El golpe de Estado y posterior destierro contra Manuel Zelaya sacudió los sistemas políticos centroamericanos porque fue un giro al pasado, a las épocas cuando los militares definían todo en un país. Fue quizás por eso que luego el mundo vio cómo, en cuestión de horas, los gobernantes del istmo tenían una postura unánime: condena a los golpistas y solidaridad con Zelaya.
Escrito por Luis Laínez. 21 Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.
Sin embargo, si uno lo ve de una forma simple, o hasta cínica, puede decir que la razón de tal unanimidad fue porque los presidentes se sintieron amenazados. Un discurso más formal es que se trata de una afrenta a la democracia. Pero ese discurso no fue posible mantenerlo vigente por seis meses. Las elecciones de noviembre, donde resultó electo Porfirio “Pepe” Lobo, cambiaron la situación de ilegitimidad del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con el argumento de que Lobo no es un presidente legítimo porque es heredero de los golpistas, solo por haber sustituido a Roberto Micheletti. Los comicios hondureños estaban programados mucho antes que el golpe de Estado y no son resultado directo de este. Tanto es así que los dos principales partidos de Honduras, Liberales y Nacionales, habían tenido un año antes sus elecciones primarias para escoger candidato presidencial. El mismo Micheletti fue un precandidato de los liberales, pero fue derrotado por el entonces vicepresidente de Zelaya, Elvin Santos.
Ya con un presidente ungido con el voto popular y que, además, no recibió el poder de manos del golpista (Micheletti se retiró y dijo, cuando lo hacía, que vería la transmisión del poder por la televisión), Centroamérica se queda con el dilema de seguir dividida o reencauzar los esfuerzos de integración.
La exclusión de Honduras del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la renuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) terminaron por aislar al régimen de Micheletti, pero acabaron perjudicando a toda la región.
La Unión Europea suspendió las negociaciones para el Tratado de Asociación y el comercio regional sufrió un fuerte revés. Es por eso que ahora vemos a todos los presidentes centroamericanos hablar de “normalizar” las relaciones con Honduras. A todos les interesa porque a todos les ha afectado.
Las primeras declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respaldaron el discurso chapista de que el gobierno de Lobo era ilegítimo. Sin embargo, las últimas posturas del canciller nicaragüense, Samuel Santos, ya pintan otra cosa. El viernes dijo en Madrid, España, que su país solo espera que se cumplan ciertas condiciones para poder normalizar las relaciones.
Esta aparente contradicción en la política exterior nicaragüense no es nueva, tomando en cuenta que Ortega, líder de un movimiento que se supone es de izquierda, mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, dirigida por un partido comunista. Más bien refleja un sentido de oportunidad y de defensa de intereses. Dividida, Centroamérica pierde mucho. Por eso no es de sorprender que el gobierno izquierdista de El Salvador sea –con el apoyo de Guatemala, Costa Rica y República Dominicana– el impulsor del reconocimiento internacional del nuevo gobierno de Honduras y que incluso propicie una resolución del SICA para darle la bienvenida. Quizás eso sea, para Centroamérica, el resultado más palpable de la Cumbre de la Unidad, que comienza este día en Cancún, México.
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