Jorge Vargas Méndez.11 de Octubre. Tomado de Diario Co Latino.
Todo aquello que es creado por la especie humana es susceptible al cambio: el lenguaje, el trabajo, el arte, las costumbres, las tradiciones, la religión, etc.
En suma: la cultura. Y esto debe tenerlo claro toda persona, incluso aquella que, debido a la histórica exclusión social imperante en el país, no ha tenido acceso a la educación.
Sólo basta observar cómo el plástico desplazó a los guacales de morro, la plancha metálica al comal, y cómo ha cambiado hasta la preparación de los tamales, para corroborar lo anterior.
Por eso es alarmante que personas con cierto nivel educativo, profesionales y oficiantes de la política aldeana de diverso signo ideológico, se muestren irritadas a raíz de las recientes actuaciones de Julia Evelyn Martínez, directora ejecutiva del ISDEMU. Pareciera que de repente olvidan que la sociedad actual no es la misma en la que vivieron las generaciones que nos precedieron.
Rápido olvidaron que el movimiento hippie de los sesentas cambió rotundamente las pautas y cimientos de una sociedad tradicionalista; que las misas antes se celebraban en latín y que la gente salía del templo lo mismo que como entraba; que la masiva migración salvadoreña causada por la guerra civil, la falta de oportunidades educativas y laborales, etc., provocó cambios en la estructura familiar y, en general, en la cultura del país.
Sobre esto último, basta caer en la cuenta de que hace veinte años no existía entre la población vocablos como: email, chatear, cora y muchos otros. Tampoco existían los cibercafés. Pero entremos en materia.
La mencionada funcionaria ha causado revuelo, incluso entre quienes se habían perfilado con pensamiento de avanzada, en dos ocasiones: recientemente, con motivo de haber respaldado el Consenso de Brasilia, sobre todo en lo atinente a “revisar las legislaciones que castigan el aborto”; y poco antes, al anunciar la erradicación de las cachiporristas en los desfiles septembrinos.
Como podrá advertirse, era previsible que despotricaran al respecto quienes poseen un pensamiento neoconservador. Pero no quienes se creen el resto del país.
Los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos Desde que surgió la ONU han venido creándose diversos instrumentos legales que se vuelven ley de la República cuando son ratificados por el Estado salvadoreño.
Así lo dice el Art. 144 de la Constitución Política: “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.
En El Salvador, la institución del Estado responsable de la Política Nacional de la Mujer es el ISDEMU, por tanto, es de su total incumbencia también lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos, cuyo cumplimiento constituye un compromiso que el Estado salvadoreño ha pactado con organismos internacionales, y que los gobiernos de derecha se negaron a cumplir en virtud de sus conocidos tutelajes neoconservadores y religiosos, e incluso obedeciendo a presiones de grupos y de personas de doble moral.
En ese sentido no debe extrañar que el Estado, a través de su funcionaria, haya respaldado el Consenso de Brasilia, sobre todo cuando “revisar las legislaciones que castigan el aborto” no significa modificar las leyes nacionales vigentes en la materia.
Además, dicho consenso no tiene carácter vinculante en términos legales, como un Pacto, un Tratado o una Convención, es únicamente un compromiso de orden ético y político.
Eso sí, se puede esperar, en cambio, que el ISDEMU impulse a posteriori un debate al respecto, lo cual es normal y aceptable en una sociedad que se precia de democrática y que busca cumplir con sus compromisos pactados en relación a los derechos sexuales y reproductivos, que también constituyen derechos humanos, y que se le vienen adeudando a la población femenina desde que el Estado los ratificó.
Una encuesta dada a conocer recientemente por un conocido matutino (EDH), y que parece que fue solicitada para medir las reacciones de la población sobre el desempeño del ISDEMU, o para luego ponerle piedras de tropiezo al excelente papel que está desempeñando su directora en cumplimiento del marco constitucional como nunca antes, sugiere que la mayoría de la población se opone a cambiar las leyes que penalizan el aborto.
Por fortuna, el profesionalismo con que se redactó la nota periodística permite analizar los datos desde otra perspectiva.
Y así, si analizamos los resultados detenidamente, se percibe que un buen porcentaje de quienes están en contra obedece a valoraciones de corte religioso: el 20.1% considera que “es algo que sólo Dios puede decir”, lo cual sumado al 12%, que afirma que “es pecado”, hacen un total de 32.1%.
Es decir, alrededor de 32 personas de cada 100 emiten un juicio de carácter religioso. Pero también se consigna que el 51.7% de la población encuestada está de acuerdo con cambiar las leyes que castigan el aborto, debido a que el futuro ser “Puede traer algún defecto congénito”, mientras que un 17.2% señala claramente que “Es un derecho de la mujer si quiere o no tener el bebé”. Se registra, asimismo, un 3.4% que está de acuerdo porque “Hay mujeres que son violadas y no es su culpa quedar embarazadas”.
En fin, al analizar desde otro ángulo la referida encuesta permite inferir que la población, aun cuando no está debidamente informada, no está cerrada a la implementación de cambios en beneficio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que, en definitiva, beneficiarían a la población en general.
En cuanto a la erradicación de las cachiporristas Este es un tema igualmente poco razonado por quienes se han pronunciado en contra.
Para empezar, se requiere de un análisis profundo de las relaciones intergenéricas, algo que aún no cala en la mayoría de profesionales, incluso entre quienes suspiran al ver los libros de Marx.
