Escrito por Carlos Rivas.18 de Octubre. Tomado de La Página.
Pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI),
A lo largo del pasado siglo XX, la Iglesia católica romana, mantuvo su papel de garante social del poder político establecido, sin importar el origen del mismo ni su nivel de legitimidad. Apoyó y bendijo golpes de estado. Aplaudió represiones, y su acercamiento a los diversos gobiernos fue una marcha atrás de algunos logros constitucionales, que en el siglo decimonono nuestra sociedad había alcanzado en la construcción de un Estado que no tuviera vínculos de influencia e injerencia con la Iglesia.
A la luz de los grandes principios de la Reforma Protestante, que propició que se estructurara un pensamiento a favor de la libertad de religión y pensamiento, no puede menos que considerarse que aquel acercamiento hizo de la Iglesia católica romana, más que la voz de la conciencia de los gobernantes, la voz de la absolución a sus actos contrarios a las necesidades de las mayorías.
Estampas frecuentes han sido las fotografías de gobernantes y obispos, que en contubernio político religioso han querido, en diversos momentos de nuestra historia, enviar a los sectores oprimidos un mensaje de unidad, que simplemente puede leerse como: “Dios está con el gobierno”. Porque si bien es cierto que en El Salvador, como en América Latina, el reconocimiento del Estado laico tiene una historia muy reciente (excepto México y Uruguay), nuestro país tiene además la particularidad de que ese reconocimiento ha sufrido un retroceso.
De tal manera que, como lo documentamos en los anteriores artículos, en 1950 el Estado otorgó a la Iglesia católica romana el privilegio constitucional de la personería jurídica, que, a pesar de los ingenuos o interesados argumentos de algunos, no garantizan a las iglesias de otras denominaciones su participación en la vida social del país, sino que las margina excluyéndolas casi como subproductos ideológicos. En otras palabras, perpetua, sin decirlo, la concepción grata a la iglesia romana de que todas las demás iglesias (o religiones, para algunos) son sectas.
En el presente artículo, penúltimo de la serie, queremos exponer antes de fundamentar –en la última entrega– nuestra conclusión sobre el tipo de relación iglesia estado que creemos conveniente para nuestro país, dos puntos: el caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que constituye un punto de inflexión en aquella relación; y unos pocos aspectos generales sobre la relación iglesia estado que nos aproximen a una conclusión.
Monseñor Romero: la excepción no la institución
Creo que no hay un solo salvadoreño que quiera a su patria, que no reconozca en Monseñor Oscar Arnulfo Romero a un cristiano paradigmático y admirable, cuya estatura moral y valentía ayudaron a dotar a nuestro pueblo de una conciencia más cercana a la Palabra, enseñanzas y práctica de Nuestro Señor Jesucristo El momento de la historia que le correspondió vivir, fue un momento en que la iglesia católica romana vio aparentemente en peligro su “fructífera” relación con el Estado salvadoreño. Pero, digo aparentemente, porque si profundizamos un poco en ese tema y aquellos días, comprenderemos que, me atrevería a decir, entonces ese acercamiento fue más fuerte y vinculante.
Porque, aclaremos, Monseñor Romero era la excepción y no la institución. Los conflictos del Estado salvadoreño eran con el obispo “comunista” y sus seguidores (como los jesuitas asesinados), no con la Iglesia católica romana como institución, estado y poder.
Al contrario, fue entonces que Estado y Vaticano confabularon contra el Obispo rebelde. Esta verdad es recogida en varios libros testimoniales y de estudio de Romero y su pensamiento. Se sabe, pues, que mientras el Gobierno salvadoreño buscaba por todos los medios neutralizar a Monseñor, en el seno de la institución eclesiástica, los personeros más fieles a la ortodoxia y fundamentalismo católico, desarrollaban también una encarnizada e hipócrita batalla contra él.
En relación con ello, tampoco olvidemos que cuando 15 años después de la muerte de Romero, el 22 de abril de 1995 fue elegido Fernando Sáenz Lacalle como Arzobispo de San Salvador, portador de un `pensamiento casi diametralmente contrario al de Romero e identificado con los sectores castrenses, el gobierno de entonces hizo complacido una valoración positiva de él, y uno de sus voceros expresó: “Esperamos que el nuevo arzobispo pueda retomar el papel de pastor de la Iglesia”.
Eso es exacto: el estado y la iglesia tienen los mismos intereses, y si alguna vez, debido a circunstancias propias de nuestra realidad política y social, su relación se había deteriorado, fue por culpa de líderes espirituales que no fueron, según la visión del gobierno, “verdaderos” pastores como Monseñor Romero, un simple “rojo”.
El testimonio de Romero, pues, es una muestra más de que el Estado salvadoreño está ligado a los intereses institucionales de la Iglesia Católica Romana y no a la moral y la ética.
Democracia es también laicidad
Todos los ciudadanos deberíamos tener un derecho pleno para difundir nuestro pensamiento, sin importar nuestras creencias y fe. Creyentes y no creyentes, católicos romanos, evangélicos, mahometanos, etc., deberíamos también poder participar sin privilegios ni exclusividad en la vida social y política de nuestra nación.
La etapa de los concordatos, quisiéramos, ha sido superada; sin embargo, de hecho, entre los políticos y los personeros del Estado, acaso por una conducta histórica que se ha terminado convirtiendo en norma del inconsciente, existe la concepción de que los gobiernos deben responder a los intereses de la iglesia católica romana para que aprueben o desaprueben sus decisiones y planes.
¿Puede continuar siendo esto así? ¿Puede estar basado el respaldo moral de la sociedad en los criterios exclusivos de una Iglesia? ¿Qué derecho de exclusividad existe, que no sea basado en la complicidad histórica entre el poder eclesiástico y el poder político y económico, para que se privilegie una iglesia y se excluya a otras? ¿Tiene la Iglesia católica romana derechos particulares ante la ley y la sociedad? Responder a esas preguntas, y otras más que no agotan el tema, nos permitirá elegir la adecuada forma de relación iglesia-estado que los salvadoreños y salvadoreñas necesitamos.
RECUADRO
Los artículos 25 y 26 de la Constitución de la República de El Salvador, pretenden confirmar para el Estado un carácter laico, y los sucesivos gobiernos así lo han manifestado. Pero, ¿hasta que punto ello es una realidad en nuestro actual sistema político y social? De hecho, entre ambos artículos existe una contradicción, ya señalada por juristas, pues si el primero "garantiza el libre ejercicio de todas las religiones", el segundo "reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica", mientras que "las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad".
Es decir, hay un alineamiento en pro de la iglesia católica, que contradice el laicismo confesado y convierte al Estado, en una institución con una religión oficial (la católica romana) en detrimento de otras iglesias, no sólo evangélicas sino de diferentes denominaciones y origen. Lo cual hace del mismo un Estado confesional de facto.
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