René Martínez Pineda.13 de Octubre.Tomado de Diario Co Latino.
(Coordinador General del M-PROUES)
De las experiencias pre-golpistas en Venezuela y Bolivia, a inicios del siglo XXI (trasloque y continuidad de los más de doscientos golpes en la región, en el siglo XX) y la de Ecuador (como coyuntura) es interesante rescatar la reacción latinoamericana, debido a su giro radical en el marco del plan “Otra América Latina es posible”, como interesante es ver el cambio en la visión diplomática sobre éstos al definirlos, en tercera persona, como “recuperación interna de la gobernabilidad”.
Por ello, no es absurdo ver, por un lado, expulsión de embajadores de los EE.UU. de su otrora “patio trasero” (como la de Patrick Duddy –Caracas- en solidaridad con Bolivia); y, por otro, oír al gobierno gringo “condenar enérgicamente los golpes”, de los cuales nunca ha reconocido su autoría o apoyo. La primera reacción es la afirmación de la dignidad latinoamericana, hecho ausente en las últimas décadas del siglo XX, en el que se gestaban infamias contra los pueblos bajo la mirada indiferente de los gobiernos capitalistas, en el mejor caso; o como cómplices, en el peor.
Pero, que EE.UU. afirme que, más que golpes de Estado, lo que se ha dado es una recuperación, por su propio peso, de la gobernabilidad, es un error de apreciación política y una ligereza histórica imperdonable, lo cual nos indica que hay aspectos a decodificar por la teoría social crítica, en tanto que las ciencias sociales con vocación imperialista –promovidas en algunos posgrados e institutos de investigación como “objetividad”- no lo harán, por obvias razones hegemónicas o pecuniarias.
Es peculiar ver que los golpes ejecutados en Latinoamérica, han sido justificados por las burguesías locales y sus partidos (obviando en el discurso los muertos, la violación a los derechos humanos y la perversión, tanto de la soberanía e institucionalidad democrática como de la teoría social) como: “defensa de la familia”; “recuperación de la libertad”; “gobierno de reunificación”; etc.
Es claro, pues, que el fantasma del golpe de Estado en Latinoamérica ha sido una constante de su historia: del derrocamiento de Allende, que hizo célebre al Pinochet carnicero; pasando por el de Zelaya, en Honduras, que convirtió en oveja al lobo; hasta llegar al pre-golpe contra el corajudo presidente Correa, el relato continental da cuenta –y nos cuenta- una cruenta historia de manoseo e injerencia en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad más retrógrados, algunos de los que actualmente buscan -o son obligados a- retomar una cara de cariño popular, un perfil protector, usando como coartada a la delincuencia, el orden público y la constitucionalidad burguesa.
Por eso, el uso de las fuerzas armadas en tareas civiles es cada vez más común, lo que -nos guste o no- aumenta el riesgo de futuros golpes de Estado, debido al perfil de la biografía de aquellas.
Así, la vigilancia en los penales; el patrullaje en ciudades y pueblos; la vigilancia aérea de enemigos invisibles; los retenes en calles principales; el combate al tráfico de personas o, como en las guerras civiles, el registro de pasajeros del transporte público, son actos que al ser ejecutados por los ejércitos (sin una formación democrática básica) suplantan la función de las fuerzas policiacas, alegando que, como en la dictadura militar, las fuerzas castrenses son instrumentos de paz.
Salvo raras excepciones -en las que un liderazgo popular, cual referente moral, ha sido decisivo e histórico, como el de Fidel Castro- es difícil demostrar la democratización y no beligerancia de los ejércitos latinoamericanos, pues, en nuestros países siempre existe una latente preocupación política sobre ellos, la que se maneja cediendo privilegios especiales para mantenerlos contentos y quietos, por lo que la subordinación militar a los poderes democráticos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es una leyenda urbana.
De ese modo, la fuerza militar sigue siendo un actor político en reposo y poderoso, y lo es más cuando, por un lado, ingresa a los partidos políticos a través de militares en retiro, no importa si sobre ellos pesan serios señalamientos de violación a los derechos humanos y autoría en masacres; por otro, los militares llegan a ocupar algún cargo de elección popular (diputado o alcalde); y, por otro más, se incorpora a la tropa a funciones de seguridad pública, no importa si eso se hace con la más buena voluntad del mundo, como de seguro la tiene el Ministro de Defensa salvadoreño.
En Uruguay, verbigracia, en el “Programa de Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad” (no obstante la estabilidad política vivida en los últimos años) se afirma que “los ejércitos de los países que vivieron bajo las dictaduras militares en la segunda mitad del siglo XX, mantienen su doctrina prácticamente intocable, a pesar del arribo de gobiernos civiles, por lo que es necesario desmitificar lo que ocurre con el ejército uruguayo, considerado hasta hoy como una fuerza armada ejemplar bajo una democracia ejemplar, pues tiene una larga historia de represión militar”.
Siendo así, en ningún momento -al menos mientras su formación profesional no sea un asunto civil para proteger la democracia- se puede estar seguro de que sus mandos son políticamente fieles a algún presidente.
Por eso, es comprensible que, para congraciarse y ganar incidencia, el más reaccionario partido de derecha en El Salvador (ARENA) haya pedido que: “los 14 millones de dólares incautados al narcotráfico sean destinados a la fuerza armada para mejorar sus condiciones”.
En ese contexto, la primera década del siglo XXI será relevante, desde el recuerdo futuro, como una etapa antidemocrática en que el militarismo golpista tomó peso y trascendencia en América Latina, teniendo como presuntos autores intelectuales a los gobiernos norteamericanos (en tercera persona); como coautores a los partidos de derecha; y como lavandera oficial de la sangre y la infamia a la OEA, a quien parece gustarle el papel de Canciller para América Latina de Encomiendas y Repartos de los EE.UU. Ahora bien, para el salvadoreño, ese contexto es teóricamente significativo cuando se decodifica recurriendo al pasado para establecer la tendencia empírica.
Entonces, hablemos del país. En 1932, El Salvador fue la primera república en la que hubo un levantamiento insurreccional, con pretensiones socialistas, que intentó tomarse el poder, lo que ofendió mortalmente a la oligarquía cafetalera. El experimento duró unos días y con un saldo irreal de muertos: digamos 30 mil. Tiene en promedio unos cien temblores diarios y un terremoto devastador cada veinte años e, irracionalmente, las ciudades crecen más en las áreas telúricas. Los salvadoreños, entonces, nos parecemos mucho al país.
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