Se tienen nuevas herramientas, como las “escuchas telefónicas”, que deben ser aprovechadas en forma intachable. Y es que, en todo sentido, el compromiso institucional debe partir de la más verificable transparencia.
Escrito por Editorial. 23 de Febrero.Tomado de La Prensa Grafica.El Gobierno ha dado a conocer su plan de seguridad, que es un importante compromiso de trabajo efectivo para ir controlando un fenómeno que en estos momentos ha sobrepasado todas las barreras de contención. Aspectos como el régimen de disponibilidad policial y el uso más amplio de recursos pertenecientes a la Fuerza Armada en el trabajo de seguridad apuntan a una eficacia mayor, en función de apuntalar un sistema que a todas luces viene siendo insuficiente, tanto en lo estructural como en lo estratégico. El reto básico está en hacer las cosas bien y en que los resultados se perciban lo más pronto posible, porque el apremio principal proviene de la necesidad y la impaciencia imperantes en la ciudadanía.
Dadas las condiciones, es imperativo que todos los sectores y fuerzas apoyen al Gobierno en su esfuerzo antidelincuencial; un apoyo que, desde luego, debe ser crítico y no a fardo cerrado. Es decir, empujar todos hacia el mismo rumbo, cuidando cada quien de que el avance resulte coherente, sustancial y sostenible, en ningún caso de imagen o de apariencia interesada, como tantas veces se ha dado en el pasado. Lo esencial para que un plan funcione de veras es que no sea exclusividad de nadie, sino concurso real de todos, y por ende que el beneficio deseable y el mérito posible sean también de todos.
Se tienen nuevas herramientas, como las “escuchas telefónicas”, que deben ser aprovechadas en forma intachable. Y es que, en todo sentido, el compromiso institucional debe partir de la más verificable transparencia. Hay que superar para siempre aquella perversa tendencia a usar contra el crimen los mismos recursos del crimen.
Reingenierías inevitables
Como país, estamos ante una prueba mayor: demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo que somos verdaderamente capaces de superar el flagelo de la inseguridad delincuencial así como fuimos capaces de superar el flagelo de la violencia bélica. Esto implica, aparte de visiones y estrategias adecuadas a los desafíos que se mueven en la realidad cotidiana, una clara y decidida voluntad de reforma y reordenamiento en los distintos planos institucionales; y, en este caso, nos referimos a tres entes específicos: la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial.
Se oye muy poco de las reingenierías que se requieren en dichas áreas de la institucionalidad gubernamental. Y hay que urgir la definición de lo que se piensa y se planea hacer al respecto. Porque, de no ser así, se correría el gravísimo riesgo de reestructurar sin asegurarse de que las bases estructurales funcionan y de invertir más recursos que podrían irse por cañerías institucionales obsoletas o defectuosas.
En otras palabras, un auténtico plan de seguridad exige que esté asegurado el desempeño eficiente, confiable y completo de toda la institucionalidad comprometida en el esfuerzo. No sólo porque hay nuevas tareas por hacer, son porque hay tareas que ya se hacen y cuya práctica no es la que corresponde a lo que la realidad demanda hoy. Esto no hay que perderlo de vista en ningún momento.
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