Pero a lo mejor sirve de algo reiterar lo antes apuntado: el ISDEMU es la institución responsable de la Política Nacional de la Mujer, y la superación de la cultura androcéntrica predominante que denigra a la mujer, también es de su incumbencia. ¡Por fin hay alguien en dicha institución que se dispone a hacer algo al respecto!
Lamentablemente en vez de considerarse beneficiarias de la anunciada medida, las propias cachiporristas se han considerado víctimas, o bien han obrado personajes que les han hecho creer que se trata de un castigo contra ellas.
Lo cierto es que su participación en los desfiles no es otra cosa que la utilización de su cuerpo para atraer a los hombres, para que sirvan de “colirio para los ojos”, como dijera un jefe edilicio en esos días, y de lo que luego se disculpó.
Ahora bien, el mismo sondeo aludido revela que la mayoría de la población encuestada se opone a la prohibición de las cachiporristas (54.4%), porque considera que es una tradición. También se registra un 23.6% que responde con: “Son las que alegran los desfiles”, y un 8.2% que se inclinó por “Es una diversión para el público”.
Los dos últimos porcentajes revelan que la población percibe a las cachiporristas de forma utilitaria (31.8%), mientras un 54.4% las percibe como una tradición.
Por tanto, estamos frente a una expresión cultural que es el resultado de un largo proceso de cosificación de las mujeres, para lo cual se han utilizado como escaparates las celebraciones de septiembre y las fiestas populares.
Pero como ya dijimos atrás: la cultura es cambiante y, sobre todo, cuando hay expresiones que afectan a una parte importante de la sociedad, a la población femenina, cuyo cuerpo se expone como objeto de atracción sexual, y no digamos en una situación de violencia como la que se experimenta en muchos países, no sólo en El Salvador.
A eso se refiere también la población encuestada cuando responde a la pregunta “¿Por qué razón está usted de acuerdo con que se prohíban (las cachiporristas)?: un 29.1% respondió que “La vestimenta es provocativa”; un 27.8% dijo “Porque se exhiben mucho”; un 15.2% está de acuerdo porque “Hay muchas niñas violadas/corren peligro”; el 11.4% dijo que “Pierden el tiempo, no tienen nada de cívico” y otro 11.4% lo dijo claramente: “No es un instrumento (objeto sexual). Con más claridad sobre el asunto, un 8.9% respondió: “Es denigrar a la mujer”.
En síntesis, los resultados de la encuesta permiten inferir que la población en sí no se cierra a los cambios anunciados, pero que, no obstante, presenta alguna oposición.
Y eso es hasta cierto punto comprensible si se toma en cuenta que desde su creación, en 1996, el ISDEMU vino arrastrando una deuda en cuanto a cumplir con el papel que le corresponde, según el decreto de creación.
Con campañas educativas en la materia a través de los medios de comunicación del Estado y con el apoyo de aquellos que quieran apostarle a una sociedad más humana, con equidad e igualdad entre los géneros, es posible forjar una cultura distinta.
Un ejemplo de cómo las expresiones culturales nocivas deben erradicarse se ha dado en Cataluña, España, donde en julio pasado el parlamento prohibió la tauromaquia al considerarla una práctica cultural que implica crueldad contra los animales.
Y claro que ha habido oposición, pues al igual que aquí y en todo el mundo siempre habrá grupos y personas alegando que una tradición cultural no puede desaparecer.
Aída Gascón, una activista contra el maltrato animal, al respecto ha dicho: «La tauromaquia es parte de la cultura española (…) Pero eso debería cambiar. Muchas tradiciones desaparecen a medida que la sociedad avanza».
¿Por qué entonces el miedo a los cambios anunciados por el ISDEMU?
Algunas personas y grupos se oponen a cambios en las leyes relacionadas con el aborto a partir de argumentos religiosos, y tienen todo el derecho de hacerlo dado que la democracia garantiza la libertad de expresión.
Pero conviene recordar que el Estado salvadoreño tiene carácter laico, es decir, no puede actuar bajo ningún tutelaje religioso.
Antes bien, sus decisiones deben basarse en avances científicos y en el marco normativo internacional que como Estado se haya suscrito.
Desde esta óptica, como bien sugiere el resultado de la aludida encuesta, ya es tiempo de agendar en el debate público la necesidad de permitir en el país el aborto terapéutico en casos de embarazos ectópicos, o cuando sea resultado de violación.
De hecho, hubo un importante porcentaje que argumentó “defecto congénito”, tener derecho a decidir sobre su maternidad y que cuando el embarazo es producto de violación “no es su culpa quedar embarazadas”. También apareció la necesidad de recibir Educación Sexual.
Respecto a la prohibición de las cachiporristas, ya apareció alguien preguntándose hasta donde llegará la injerencia del Estado en las decisiones familiares. En el Art. 1 de la Carta Magna está la respuesta.
Y precisamente para hacer cumplir ese precepto constitucional, entre otros más, está el ISDEMU, por cuanto su cometido es velar por el respeto de los derechos específicos de la población femenina.
Generalmente es el conservadurismo el que teme al cambio, la prosapia del liberalismo decimonónico, y ahora paradójicamente trabajando en alianza con algunas iglesias para frenar las transformaciones.
No hay dónde perderse. Pero la mayoría de la población avanza cada vez más en el ejercicio y práctica de sus derechos ciudadanos, y eso tiene que hacer la diferencia. Todo cambia, como bien lo canta Mercedes Sosa.
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