José Antonio Castillo Ramírez.14 de Octubre. Tomado de Raices.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al emitir sus fallos en los recursos de inconstitucionalidad de la forma de elección de diputados por planillas y del Art. 191 inciso tercero del Código Penal sobre la libertad de expresión, ha dado un giro con respecto a salas anteriores, a la forma tradicional de resolver, forma a la que muchas personas y grupos de poder estaban acostumbrados y miraban de buena forma por convenirles.
Con tales fallos, estas personas y grupos se han visto trastocados en sus nichos de poder y en sus intereses, y temen las consecuencias que se derivaran de ello, lo que ha generado en determinados diputados el deseo casi enfermizo y totalmente antidemocrático de suplantar a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Los diputados, acostumbrados a tener por seguro sus puestos en la Asamblea Legislativa, se han encontrado de repente en la real posibilidad de perder sus puestos en las próximas elecciones legislativas, ya que el sistema de planillas cerradas que les garantizaba su elección ya no existirá más, y se verán expuestos al escrutinio real del pueblo por medio del voto directo, en donde temen no ser tan populares.
En efecto, como la persona ya no tendrá que marcar una papeleta del partido sin saber qué diputados elige, sino que marcará directamente a la persona del diputado, podrá decidir si vota o no por él, lo que obliga al diputado a realizar una mejor y más transparente gestión legislativa, de cara a los intereses del pueblo y no a los intereses propios o a los del partido.
Los dueños, directores y editores de los tradicionales medios de comunicación social, acostumbrados a decir lo que quieran y de quien quieran, sin tener que enfrentar responsabilidad alguna, acostumbrados a operar con total impunidad, se han encontrado de repente desprotegidos y en un plano de igualdad con respecto a los demás ciudadanos, y con la real posibilidad de ser enjuiciados en causa penal por delitos de difamación, calumnia o injuria.
Ante tal posibilidad, ya no podrán hacer un uso abusivo de la libertad de expresión en campañas de desprestigio que suelen montar, tradicionalmente contra partidos políticos y candidatos en las elecciones o contra personas contrarias a sus intereses, siendo esto el real motivo del porqué la reacción tan neurótica y rabiosa que han expresado.
Ante tales resoluciones, los diputados de derecha pretenden la creación de una comisión ad hoc para la remoción de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo que vulnera el principio de independencia e imparcialidad judicial, e interfiriendo con ello el Órgano Legislativo en el Órgano Judicial, lo que está prohibido por principio de división de poderes, lo que puede traer consecuencias inimaginables a nuestro sistema de justicia, por lo que es pertinente recomendar a los diputados abstenerse de realizar tal maniobra política.
Como se puede apreciar, la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no es lo que estas personas quisieran que fuera, una sala sumisa, dócil, domesticada a sus intereses, sino que es una que actúa con total independencia, tal como se lo manda la Constitución y las leyes, resolviendo conforme a derecho y no respondiendo a personas o grupos de poder, sino más bien a los intereses de la sociedad.
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