El ente contralor detalló en un informe que se han detectado al menos cinco faltas al contrato del BID, con el que se financia el proyecto de condominios Nuevo Mejicanos, una promesa de viviendas para familias que viven en zonas de alto riesgo de ese municipio
SEGUNDA ENTREGA Karla Argueta.19 de Octubre. Tomado de El Diario de Hoy.
El proyecto del Viceministerio de Vivienda y ejecutado por Fonavipo Nuevo Mejicanos está tan lleno de ilusiones como de cuestionamientos. Un informe de la Corte de Cuentas, del 8 de octubre de 2010 y al que tuvo acceso El Diario de Hoy, revela que la dependencia pretende construir ocho edificios en una zona de riesgo y con situación legal dudosa.
La Contraloría concluyó que "la institución ejecutante no consideró el estudio de suelos realizado por la Unidad de Investigación y Desarrollo Vial del mismo de Obras Públicas (MOP), con fecha 2 de febrero de 2010, para la ejecución del proyecto".
Este análisis advertía que en todas las exploraciones realizadas en el terreno de construcción, la condición de humedad del suelo varía de húmeda a saturada y parte de la terraza donde se construirán los edificios está en rellenos susceptibles a fallas.
De acuerdo con técnicos del MOP, el inmueble está formado por una terraza norte o inferior y una terraza sur o superior. La primera zona es un depósito artificial (relleno), que presenta características bastante heterogéneas y en el que no fue aplicada energía de compactación durante el relleno.
La terraza sur, por el contrario, está formada por suelos depositados de forma natural; sin embargo, presenta altos niveles de humedad, según el estudio.
A pesar de estas deficiencias, el viceministerio de Vivienda y Fonavipo decidieron continuar con su plan de construir dos edificios completos sobre la terraza inferior y apoyar parcialmente las bases de los otros seis en la zona con mayores riesgos.
El Diario de Hoy buscó al viceministro de Vivienda, Edín Martínez, desde hace varias semanas pero se justificó que tenía múltiples ocupaciones y luego que se encontraba fuera del país. En su lugar designó a la jefa de Asentamientos Humanos del Viceministerio, Gladys de Serpas, para que hablara sobre los señalamientos de la Corte.
De Serpas aseguró que los apartamentos serían edificados únicamente en la terraza superior, calificada como suelo natural, mientras que en la otra parte del terreno construirían únicamente el estacionamiento y las zonas verdes.
La unidad de Investigación y Desarrollo Vial también enfatizó en su informe que si bien podían mejorarse superficialmente las condiciones del subsuelo para alcanzar la capacidad de carga mínima requerida, éstas no constituían una solución confiable.
De continuar con el proyecto en esos terrenos, los expertos habían recomendado al viceministerio considerar construir los cimientos de los edificios en profundidades mayores de los 15 metros, debido a que no habían encontrado condiciones adecuadas para apoyarlos a una distancia menor que esa. No obstante, tampoco se acató esa recomendación.
La Corte de Cuentas también informa a Fonavipo sobre el incumplimiento del reglamento operativo del préstamo BID número 1379/OC-ES, el cual establece como uno de sus requisitos que "el terreno propuesto para el financiamiento no se encuentre ubicado en zonas de riesgo no mitigables con la ejecución del proyecto, como zonas inundables, de deslizamiento, entre otros".
Al consultar al presidente de Fonavipo, Marcos Fortín Huezo, sobre los señalamientos dijo que "sólo les han notificado de una observación", agregó desconocer el resto (Ver nota en siguiente página).
Juan Guillermo Umaña, presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros (ASIA), y Porfirio Lagos, geotécnico de la misma, subrayaron que construir sobre un relleno no controlado sería un gravísimo error, debido a los espacios de aire presentes en el subsuelo.
