Gerardo A. Godoy.16 de Octubre. Tomado de Diario Co Latino.
El 27 de Noviembre de 1980 por la tarde, en Venezuela, recibí una llamada del Dr. Fabio
Castillo F. quien, con urgencia desde la ciudad de México, me informó que pocas horas antes habían sido capturados y secuestrados en El Salvador, los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), mientras se encontraban en las instalaciones del Colegio Externado San José en una reunión de trabajo y conferencia de prensa.
Francamente preocupado el Dr. Castillo consideraba que las vidas de los secuestrados estaban en peligro.
Con urgencia se debían hacer gestiones, a nivel nacional e internacional, las que fueran necesarias, para salvar sus vidas.
Quienes presenciaron el secuestro habían informado que un número considerable de hombres fuertemente armados, en varios vehículos y coordinación profesional, tomaron por asalto el Colegio, sometieron a todos los presentes y separaron, selectivamente, al Presidente del FDR Ing. Enrique Álvarez Córdoba, al Dr. Enrique Escobar Barrera, a los Señores Juan Chacón, Manuel de Jesús Franco Ramírez, Humberto Mendoza y a Doroteo Hernández, los cinco primeros miembros de la Dirección Nacional del FDR y el último dirigente vecinal de un barrio marginal de la ciudad.
A la fuerza y con brutalidad los introdujeron en vehículos, dejando el recinto para unirse a otros que, con armas de combate y equipos de comunicación custodiaban el y los alrededores del Colegio, situado en un área de la ciudad con vigilancia permanente, gran circulación vehicular y peatonal por clínicas, negocios y la Embajada Americana, en ese entonces en la zona.
Varias personas por iniciativa propia y espontánea persiguieron los vehículos y comprobaron que unos se dirigieron a la Policía Nacional y otros a los cuarteles de la Policía de Hacienda y de la Guardia Nacional.
Testigos reconocieron, entre los que participaron en la captura, vestido de civil a miembros de cuerpos de seguridad en los alrededores del colegio, a esa hora. Se estimó que más de 20 personas participaron en la captura y rapto de los dirigentes del FDR.
Conmovido por la noticia, inmediatamente redacté y envié al Presidente de la República de Venezuela Dr. Luis Herrera C., un radiograma urgente solicitándole su inmediata intervención y gestión ante el Gobierno de El Salvador para preservar la vida de los dirigentes del FDR capturados por personal de la Policía de Hacienda, Policía Nacional y de la Guardia. Su intervención debía ser urgente, de inmediato, ya que cada minuto, cada hora que pasara, incrementaba el riesgo de que los capturados fueran asesinados.
Ante la gravedad del hecho, numerosas personas ajenas al FDR y otras cercanas a él, realizaron iniciativas similares y denuncias a nivel nacional e internacional, a la prensa, personalidades, organizaciones políticas, de derechos humanos y Gobiernos democráticos de América y de Europa, clamando la vida de los dirigentes del FDR secuestrados en el operativo militar. Pero, todo fue en vano.
Por la mañana siguiente, en distintos sitios de San Salvador y sus alrededores, fueron apareciendo los cadáveres de Enrique Alvarez, Enrique Escobar Barrera, Juan Chacón, Manuel de Jesús Franco, Humberto Mendoza y de Doroteo Hernández, con evidentes signos de tortura, de estrangulación, traumatismos severos, fracturas, heridas y perforaciones de bala en el cráneo, tórax y otras partes de sus cuerpos.
Se supo que en el Estado Mayor, oficiales de alto, medio y bajo rango, celebraron la noticia.
Pocos meses antes de este horrendo crimen, el Ingeniero Alvarez me había solicitado colaboración para obtener, en Venezuela, visas para integrantes de una delegación del FDR que visitaría el país, en gira por América Latina, para informar y divulgar la situación política y social que se estaba viviendo en El Salvador, y solicitar solidaridad en búsqueda de una solución pacífica a la crisis que ya amenazaba agravarse.
Otra misión, de la cual formó parte el mismo Ingeniero Alvarez, visitaría países y gobiernos de Europa. Se obtuvieron las visas gracias a la colaboración del Senador Dr. Luis Manuel Peñalver, quien vivió en El Salvador parte de su exilio durante la dictadura militar de Pérez Jiménez, período en el que trabajó y participó en la reestructuración departamental y académica de la Escuela de Medicina.
