Contra Punto-La costumbre de las sombras entre luces - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Armando Salazar.02 de Octubre.Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-“Letrados” que son y concientes que la sentencia de Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha afectado la libertad de expresión y de información, la derecha y los medios conservadores han continuado perversamente con su articulada campaña mediática para manipular y mantener en la incertidumbre a la opinión pública.
El Artículo 191 del Código Penal sigue existiendo para proteger el trabajo periodístico, la crítica, la libertad de información y expresión. La Corte quitó el arbitrario privilegio de los propietarios de los medios y sus encargados, de ejecutar calumnias, injurias y difamar sin ningún costo penal, amurallados por leyes que los mismos políticos de derecha crearon a su antojo.
Lo que ha hecho la CSJ es un fuerte llamado de atención a los propietarios de estos medios, un “coscorrón” a los medios y a la trama legal del país. Por lo visto, leído y oído hasta hoy día, la reacción de estas empresas mediáticas sigue siendo desmesurada, cuando saben perfectamente que dicha sentencia no restringirá sus ingresos millonarios ni su real capacidad de influenciar y manipular a parte de la opinión pública. 
En la campaña orquestada por los medios, se han sumado gremiales empresariales, profesionales, partidos políticos y legisladores de derecha, incluso haciendo una velada amenaza de promover antejuicios y la destitución de magistrados, para “defender la libertad de expresión, de prensa e información”.
Estos medios se han despachado sobre la sentencia de la corte, en editoriales y artículos de opinión, calificativos como “atentados”, “golpes” y “peligrosas”, transmitiendo a centenares de miles de salvadoreños como si la Sala de lo Constitucional estuviera emitiendo resoluciones que lindan con el terrorismo.  ¡Vaya forma de ejercer el periodismo y la comunicación en esta sociedad!
Es interesante que estos medios escritos, en sus editoriales y otros espacios, estén derivando las “afectaciones” hacia los periodistas, asustando con la “autocensura” o “autorregulación”, que ya existe en temas complicados y vinculados al “poder”. Sin embargo, en honor  la verdad, hay que indicar que los periodistas no son tan “libres” de opinión como hoy los quieren presentar los editoriales empresariales. A saber, por varias razones.
Primero, hay que recordar que los periodistas establecen una relación laboral dentro de una empresa privada, sujeta a reglamentos y “manuales”, incluso al código de trabajo.
Segundo, hay jefaturas de prensa y de edición que precisamente, en correspondencia a la línea editorial, definen el “tratamiento” y preguntas en conferencias de prensa, eventos o personajes. Incluso, son las jefaturas las que determinan las “fuentes” de donde obtener una “información” u opinión, para trasladarlas a sus audiencias, lectores, etc.
En otras palabras, el periodista, un trabajador de estos medios, sabe perfectamente “para quién trabaja”, sabe “quién le paga” y para qué. Si el periodista difunde una información “no conveniente” al medio, el periodista está inmediatamente en la ruta del despido laboral, aún y cuando su información sea profesional y apegada a los hechos.
Así, la información sale a luz cruzando previamente “el filtro” del editor o la jefatura. La noticia o el reportaje, sale con la bendición de la línea editorial de la maquinaria mediática que reproduce el sistema. Muchas veces no se cuestiona ni indaga más. Hay algunos periodistas que se “arriesgan” ciertamente.
Las grandes y rentables empresas de comunicación, son un poder que se han impuesto culturalmente con el sistema y el régimen de gobierno, para moldear las formas de percibir y de ver la realidad, creando deliberadas miopías en la sociedad o una especie de cataratas oculares y mentales, forjando la costumbre de ver sombras entre luces.
Es por ello que posiblemente la sentencia de la CSJ se haya quedado corta, porque aún no conocemos ni ha socializado todo el texto de la sentencia. La advertencia, sana y democrática, a los propietarios de los medios y a sus encargados, no resuelve la gravedad de la falta de democratización de la información y expresión de múltiples sectores sociales del país, de una gran mayoría ciudadana que se ve expuesta y afectada cotidianamente por la concentración unilateral del intenso discurso empresarial, publicitario y consumista.
Para los periodistas y comunicadores ciertamente “la verdad” siempre se levanta como una situación desafiante, un acto de desobediencia laboral y frente al poder. Disculpen: ¡ese es el tesón!, si existe un compromiso profesional, ético y vinculado a la realidad estructural, “funcional” y cotidiana en la que coexistimos. 
La sentencia de la Corte, también, se traduce en un reto de mayor exigencia, en una mayor responsabilidad profesional y ética para no caer en la fácil ruta de la “mala praxis”. Y qué bien que así sea.

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