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2010/10/10

LPG-Sociedad debe integrarse en esfuerzo escolar de convivencia y paz social

 El Ministerio de Educación y la Policía Nacional Civil buscan socializar el convenio suscrito para reducir los índices de violencia estudiantil. FLACSO señala la necesidad de realizar investigaciones que reflejen cuáles son los resultados concretos obtenidos desde que se implementó el convenio en 2005.

Escrito por German Rivas.11 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.

“Todos somos parte de la solución, no es que uno sin el otro pueda funcionar. Es quizás uno de los mayores déficit. Necesitamos consultar más.”

Ana Margarita Montoya, analista FLACSO

“Hay más confianza de parte de los profesores con la Policía, y de parte nuestra hay más claridad de cómo llegar.”

Nery Sayes, encargada Comisión de Servicios Juveniles y familia de la PNC

“Hay muchos muchachos que no tienen padres ni hermanos. ¿Quién se hace cargo? Tiene que ser el Estado a través de programas e instituciones.”

Anaximandro Chávez, coordinador de gestión Fundemospaz

“De lo que va del 3 de agosto, que fue la primera vez en que nos unimos como bandas de paz, no ha habido ningún percance entre estudiantes.”

Ever Sinecio, director de banda de paz del INTI

De positivos son calificados los esfuerzos que se realizan en el sistema educativo público del país por parte del Ministerio de Educación (MINED) y la Policía Nacional Civil (PNC) para frenar la violencia estudiantil, tanto al interior como exterior de los recintos, con la implementación de un convenio que ha sufrido transformaciones.

Pero a juicio de expertos en el tema, para alcanzar el objetivo de generar un ambiente de paz y convivencia hace falta integrar de una mejor forma a la sociedad en general y unificar esfuerzos.

“Es un fenómeno complejo porque implica no solo al centro educativo como tal o autoridades de Educación, sino a la comunidad educativa y comunidad en general. Pero lastimosamente solemos desvincularlos del centro educativo y asumir que ellos o la familia se responsabilizan”, manifestó Ana Margarita Montoya, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Montoya reconoció que en algunos casos se logra una buena compenetración con la sociedad, haciendo participar a padres de familia e incluso a los mismos jóvenes, quienes son certeros en sus respuestas.

“El problema es que tenemos muchas familias más allá que desintegradas, disfuncionales. Si no tenemos un responsable que asuma el rol de acompañamiento de jóvenes, el docente no puede hacerlo”, dijo Montoya.

La comisionada Nery Sayes, encargada de la División de Servicios Juveniles y Familia de la Policía, indicó en este sentido que una de las transformaciones en el convenio con el MINED es que se ha socializado.

“Ya no solo lo conoce la división y la oficina de Educación con la que trabajamos, ya se dio a conocer a escala nacional con todos los jefes de la Policía y directores departamentales de Educación. Se empezaron a estrechar los lazos de comunicación”, afirmó Sayes.

La socialización del convenio se originó en marzo de este año, aunque como tal lleva implementándose varios años. El primero se firmó en 2005 y nuevamente en enero de este año.

También se han incorporado acciones que permitirán analizar “cómo nos está perjudicando la violencia en el ámbito de la niñez y adolescencia, especialmente en la comunidad educativa”, explicó la comisionada.

Este es uno de los factores a mejorar que Montoya, de FLACSO, señala: evaluar los resultados para conocer si el efecto del programa se está multiplicando en las familias y sociedad en general.

En mayo pasado, en su informe de coyuntura, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dedicó un capítulo completo a analizar el problema de la violencia estudiantil.

Como parte de su análisis, FUSADES señaló que se requiere de estudios serios que arrojen los datos necesarios para la formulación de una política integral de seguridad estudiantil, en la que se deben otorgar suficientes herramientas y autoridad a docentes como directores.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al MINED para obtener reacciones referentes al tema, pero no fue posible obtenerlas.

Intención

La comisionada Sayes manifestó que la intención al socializar el convenio con Educación es mejorar el nivel de intervención en los centros escolares, porque ha habido diversos problemas.

Incluso, la imagen que los estudiantes y docentes tenían sobre la Policía solo era de una fuerza represiva; ahora, según Sayes, esa relación ha mejorado tras estudiar más el fenómeno y entablar mayor comunicación.

“Sacamos una clasificación de aquellos centros escolares que tienen mediano, alto o poco riesgo, dándole prioridad o viendo con qué programas se entra o si solo requieren seguridad. Están espaciadas a escala nacional”, dijo Sayes, quien no proporcionó detalles para no estigmatizar a las instituciones escolares.

Según Sayes, en algunos centros escolares han disminuido los casos de violencia, no solo por los programas de la Policía y Educación sino al integrar otros esfuerzos.

“Nos ha bajado bastante lo que es la violencia estudiantil; los pleitos entre los estudiantes han disminuido; los estudiantes han entrado en diálogo. Generalmente son rencillas por pertenecer a otro centro escolar o porque el alumno vive en otra zona donde una pandilla dice controlar el territorio”, afirmó.

Para el caso de los estudiantes menores o niños se observan más los efectos de la violencia intrafamiliar, manifestados en peleas e incluso agresiones sexuales en el centro de estudios.

“La experiencia dice que un niño maltratado en su hogar da problemas en el ámbito escolar, no sé si un niño lleva sus problemas escolares a la casa; pero sí hemos detectado que los niños que han sido maltratados generalmente caen en drogas, en pandillas y tienen conflictos con sus otros compañeros”, explicó la comisionado.

Para Anaximandro Chávez, coordinador de gestión de información de la Fundación para la Democracia, Seguridad y Paz (FUNDEMOSPAZ), el tratamiento de la delincuencia estudiantil en el país requiere una intervención intrafamiliar.

“Sin duda alguna los esfuerzos que el Gobierno está haciendo me parecen atinados, pero debe ser integral tanto en política, intervención policial como programas de socialización”, dijo Chávez.

En tanto, Israel Montano Osorio, secretario general de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), reiteró que el MINED ha iniciado un proceso de armonización con las instituciones que históricamente han tenido estudiantes en pugna.

“Ha disminuido un poco el enfrentamiento entre instituciones. Es parte de la línea estratégica del ministerio”, afirmó el líder gremial.

 

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