En Venezuela, la misión del FDR fue recibida por líderes políticos, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones religiosas y promotores sociales. Al conocerse la noticia del secuestro y asesinato, la Asamblea Nacional repudió el crimen, responsabilizó a la Junta de Gobierno, a quien exigió investigación imparcial y castigo a los asesinos.
En Marzo de 1993 la Comisión de la Verdad en su informe entregado al Presidente de la República y a representantes del FMLN, sobre este crimen en particular llegó a las conclusiones siguientes:
1) La tortura y asesinato de los líderes del FDR cerró toda posibilidad de salida negociada a la crisis política a finales de 1980, 2.) Encontró suficientes evidencias para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables de este hecho, violando el derecho internacional de los derechos humanos, 3) Encontró suficientes evidencias para afirmar que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad que facilitó y cubrió a los autores de los asesinatos, y 4) Hubo evidente desinterés en organismos del Estado en esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y llevar a la justicia a los responsables.
Por su solidaridad con el FDR y con el FDR-FMLN cuando la alianza se consolida, tenemos una deuda de gratitud con Luis Manuel Peñalver, Carlos D´Áscoli, Carlos Andrés Pérez, Miguel Otero Silva, Rigoberto Henríquez Vera, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Enrique Tejera, Beatriz Rangel, Pompeyo Márquez, Teodoro Peckoff, Eloy Torres, J. Vicente Rangel, Américo Martín, Moisés Moleiro, David Nieves, J. Vives Suria, Jesús Gazo, Magaly Urrutia, José María Machín, J. A. Paz Galárraga, Alí Primera, César Renjifo, Pedro León Zapata, y muchos otros venezolanos, quienes nos acompañaron durante 12 años, hasta los acuerdos de Paz, que promovieron y Venezuela respaldó y facilitó, en los cuales, como punto de honor en memoria quienes sufrieron persecución, cárcel, tortura, exilio o perdieron sus vidas asesinados, se logró la disolución de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional y la depuración y reducción del ejército.
Sorpresa la mía a finales del mes pasado en San Salvador al leer, en campos pagados de página entera, el comunicado de una Asociación de Desmovilizados de Cuerpos de Seguridad, exigiendo respeto a la honorabilidad y dignidad de sus miembros, preocupados por discretos procedimientos judiciales, iniciados a derecho en el marco de la ley, contra unos pocos de sus miembros.
El respeto exigido, por una honorabilidad y dignidad perdida durante años de abusos, corrupción, atropellos, irrespeto, violación a los derechos humanos, cárcel, desapariciones y asesinato de miles de ciudadanos, en un accionar ejercido, según ellos con patriótico sacrificio, se presta a varias lecturas y preocupaciones.
Conviven entre la población salvadoreña, usufructuando conquistas civiles logradas por sacrificio de otros, individuos que conocieron, ocultaron, promovieron, facilitaron, participaron, ejecutaron y justificaron el uso y abuso fanático de la fuerza militar para gobernar el país.
Estas personas, en lugar de pena, vergüenza y arrepentimiento por los excesos y crímenes, consideran digno y honorífico el haberlos cometido, solos o en complicidad con terceros, que permanecen en silencio, por el momento.
Estas personas representan un peligro potencial para un futuro mejor, que con la ayuda y participación ciudadana, de todos, se logre construir en paz y justicia social.
Es necesario, indispensable entender que, pese a los sacrificios y vidas perdidas en esa lucha, falta mucho por hacer.
Las condiciones miserables de los habitantes de las vías miseria, a quienes Doroteo representaba aquella mañana del 27 de Noviembre en la reunión del FDR, no las mejoraron sus asesinos. Siguen iguales de miserables en el entretejido citadino y sus alrededores, en condiciones de pobreza extrema y acceso limitado a la educación y trabajo.
Aun queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida que como seres humanos se merece ese numeroso sector de la población marginal y campesina de la nación.
El próximo mes se cumplirán 30 años del asesinato de los líderes del FDR y de Doroteo, quijotes desarmados constructores de la paz, muertos con el conocimiento y participación de organismos de seguridad de Cuarteles dependientes del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor y Militares de la Junta, a quienes funcionarios de la justicia encubrieron en complicidad o por miedo.
La ocasión es propicia para testimoniar, en memoria de Enrique Álvarez Córdoba, Enrique Escobar Barrera, Juan Chacón, Manuel de Jesús Franco Ramírez, Humberto Mendoza, y Doroteo Hernández, nuestro reconocimiento a su sacrificio y ejemplo, como un homenaje póstumo de admiración a su ejemplo de lucha cívica, que les costó la vida.
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