Texto deJuan José Dalton. 20 de Febrero. Tomado de Contra Punto.
El presidente Funes tendría en sus manos un registro de hechos de corrupción investigados por la Subsecretaría de Transparencia, que habían sucedido durante los 20 años que gobernó ARENA.
SAN SALVADOR – El tema no sólo es complejo, sino espinoso y peligroso; mucho más para tratarlo en El Salvador, país donde impera una incontrolable violencia que tiene origen en la impunidad, según especialistas locales y extranjeros.
Nunca antes en El Salvador los hechos de corrupción han sido investigados por el Estado, cuando un gobierno sucede a otro. Menos todavía si se trata de indagar posibles desmanes cometidos por ex mandatarios y sus colaboradores más cercanos.
En otros países de la región, ese paso de investigar y enjuiciar a ex presidentes ya se ha dado, pero en El Salvador eso se ha considerado intocable.
Por ejemplo, en Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán fue condenado en 2003 a 20 años de cárcel, acusado de graves casos de corrupción, así como de lavado de dinero.
En Costa Rica, el ex presidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994), fue condenado a cinco años de prisión en octubre del 2009 por un desvío indebido de fondos (casi 40 millones de dólares), mismos que se habrían usado indebidamente y por lo cual se presume que el ex mandatario habría recibido sobornos.
En Guatemala, el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), fue capturado el 26 de enero pasado en su país, después de ser requerido por la justicia de Estados Unidos por haber incurrido presuntamente en actos de lavado de dinero.
En El Salvador, sin embargo, la impunidad prevaleciente no ha permito llegar hasta las más altas esferas del poder político, pese a que existen denuncias que en ocasiones no fueron tomadas en cuenta por las autoridades fiscales, según sostiene César Sención Villalona, un investigador privado de casos de corrupción, quien recopiló varios sonados ejemplos, entre los que sobresalen los siguientes y que podrían estar incluidos en las investigaciones hechas por el actual gobierno.
- Saneamiento y privatización de bancos estatales (1990), que involucró un monto aproximado de 705 millones de dólares, durante la presidencia de Alfredo Cristiani.
- Fraudes en el Instituto del Seguro Social de El Salvador (ISSS); Fondo de Inversión Social (FIS); Banco de Fomento Agropecuario -BFA-; Federación Nacional de Futbol –Fedefutbol- (1995-1999); Crediclub; Finsepro-Insepro; Credisa (1995-1999), que juntas sumarían más de 300 millones de dólares.
- Licitaciones amañadas en Ministerio de Obras Públicas (MOP); malversación en Ministerio de Hacienda; tráfico de influencias en Ministerio de Economía; robo de abono donado por Japón (1998-2001).
- Fraude a la economía pública en la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), unos 100 millones de dólares (2003). Aunque este caso fue judicializado y el ex presidente de esa autónoma, Carlos Perla, paga en prisión una condena de 15 años, la investigación no exploró los tentáculos del caso con otros posibles autores intelectuales.
- Se denuncia un supuesto uso indebido y desaparición de más de 200 millones de dólares por la Presidencia en el período de Antonio Saca (2004-2009).
En la actualidad, las nuevas autoridades quizá quieran dar un paso hacia lo que en el pasado reciente estuvo vetado: investigar y sacar conclusiones ejemplarizantes contra quienes presuntamente han “metido sus manos” en el patrimonio común, despilfarrado, malversado, abusado del poder y auto-beneficiado en detrimento de las arcas del Estado.
Para ello, dice Marcos Rodríguez, subsecretario para la Transparencia, fue creada la institución que dirige: “No sólo para descubrir la posible corrupción del pasado, sino la del presente que se pueda dar”.
Marcos Rodríguez, experto en temas de anticorrupción desde diversos organismos de la sociedad civil, es ahora el brazo ejecutor de las políticas de transparencia del actual gobierno y fue nombrado el pasado 3 de febrero por el presidente Mauricio Funes para encabezar un comisión que investigue diversos hechos posiblemente irregulares y reñidos con la ley, ocurridos en las cuatro administraciones del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista –ARENA- (1989-2009), es decir, de 20 años atrás.
Rodríguez es cauteloso. Dice que él no puede informar sobre el contenido del informe, sino que lo hará el propio presidente Funes cuando estime conveniente; por lo tanto, no puede mencionar casos específicos ni nombres ni números, pero si reconoce que hay materiales, algunos, como se dice en El Salvador, “muy gruesos”.
Marcos Rodríguez ya entregó su informe, el pasado viernes 12 a su jefe inmediato: Hato Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos y uno de los hombres más cercanos al presidente Funes, quien seguramente ya lo tiene en sus manos.
Extracto de la entrevista que Rodríguez concedió a ContraPunto.
¿Después del anuncio presidencial cómo procedieron con tu equipo para investigar la corrupción de los pasados gobiernos?
“Tal como dijo el presidente Funes, ésta es un decisión que se tomó temprano, cuando asumió el nuevo gobierno. Pero ahora lo que se ha hecho es pasar la investigación del Ministerio de Hacienda a la Subsecretaría de Transparencia. Pero hemos estado indagando desde que surgimos, como institución asesora de la Presidencia, en septiembre pasado. Entonces, hemos procedido a hacer un registro preliminar de casos y estos se han clasificado en distintas variables”.
¿Desde cuándo, desde qué periodo, se está investigando?
“Hemos tratado de recoger casos no sólo de una administración, sino desde que comenzó la democracia con los Acuerdos de Paz, en 1992”.
¿Será un informe público?
“Bueno, nuestro informe no es público; es un informe al Presidente... él nos lo solicitó. Es un informe preliminar y posiblemente será completado más adelante. Lo fundamental no es tanto la sanción, aunque hay casos que pudieran ser judicializados. Vamos a aprender y a descubrir dónde están las goteras... Algunos casos son bastante más que goteras...”.
Ya que no te puedes referir a los casos específicos, ¿pudieras dar ejemplos de temáticas investigadas?
“Hay temas de sobornos, otros de beneficios a terceros en los que no queda claro el soborno; hay beneficios a empresas. Hay decisiones arbitrarias muchas veces ligadas a sancionar funcionarios que efectivamente habrían cumplido con su papel; hay casos de malversación... Hemos hecho varias tipologías, como por ejemplo, beneficios personales que pueden tener escondidos hechos de sobornos. Algunos casos han sido conocidos por la ciudadanía; algunos han sido judicializados y otros no”.
Va a ser necesario que ello se conozca...
“Bueno, así como existen informes de Desarrollo Humano y de Medio Ambiente, este país necesita también informes del estado de la Corrupción y la Transparencia”.
Ahora, ¿por qué dice que este informe no es para sancionar a los responsables de la corrupción?
“Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no invadir las funciones de otros órganos del Estado. Pero desde el gobierno tenemos que ser responsables de que hechos de corrupción no se permitan”.
¿Estos casos podrían ser sujetos de acción penal? Si existe delito la fiscalía tendría que actuar de oficio. ¿No es así?
“Al Presidente le corresponderá evaluar la información y tomar las medidas pertinentes”.
Ya existe primer informe de corrupción de gobiernos de ARENA
Todo esto debe ser presentado al pueblocon dos objetivos: 1- para que el pueblo sepa lo cochinos que son las alites economicas nuestras( en realidad esta medida es redundante pero a menudo hacen falta casos concretos para darle fuerza a la voz popular)2- para que el mismo pueblo aprenda a vigilar y exigir control de las finanzas publicas. Ese es un mecanismo que los medios de comunicacion deben facilitarle al pueblo.
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