los que se basó el presidente de la República, Mauricio Funes, para vetar la reforma del artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, aprobada por mayoría en la Asamblea.
La reforma, aprobada hace dos semanas por los legisladores, incrementa de siete a 15 años la condena máxima de internamiento para menores de entre 16 y 18 años de edad, culpables de delitos. El mandatario argumentó que la modificación viola dos artículos de la Constitución de la República, pero los parlamentarios descartaron que se hayan violado derechos constitucionales o convenios internacionales, como plantea Funes.
En el veto enviado a la Asamblea, el miércoles por la tarde, el jefe de Estado afirma que la reforma viola el artículo 35 de la Constitución de la República, referente a los principios de igualdad y de proporcionalidad, y el 144 de la Carta Magna, relacionado con la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Seguimos creyendo que como Asamblea Legislativa hemos actuado de manera correcta, adaptada a la Constitución y convenios internacionales que El Salvador ha firmado”, aseguró el diputado del FMLN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Antonio Almendáriz, diputado del PCN, manifestó que no ha encontrado en la Constitución y en los convenios internacionales ningún planteamiento que evidencie que estos han sido violados por la reforma. “Por lo poco que he leído (del veto) creo que es necesario superar el veto”, afirmó Almendáriz, “que el presidente no solo diga ‘esto no es procedente’, sino que proponga algo, el pueblo quiere saber qué va a hacer contra la delincuencia”.
El legislador arenero Roberto d'Aubuisson calificó de “inconsistente” al mandatario, pues rechaza una herramienta para enfrentar a la delincuencia, a escasos días de que pidió apoyo de todos los sectores, en su plan de seguridad pública. Además, D'Aubuisson afirmó que con el veto Funes manda a los delincuentes el mensaje de que se enfrentan a “un Estado frágil”, en un momento que la delincuencia hace uso de prácticas como la utilización de menores de edad para realizar actividades criminales.
El efemelenista Ricardo González se dijo “sorprendido” por la decisión de Funes y planteó que las leyes deben ir acordes con los “momentos” sociales para que no estén alejadas de la realidad.
González también invitó a los jueces a que aborden las unidades de transporte público que van para sectores como Apopa para que tengan una dimensión real de la delincuencia y la angustia que experimenta todos los días la población acechada por el crimen.
El diputado de GANA Miguel Ahues dijo, por su parte, que ellos sentarán posición cuando analicen a profundidad los argumentos de Funes.
Los absurdos
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Mirna Perla se mostró congratulada con el veto y calificó de absurda la pretensión de los legisladores. “Si a la persona que se le va a aplicar una medida de internamiento por 15 años ya tiene 17 años todavía estaría en un régimen de menor a los 30 años de edad, eso es totalmente absurdo”, argumentó.
Pero para D'Aubuisson, sin embargo, lo absurdo es que un menor homicida, a quien le faltan pocos días para cumplir 18 años, se le condene a siete años y alguien que acaba de cumplir esa edad, purgue hasta 30 años de cárcel.
Ciro, a favor del veto
Ayer el único que planteó su apoyo al veto fue el presidente de la Asamblea, Ciro Cruz Zepeda, que le dio la razón a los argumentos emanados desde Casa Presidencial. Zepeda se reunió el miércoles, alrededor de una hora, con Funes para conocer los argumentos en contra del decreto 275, pero añadió que se trata de su opinión personal y que será la comisión de legislación, a la que pertenece Almendáriz, la que tendrá la última palabra.
En tanto, la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) saludó la decisión de Funes de “no dejarse llevar por las políticas populistas y comprobadamente ineficientes, que ven la mano dura como única solución a la sanción penal juvenil”, según su presidente, Eugenio Ravinet.
Razones del veto
El mandatario razonó su veto a la reforma de la Ley Penal Juvenil en dos puntos: la violación al artículo 35 de la Constitución, relativo al principio de igualdad y de proporcionalidad, y al artículo 144 referente al cumplimiento de convenios internacionales.
Violación al artículo 35
Dicho artículo de la Constitución estipula que un régimen jurídico especial regulará la conducta antisocial de los menores de edad, es decir, el tratamiento estatal debe ser distinto con relación al régimen que se aplica a los adultos.
Respeto a convención
Cita el veto cuatro artículos de la Convención sobre Derechos del Niño, relativas a la aplicación de la justicia penal. Estos están relacionados con el tratamiento del Estado, la diversidad y la excepcionalidad de la pena de prisión.
Respeto y dignidad a niños
El artículo 40.1 plantea el reconocimiento del Estado parte del derecho de todo niño, niña y adolescente a quien se le atribuya la infracción penal a “ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor”.
Como último recurso
Retoma el artículo 37 (b) de la convención, el cual plantea que el Estado debe asegurar que la detención, encarcelamiento o prisión de un niño se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período breve que proceda.
Diversidad y proporción
El artículo 40.4, citado en el veto, establece una diversidad de medidas con el fin de asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarden proporción tanto con circunstancias como con la infracción.
Justicia para adultos
Aduce el presidente que, tras el análisis de los lineamientos constitucionales e internacionales, la reforma legal no encaja en estos “al pretender el endurecimiento punitivo para menores, desde un enfoque adultocentrista”.
Sin armonía con leyes
Otra objeción es la aparente falta de armonía de la reforma con otras disposiciones legales como la que faculta a los jueces de ejecución a revisar cada tres meses la medida impuesta, que puede ser modificada, revocada, sustituida o cesada.
Viola Reglas de Pekín (NU)
Señala el veto que la reforma estaría violando las Reglas de Pekín (Naciones Unidas), firmadas en 1997, que establecen que la prisión o en confinamiento deben ser el último recurso y por el menor tiempo posible.
La idea de no dejar caer todo el peso de la ley en menores de edad es la real posibilidad de que corrijan actitudes si y solo si la sociedad les ofrece rehabilitacion y reincorporacion. Si les van a meter a reclusorios repletos de malacates ya curtidos, les juro que da lo mismo meterles a los jovenes un mes o 109 años. Los jovenes saldrian de alli hechos maquinas asesinas irrecuperables. SE ve bien( "Humano") el que no se les quiera condenar a largas penas pero tambien deben hablar e implementar programas serios de rehabilitacion y de reinsercion para estos jovenes. De lo contrario seria esta una discusion al estilo "Cantinflas".
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