Tribunal recriminó a la Fiscalía por no fundamentar con mejores pruebas su causa. También, señaló que hubo delitos que se evidenciaron durante el juicio y que no fueron investigados.
Escrito por Fernando Romero.18 de Marzo.Tomado de La Prensa Gráfica.
“Hay ilícitos que en esta investigación pasaron frente a la representación fiscal y no hubo investigación. No hay informes.”
Mauricio Enrique Iraheta, juez de Sentencia de Zacatecoluca
“Este tribunal quiere ser enfático en advertir a los tres fiscales, en que si vuelven a presentar un caso en este tribunal, que lleguen preparados.”
Rosa Delmy Hernández, presidenta Juzgado Sentencia Zacatecoluca
judicial
El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, en La Paz, llamó la atención con severidad a la representación fiscal, integrada por tres agentes auxiliares, en el caso de Katya Miranda por “deficiencia, inactividad y negligencia en las investigaciones”.
El juez Mauricio Enrique Iraheta, quien abrió la audiencia final para dar lectura al resumen de la resolución contra Carlos Miranda, abuelo de Katya, y cinco personas más el miércoles pasado, dijo que la Fiscalía pudo haber sustentado de mejor manera la investigación.
“Hubo deficiencia en la investigación fiscal en ciertos elementos, si bien no esenciales, importantes”, indicó Iraheta, y puso como ejemplo que “no se presentaron las bitácoras de supuestas llamadas al testigo Camila ni las otras supuestas llamadas al doctor (Rafael Mardonio) Baires”.
“No se esforzó la Fiscalía para conseguir dichas bitácoras para saber si existieron esas llamadas o no”, criticó el juez.
Iraheta señaló además que nunca se presentó un registro ni antecedentes de la casa que iba a servir como lugar de cautiverio de Katya en San Miguel: “La investigación suplementaria sobre la supuesta casa de cautiverio (...) no hay registro ni antecedente de este inmueble, no hubo declaraciones de supuestos habitantes que vivieron allí. Nada de eso desfiló”.
El juzgado viroleño también aclaró que hubo delitos puestos en evidencia durante el juicio de los que no se tiene conocimiento si la Fiscalía ya los investiga o al menos ordenó el inicio de indagaciones.
Entre esos delitos está el de tráfico de drogas, del que dio testimonio el testigo protegido de seudónimo Camila. Este testigo declaró que conocía a Rafael Cuenca, jefe de la banda criminal que iba a secuestrar a Katya en contubernio con Carlos Miranda, por trabajos de “traslado de droga”.
El juez Iraheta habló también del delito de suplantación de identidad del que tuvo conocimiento el juzgado mediante las pruebas presentadas por la Fiscalía, sin tener información de que esos casos ya estaban en investigación. Iraheta advirtió que estos delitos están en “impunidad”, a pesar de ser del conocimiento de la Fiscalía.
“Es el deber del ministerio público fiscal, de sus funcionarios, informar cuando tengan conocimiento de hechos delictivos. La declaración de Camila evidenció hechos sin investigar como tráfico de drogas y suplantación de identidad. No pueden dejar sin investigación esos hechos”, ordenó el juez durante la resolución.
Ordenan investigar periódico
El juez recalcó que la negligencia “más preocupante” de la Fiscalía gira alrededor de la identidad de Camila. Iraheta recordó que los abogados defensores presentaron en el juicio, en sus pruebas documentales, la primera plana de un periódico de circulación nacional con fecha 27 de abril de 2009.
En esa edición se develó la identidad real de Camila.
Para el 20 de marzo de 2009, Camila ya era testigo protegido, por lo que para el juez hubo una violación de la ley y la Fiscalía no tiene resultados de esa investigación, si es que existe, manifestó Iraheta.
“Tenemos derecho a la información, pero ese derecho no nos faculta ni nos pone en un peldaño arriba para violentar otros derechos, en este caso, la identidad de una persona protegida. Hay ilícitos que en esta investigación pasaron frente a la representación fiscal y no hubo investigación”, dijo.
El tribunal aclaró que si en todo caso Camila, por voluntad propia, accedió a mostrarse en público, la Fiscalía ya no tenía ninguna razón para mantener el régimen de protección. Pero si fue de forma contraria, exigió a la Fiscalía que “investigue y deduzca responsabilidades”.
Por último, el juzgado lamentó el comportamiento de las partes técnicas en lo que duró el juicio. “Este tribunal fue demasiado tolerante: hubo expresiones corporales no verbales que fueron soportadas por los jueces, esto no va acorde con la ética de los profesionales. Fue demasiado evidente la falta de respeto a este tribunal. Es necesario que revisen sus actuaciones éticas. Modérense”, reclamó el tribunal.
El caso de Katya Miranda se resolvió el miércoles pasado con la condena del abuelo de la niña, Carlos Miranda, a 13 años y cuatro meses de prisión por intento de secuestro.
Otras cinco personas, entre ellas dos empleados de Miranda, fueron condenadas también a ocho años y 10 meses de cárcel por ser cómplices.
Miranda tendrá que pagar por responsabilidad civil un total de $100,000 a Hilda Jiménez, la madre de Katya. Los otros cinco condenados pagarán a la madre $20,000 cada uno.
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