Los diputados por fin lograron ponerse de acuerdo en la aprobación de una ley que otorga a las autoridades una herramienta importante en el combate del crimen.
Escrito por Gregorio Morán. 20 de Febrero. Tomado de Contra Punto.SAN SALVADOR. A las 8:58 de la noche de este jueves, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron por unanimidad la ley que permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) intervenir los teléfonos de quienes se sospeche comenten delitos, una herramienta que por fin ve la luz después de meses de prolongados debates.
Algunas asperezas fueron limadas luego de una intensa negociación entre los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el sentido de que el centro de escuchas sea operado conjuntamente por las referidas instituciones.
Tal actitud fue felicitada por Antonio Almendáriz, del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y, en general, los representantes de todos los partidos políticos se expresaron satisfechos por el esfuerzo realizado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de donde salió cocinado el dictamen favorable aprobado por el pleno.
En un principio el FMLN, si bien de acuerdo con el centro, negaba sus votos y entrampó la discusión, porque su punto de honor giraba en torno a que la nueva instancia fuera operada exclusivamente por la Policía, bajo la dirección funcional de la Fiscalía.
ARENA cedió en el sentido de permitir que haya representación de la Policía en el monitoreo de las llamadas. También el FMLN cedió al dejar íntegro el artículo 13 de la ley, para que la FGR sea la sede del centro.
Otro punto sobre el cual se llegó a un acuerdo este jueves fue en relación a los términos en que se debe nombrar al director de dicho centro de escuchas.
No obstante, el presidente de la Comisión, Guillermo Ávila Quehl, consideró que realmente “el ganador es el pueblo salvadoreño y la gran perdedora es la delincuencia. “No es como lo ha dicho la prensa nacional de que hay grupos partidarios ganadores y perdedores”, reflexionó.
La aprobación de la Ley Especial para la Intervención de Escuchas Telefónicas llevó a los parlamentarios a reconocer por primera vez desde el surgimiento de la propuesta hace cuatro años, que “privó el interés de nación” sobre los intereses partidarios.
Las discusiones al interior de la comisión pertinente demostraron en ciertos momentos que la ley con la que se pretende enfrentar con mayor eficacia la delincuencia se alejaba cada vez más de una aprobación como lo exigían diversos sectores, como la empresa privada y las mismas autoridades de la Embajada de los Estados Unidos.
Al final de la lectura del texto de la ley, el presidente en funciones de el asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se tomó unos minutos para expresar su agradecimiento a todos los diputados de la comisión, mientras que sus colegas diputados se congratularon de haber demostrado que hay momentos en que la razón puede más que los intereses particulares para dotar al país de herramientas eficaces controlados judicialmente para conseguir pruebas contundentes que aseguren la condena de los delincuentes. 
“A los países cooperantes que nos ofrecieron su ayuda si aprobábamos la ley, queremos decirle que ahora esperamos que hagan realidad su ofrecimiento”, dijo Benito Lara, del FMLN.
Lara cifró su esperanza en la pronta ayuda de esa cooperación internacional para que antes de los seis meses previstos después de la publicación en el Diario Oficial de la nueva ley, se pueda contar con el centro de escuchas telefónicas.
El Salvado ha sido sometido en los últimos años a un asedio de los delincuentes que además, como lo dijo recientemente el presidente de la República, Mauricio Funes, han penetrado las instituciones del país.
El 2009 cerró con un histórico récord en homicidios: 4 mil 365, ubicando al país entre los más peligrosos con una tasa de 76 homicidios por cada 100 mil habitantes.
También pasó a la historia con un elevado número de extorsiones y otras acciones delictivas como secuestros, entre otros que ahora serán perseguidos mediante la intervención de las llamadas telefónicas.
Lo que dice la ley
Para evitar los abusos posibles, en la legislación recién aprobada existen varios candados.
Las intervenciones telefónicas serán realizadas solamente si existe una autorización judicial, únicamente de parte de los diez jueces de instrucción de la cabecera departamental de San Salvador. El juez que autorice estará impedido de conocer el proceso penal que eventualmente se inicie, para evitar que se convierta así en juez y parte.
Según la nueva ley, solamente se podrá intervenir los teléfonos de aquellas personas que puedan estar planificando los delitos de homicidio, privación de libertad, pornografía infantil, extorsión, negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, comercio y trata de personas, organización internacional delictivas, delitos de droga, delitos de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado.
Además, la intervención tendrá una temporalidad máxima de tres meses pero con la posibilidad de extenderse por tres períodos más a solicitud de la Fiscalía, debidamente justificada.
En relación al funcionamiento del centro de escuchas telefónicas y las grabaciones que de ello surjan, se ha dispuesto que éste esté bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República con la colaboración de la Policía Nacional Civil y que las grabaciones obtenidas sean protegidas en el sentido que estará prohibido editar el material y que las partes que no sean útiles para la investigación, serán estrictamente secretas.
Toda grabación que se haga a través de los filtros judiciales establecidos será considerada en los tribunales de la República como una prueba documental.
No obstante estas especificidades importantes que da la legislación especial, el diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés, dijo que si bien la ley aparece como un instrumento excepcional e importante, el éxito no estará en la existencia de la ley en sí, sino también se lo dará la eficiencia con la que sea aplicado y la transparencia con que se la administre. º
Y su colega pecenista, Antonio Almendáriz, lo secundó al señalar que esta ley “no es la solución del problema”, pero sí un instrumento importante para frenar la delincuencia.
Por otra parte Almendáriz señaló que “de las instituciones guatemaltecas (donde funciona desde hace algunos años el centro de intervenciones telefónicas) hemos aprendido además que éste instrumento debe verse como un elemento preventivo del delito”.
Uno de los aspectos que generó discusión por la falta de acuerdos antes de la aprobación de la ley fue el perfil de los funcionarios y de los técnicos del centro de escuchas y el funcionario llamado a nombrarlos, pero al final los parlamentarios se pusieron de acuerdo en que será el fiscal general el que escogerá al director del centro y a los técnicos a propuesta de la Policía Nacional Civil.
Superado el impasse, se estableció que el director será salvadoreño por nacimiento, no menor de 35 años, con título universitario y que tenga tres años de carrera judicial.
En el período de seis meses que los diputados propusieron para que el centro entre en funcionamiento, el personal deberá ser capacitado para cumplir con su delicada misión.
Penas
Aquellos que estén pensando en hacer negocio con las intervenciones o que quieran favorecer a sus conocidos haciendo un uso ilegal de las grabaciones obtenidas, no podrán hacerlo, al menos tan fácilmente.
La ley establece penas de cinco a diez años de prisión para aquellos que hagan intervenciones ilícitas y si los que cometan este delito son funcionarios, además de la pena impuesta quedarán inhabilitados durante el tiempo al que fueren condenados.
Y los que divulguen información que solamente es útil para la investigación de los delitos, podrán pasar entre tres y seis años en la cárcel. Mientras que los que destruyan o dañen las grabaciones serían condenados a penas de prisión de entre 4 y 8 años, siempre con agravantes para funcionarios que se atrevan a delinquir en este sentido.
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