Umaña agregó que se puede construir casi en cualquier terreno, siempre y cuando el diseño se adecue a sus condiciones; pero enfatizó que ello eleva los costos de construcción, por lo que habría que evaluar si vale la pena invertir en esa zona o si se puede edificar Nuevo Mejicanos en un mejor inmueble.
construyen en terrenos privados
Otro de las irregularidades encontradas por la Corte de Cuentas está relacionada a la situación legal de los terrenos.
Los auditores de la Corte afirmaron en su informe que el traspaso del inmueble a nombre de Fonavipo aún no ha sido realizado. Sobre ese cuestionamiento Fortín Huezo reconoció que el proyecto está siendo construido en un terreno del Instituto Nacional de los Deportes y que pronto será traspasado a la institución que él dirige.
Según los documentos, el director ejecutivo de Instituto Libertad y Progreso, institución gubernamental especialista en la legalización de tierras, envió en junio pasado al viceministro de Vivienda, Edín Martínez, el borrador de proyecto de decreto legislativo para que éste lo revisara y tramitara el traspaso.
El informe de la Corte de Cuentas también confirmó que la mayor parte de la zona verde ecológica y el área recreativa están proyectadas en un terreno privado que pertenece a la Sociedad Gómez Parada S. A. de C. V., cuyo representante es Francisco Gómez, ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).
Durante los últimos meses, el viceministro de Vivienda había contactado a Gómez para solicitarle que le donara el terreno al Estado para continuar con el proyecto, porque carecían de fondos para comprarlo, según Gómez. Sin embargo, De Serpas dijo no estar enterada de esas comunicaciones.
La funcionaria argumentó a este periódico que ese era un "inconveniente" de la alcaldía de Mejicanos, debido a que la cancha de baloncesto era una promesa incumplida del edil Roger Blandino Nerio y ninguna de las áreas de Nuevo Mejicanos había sido pensada en ese inmueble.
La zona verde recreativa también contempla la construcción en un tramo de terreno que le pertenece a una institución financiera, mientras que otra porción le pertenece al MOP. La Corte, sin embargo, no encontró documentos que avalaran la posesión de alguno de los inmuebles, según el informe de los auditores.
El BID es claro sobre la legalidad de los terrenos en la ejecución de los programas que son financiados con sus fondos: "Antes de convocar a cada licitación pública (...), antes de la adquisición de los bienes o de la iniciación de la obra, el prestatario, por medio del órgano ejecutor, deberá presentar: (...) en el caso de las obras, la prueba que se tiene en relación con los inmuebles".
Por si fuera poco, los trabajos contemplados en el contrato FONA BID OB 16/2009, que considera obras de terracería, sistemas de agua potable, colector de aguas negras, vías de circulación y aguas lluvias, debieron haber culminado el 27 de julio de 2010, según el informe de la Corte de Cuentas.
Sólo en esos trabajos, que aún no han culminado supuestamente por las últimas lluvias -según de Serpas-, el Viceministerio ha invertido más de $294 mil, de un total de más de $2.3 millones que fueron destinados para la construcción de los ocho edificios en los que serán albergadas 128 familias de las comunidades: El Cocol, El Triunfo, Santa Lorena, Santa Cristina, Los Campos, San Pedro y La Fe, todas ubicadas a lo largo de la ribera de la quebrada La Lajas.
otros señalamientos
También se omitió incorporar información sobre los subproyectos del primer contrato -aguas negras, agua potable y hechura de muros- así como sus planes de diseño en el estudio de preinversión o carpeta técnica del proyecto habitacional.
Nuevamente, según la Contraloría, se violó una de las cláusulas del contrato con el BID, en el que exige a los ejecutores de proyectos claridad y coherencia en los documentos que prepare el licitante.
Sumado a lo anterior, los auditores encontraron inconsistencias en las bases de licitación, hechas en febrero de este año, pues establecían que "la Unidad de Monitoreo tramitará ante el contratante modificaciones al contrato, cuyo monto individual o acumulado no exceda del 15% del monto del contrato, lo que contradice la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP)", según el informe.
elsalvador.com :.: Corte cuestiona proyecto de Nuevo Mejicanos
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