Por Yeny Luna.19 de Octubre. Tomado de Contra Punto.
Con nueva información, la Superintendencia de Competencia podría reactivar las actuaciones previas o inclusive iniciar un procedimiento sancionador
SAN SALVADOR-La abstención de las empresas petroleras a participar en los procesos de licitación y contratación de combustibles, ha causado preocupación en los encargados de las compras del Estado a la hora de adquirir vales de combustibles. Dicha situación se incrementó en los últimos años.
Al no recibir ninguna oferta, las instituciones se ven forzadas a declarar desiertos los procesos de licitación, de esa manera, en muchas ocasiones, los esfuerzos de las instituciones resultan inútiles, obligándolas a realizar dichas compras por libre gestión, incurriendo en gastos adicionales de publicación y retraso de actividades ordinarias. Esto potencialmente implica la pérdida de los beneficios de un proceso competitivo como son mejores precios, servicios y mejor calidad entre otros.
Esta problemática llevó a la Superintendencia de Competencia a realizar actuaciones previas a fin de conocer la situación antes descrita, tal y como se menciona en la resolución dictada por dicha institución, sobre los procesos de licitación y contratación pública para la adquisición de combustible a través de vales, con referencia SC-005-O/AP/R-2010, emitida el día nueve de marzo de dos mil diez1, con la cual se pretendía conocer preliminarmente la posible existencia de acuerdos entre los competidores que pudieran constituir prácticas anticompetitivas.
En dichas investigaciones se detectó que, uno de los agentes que tradicionalmente ha intervenido en este mercado, posee mayor participación en los procesos de compras gubernamentales para la adquisición de combustibles, dado el número de adjudicaciones obtenidas, a pesar de esto no se logra suplir la demanda de las instituciones de gobierno, lo que da la oportunidad de participación a otras empresas.
También se advirtió que un importante agente económico, usualmente participante en estas licitaciones públicas, dejó de participar en los procesos de contratación desde el año 2009, debido a reestructuraciones internas realizadas. Además, existe un nuevo agente participando en el sector, quien tiene interés de incrementar su participación de mercado, quien considera las licitaciones públicas como una oportunidad rentable para lograrlo.
Otro dato interesante es que los procesos de licitación son vistos como complicados y burocráticos, según lo advirtieron los representantes de las petroleras entrevistadas, quienes detallan que los montos requeridos no son lo suficientemente atractivos para ellos, y existen demasiadas demoras de los pagos, lo que provoca costos que les reducen los márgenes de ganancias esperados. Estos factores económicos han creado un desincentivo para las petroleras.
En la misma línea de pensamiento, se determinó que, para las empresas dedicadas a la venta de vales de combustibles, los procesos de contratación directa son más flexibles, debido a la reducción de requisitos y las facilidades para ofrecer cupones según sus propios estándares técnicos.
Las actuaciones previas finalizaron sin indicios suficientes para determinar la posible existencia de un acuerdo entre oferentes en los procesos de licitaciones públicas, sin que esto indique que, con nueva información, la Superintendencia de Competencia podría reactivar las actuaciones previas o inclusive iniciar un procedimiento sancionador.
No obstante, como resultado de las actuaciones se efectuaron recomendaciones de política pública, advirtiendo que:
1. Las instituciones y organismos del gobierno central, gobiernos locales e instituciones autónomas deberían de tratar de reducir los tiempos de pago y mantener los que fueran convenidos, así como evitar restricciones innecesarias en las bases de licitación, sin perjuicio de los definidos por la Ley.
2. Se recomendó a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la emisión de políticas y lineamientos generales que considere oportunas para inducir la implementación y funcionamiento de un sistema alternativo para el suministros de combustibles, que sea distinto al de vales o cupones, que permita promover la estandarización de criterios requeridos para vales de combustible.
3. Finalmente, se recomendó al Ministerio de Hacienda iniciar un proceso meditado y abierto a la consulta interinstitucional de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento, que esté orientado a identificar y eliminar aquellos aspectos legales que deriven en costos innecesarios para los agentes económicos en ocasión de la preparación y presentación de ofertas de bienes y servicios, así como los resultados que deriven en obstáculos no esperados que limitan la participación de posibles oferentes en los procesos de licitación pública en caso de combustibles.
Sin bien es conocido que las recomendaciones de política pública no son de carácter vinculante y que no solucionan la problemática actual, tienen orientaciones generales, para llevar a cabo planes de acción o promover iniciativas por parte de otras instituciones de gobierno que busquen el establecimiento de mecanismos de solución orientados a esta temática.
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