En la toma de conciencia de los derechos que tiene la sociedad para asegurar su buen desempeño, le corresponde a la institucionalidad un rol determinante y de avanzada.
Escrito por Editorial.18 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Los individuos y las organizaciones que aquéllos forman tienen derechos y responsabilidades reconocidos por el régimen legal. Justamente el Estado de Derecho es el vehículo que hace posible que tales derechos y responsabilidades puedan ir moviéndose articuladamente dentro de la dinámica evolutiva que les corresponde. Pero eso no es suficiente para que la sociedad pueda considerarse plenamente democrática: esto último requiere que también los derechos de la sociedad tengan efectiva vigencia y que las responsabilidades que le competen a la misma sean cumplidas.
Entre los derechos aludidos podemos mencionar el derecho a la estabilidad, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la información, el derecho a la evolución pacífica. No son enunciados abstractos o teóricos, que basta con que se queden en el plano de las aspiraciones que siempre se van postergando para tiempo indefinido, como les ocurre a muchos postulados constitucionales; aquí estamos hablando de derechos que, si bien no cuentan con instrumentos de cumplimiento y de verificación explícitamente disponibles dentro del sistema legal e institucional, deben ser asumidos y honrados para que la sociedad pueda funcionar y desarrollarse de manera efectiva.
¿Cómo garantizar entonces la vigencia de esos derechos, que son de todos y de nadie en particular? En primer lugar, por medio del crecimiento y la expansión de la conciencia ciudadana; es decir, con la construcción progresiva de ciudadanía. Muchos de los desajustes que padecemos derivan de que en la balanza de la realidad el platillo del poder está sobrecargado y el platillo de la ciudadanía sigue teniendo poco peso.
En la toma de conciencia de los derechos que tiene la sociedad para asegurar su buen desempeño, le corresponde a la institucionalidad un rol determinante y de avanzada. Por desgracia, nuestra institucionalidad no ha madurado lo necesario para cumplir ese rol en forma plena y ejemplar. Más bien ocurre al revés: en lo referente a la institucionalidad política, ésta, que debería ser vanguardia de progreso, con frecuencia funciona como retaguardia por atadura a otros intereses. Lo vemos a diario en el comportamiento de los partidos y en algunas acciones de los Órganos fundamentales del Gobierno.
Pese a todo lo anterior, la misma dinámica del proceso democrático va haciendo, a contrapelo de las debilidades y fallas que el mismo va encontrando en su ruta, una especie de ejercicio a la vez depurativo y educativo. En la actualidad, por ejemplo, esos derechos que son inherentes a la propia naturaleza dinámica del fenómeno social están cada vez más presentes en el ambiente. En épocas anteriores, aún cercanas en el tiempo, este tipo de necesidades no interesaban ni siquiera a pensadores e investigadores de la realidad nacional. Es un avance digno de ser destacado.
Muchos de los reclamos que recaen a diario sobre la institucionalidad provienen de que, desde el ámbito de la ciudadanía cada vez más consciente de su problemática y de su poder de base, se percibe que las instituciones hacen muy poco en beneficio de los derechos de la sociedad en su conjunto. Es lo que hay que enderezar con los correctivos del caso.
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