En el marco de las políticas públicas de ingresos hallamos una serie de instrumentos para garantizar el acceso a ciertos bienes y servicios esenciales, por parte de sectores económicamente vulnerables de la sociedad; entre dichos instrumentos están los subsidios o la provisión gratuita de bienes apreciados por todos, como los servicios de salud, educación y seguridad pública, por ejemplo.
Escrito por Francisco Sorto Rivas.02 de Octubre.Tomado de La Prensa Gráfica.Este tipo de políticas son básicamente sociales y se originan cuando un colectivo imaginario considera meritorio que parte de los ingresos entregados al Gobierno, en concepto de impuestos, deben servir para sufragar servicios públicos o ser transferidos (subsidios) a aquellos de sus miembros menos favorecidos.
En tal sentido, el diseño de estas políticas debe garantizar que los beneficios no se filtren hacia sectores “no pobres”, lo cual reduciría la eficacia y eficiencia de programas de esta naturaleza, como sucede hoy con el gas licuado de petróleo, a manera de ejemplo.
Es por esa razón que los hacedores de políticas diseñan, simultáneamente, controles para reducir las distorsiones generadas por estas ayudas, que pueden terminar favoreciendo a personas distintas al universo que se pretende atender.
Dado que los subsidios reducen el precio pagado por los consumidores de un bien, se corre el riesgo de beneficiar a compradores que no necesitamos del subsidio para adquirirlo; por eso lo más conveniente es entregarle a los destinatarios de la política cierta capacidad de compra adicional para adquirir los bienes a precios de mercado, ya sea mediante bonos o cupones intransferibles que eviten el surgimiento de mercados negros de cupones como ha sucedido, en algunas ocasiones, en Estados Unidos.
El procedimiento supondría entonces respetar el funcionamiento del mercado, donde el intercambio de bienes y servicios “subsidiados” se haría mediante la contraprestación de un pago, el cual estaría constituido –para los beneficiarios del subsidio– en parte con dinero y en parte con cupones. Esto obligaría a identificar con precisión a la población beneficiaria e impediría, en gran medida, las filtraciones de recursos del Estado hacia sectores “no pobres”, quienes pueden adquirirlos a precios normales.
Esta información censal debe estar disponible, en la actualidad, gracias a los trabajos realizados por FLACSO relacionados con los mapas de pobreza urbana y rural, los cuales han servido de base para la implementación de los programas: Comunidades Urbanas Solidarias y Comunidades Solidarias Rurales.
Este tipo de focalización puede coordinarse, como se hace en Chile, con las municipalidades, donde el acceso a apoyos gubernamentales se realiza a requerimiento del “pobre” y se otorgan, solo si se corrobora su condición de carencia económica.
Será interesante conocer, entonces, el diseño del esquema de focalización del Ministerio de Economía, para trasladar esta capacidad de compra adicional (subsidio) a las personas de menores ingresos que deben adquirir de bienes esenciales, como el gas licuado de petróleo para la preparación de sus alimentos.
En conclusión, los subsidios como instrumentos de política de ingresos deben focalizarse para aumentar su impacto (eficacia, eficiencia y cobertura), siendo lo más conveniente entregarles capacidad de compra adicional a los carenciados mediante un sucedáneo del dinero (vales, cupones...); pero luego de una rigurosa evaluación de la condición del solicitante de esta ayuda, debiendo tener este instrumento el carácter de intransferible; con ello se preservaría el funcionamiento natural del sistema de intercambios (mercados), gracias a la contraprestación de un pago real por los bienes, limitándose así el impacto distorsionador de la intervención pública en la determinación de los precios y en el funcionamiento del mercado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.