Si queremos avanzar de veras hacia un desarrollo de primer nivel tenemos que alzar la mira mucho más allá de los límites locales y aun regionales.
Escrito por Editorial.13 de Octubre.Tomado de La Prensa Gráfica.
La suerte del Puerto de La Unión viene estando en entredicho desde antes de que concluyera su construcción. El proyecto inicial, que se basaba en el aprovechamiento internacional completo de un puerto de tercera generación, único de su nivel en el Pacífico centroamericano, fue quedando relegado; y la idea de conectividad interoceánica entre Puerto de La Unión y Puerto Cortés ya no se menciona, pese a que era componente clave de ese proyecto originario. Ninguno de tales “olvidos” puede ser inocente: detrás de seguro hay intereses que han ido incidiendo calculadamente para torcer los conceptos y las perspectivas.
Conforme al planteamiento que puso en marcha el proyecto del puerto, lo que se pretendía era estructurar un esquema de concesión capaz de interesar a un operador de nivel mundial, y que abarcara tanto a La Unión como a Acajutla. Se presentó un proyecto para ello durante la fase final de la Administración pasada, pero pronto se vio que no había interés en hacerla avanzar, y, aunque se constituyó un grupo de análisis presidido por la Vicepresidenta de la República, ya el desinterés al más alto nivel era notorio. Así las cosas, llegó el fin de la construcción, y el puerto continúa en condición letárgica.
En aquellos días en que el tema de la concesión estaba debatiéndose, toda la discusión acabó centrada en los porcentajes posibles de participación del Estado en los beneficios económicos que pudiera arrojar el negocio portuario. Es decir, el tema era cómo repartir en abstracto utilidades hipotéticas, en vez de apostarle a una concesión verdaderamente exitosa y de primer nivel, de la que desde luego tendría que beneficiarse el concesionario, pero también sustancialmente el Estado y sobre todo el país. Al desatenderse el verdadero enfoque, llegamos a la lamentable situación actual, en la que hay que desembolsar grandes cantidades de dinero público para puro mantenimiento, sin recibir nada a cambio.
Pareciera que la intención de que el Gobierno se quede con la administración del Puerto de La Unión, como sin duda fue el propósito de algunos, antes y hoy, ha tenido que ceder ante la evidencia de que eso es insostenible, porque no hay estructura gubernamental suficientemente capacitada para ello y porque el Gobierno no tiene disponibilidad financiera de sostén. La idea de concesionar el puerto ha vuelto a surgir, y ya se anuncia que pronto se discutirá un proyecto de concesión en la Asamblea. Por eso este es momento más que oportuno para insistir en que no basta con concesionar: la responsabilidad está en hacerlo de manera sólida y visionaria.
Es cierto que la crisis del comercio mundial ha sido un factor desestimulante para la puesta en práctica de este gran foco de desarrollo potencial para el país; pero la crisis, por profunda que haya sido y por significativos que sigan siendo sus efectos, es un fenómeno pasajero, y no debe determinar las decisiones de fondo sobre un proyecto nacional destinado a ser uno de nuestros motores de desarrollo por tiempo indefinido.
Si queremos avanzar de veras hacia un desarrollo de primer nivel tenemos que alzar la mira mucho más allá de los límites locales y aun regionales. Si esto no se logra con el Puerto de La Unión no sólo estaremos desperdiciando vilmente una gran oportunidad, sino reprobando una prueba básica para nuestra efectiva capacidad modernizadora en función del desarrollo.
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