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2010/10/18

El Faro - "No le están dejando dientes a la ley de acceso a la información" - ElFaro.net El Primer Periódico Digital Latinoamericano

 La decisión de los diputados de reducir a una décima parte las multas contra los funcionarios que no acaten las disposiciones sobre transparencia y acceso a la información erosiona el poder que debería tener la nueva ley, dice el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.

Por Rodrigo Baires Quezada.18 de Octubre. Tomado de El Faro.

Carlos Araujo Eserski, presidente de la ANEP. Foto Mauro Arias

Carlos Araujo Eserski, presidente de la ANEP. Foto Mauro Arias

La Asamblea Legislativa ha dejado sanciones demasiado leves y nada proporcionales en la ley de transparencia y acceso a la información pública. Así lo ve Carlos Araujo Eserski, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien también ve retrocesos en el debate que están haciendo los diputados sobre la normativa, ya que también decidieron quitarle el término "transparencia" al nombre de la ley.

¿Cómo evalúa el avance en la Ley de Transparencia hasta septiembre de 2010?
Desde la creación del Consejo Económico y Social (CES), uno de los temas que se decidió tomar, como una de las cinco mesas que se formarían para discutir los temas importantes para nuestro país, era la ley de transparencia y acceso a la información pública. El CES también tomó como propio ese interés por ese derecho humano y a la par ha venido la comisión de la Asamblea Legislativa que está deliberando sobre estos temas y recientemente hemos visto desde junio pasado se ha venido trabajando en ello.

¿Ya hay resultados concretos?
Al 28 de junio, nuestra Asamblea había logrado revisar hasta el artículo 34 de este borrador único. Al 19 de julio avanzó hasta el artículo 57; y el 23 de agosto, se soluciona uno de estos tres factores en el que había diferencia: la comisión legislativa decide que tiene que ser la creación de una nueva institución la que rija la transparencia y acceso a la información pública. Aquí todavía tenemos una diferencia con lo aprobado porque dentro de la comisión legislativa se eliminó la palabra transparencia de la ley. Estamos trabajando sobre este tema para poder tener una reunión, como CES, con la comisión y poder compartir con ellos cuál es la posición de la sociedad civil ante estos temas. Aquí no solo está el tema de haber eliminado la palabra transparencia, que creemos que es fundamental para el entender de todos los ciudadanos, sino que hay otros aspectos.
¿Como el tema de bajar las multas a los funcionarios que nieguen información?
Sí... al 20 de septiembre los diputados lograron avanzar hasta el artículo 80. Pero ya vimos que hay dos temas que ellos han querido cambiar. Uno es que no se mantenga una información pública de la votación de cada uno de nuestros diputados, cosa que ANEP cree que es vital. Y lo otro, que también ya vimos en los medios, es que el borrador único de la ley tenía tres rangos para multar. El borrador único proponía de 100 a 200 salarios mínimos como una multa para las infracciones muy graves. Y nuestros diputados han acordado que eso se reduzca de 10 a 20 salarios.
Voy a la historia reciente de El Salvador. La utilización del cinturón de seguridad fue impuesta por medio de una multa de 500 colones, de aquella época. Fue la sanción muy grave la que obligó a la utilización del cinturón. ¿Era utilizar el mismo método con los funcionarios públicos?
Precisamente. Solo le quitaron un cero y lo bajaron de 10 a 20. Las infracciones graves, de 50 a 99 salarios mínimos, las bajaron a cinco o nueve. Y las infracciones leves, las bajaron a uno y cuatro salarios. Entonces, sencillamente, dividieron entre 10, todo. Entonces, cuando exista una pena grave estamos hablando de que la sanción podrá ser de menos de mil dólares. No le están dejando dientes a la ley de transparencia. No hay proporcionalidad con lo que ellos hasta ahora han acordado y por eso es que nosotros hemos pedido que exista una reunión de parte del CES para que podamos ir a intercambiar posiciones con nuestros legisladores, en el buen sentido de la palabra. Esta es una propuesta que la mesa va a llevar al consejo permanente del CES. Esta es una propuesta que se tomó ahora (lunes 27 de septiembre).  
El otro tema que no tenía consenso es el alcance de la ley. ¿Cuál es el alcance que la ANEP ve para esta ley?
El alcance que vemos como empresa privada es que la sociedad y la prensa necesitan contar con instrumentos que permitan auditar los actos de los funcionarios y empleados públicos, así como el uso adecuado de los impuestos que pagamos los salvadoreños. Y el alcance debe estar relacionado con los funcionarios y empleados públicos, ya que una de las propuestas del subsecretario de transparencia, don Marcos Rodríguez, es que ellos quieren que esta alcance a la empresa privada.
Esto se sustentaba, si mal no recuerdo, en que hay gremios empresariales y partidos políticos, por ejemplo, que tienen acceso a dinero público. Por ejemplo, la deuda política de los partidos políticos o los subsidios al transporte...
... Nosotros en ese sentido creemos, y hay un adelanto bastante grande en la mesa de transparencia, que no podemos tratar de cubrir con esta ley todos los otros aspectos que tienen que ser cubiertos por aquellas leyes propias que van a llevar otra series de temas, como es el caso de los partidos políticos. Creemos que debe de existir una ley de partidos políticos que envuelva muchos otros temas, no solo la transparencia de los mismos.
Lo que vemos en la práctica: los partidos políticos intentando autorregularse por ley es una discusión que va a tardar años antes de que se apruebe y el dinero de deuda política se les seguirá dando. Dejar a la ley de transparencia y de acceso a información pública sin la posibilidad de auditar o de tener conocimiento de qué se hace con el dinero público, ¿no sería limitarla?
Nuevamente, no es que estemos a favor de que no se dé una transparencia sobre los aportes a los partidos políticos. Pero al igual que la ley de transparencia, que tuvo al principio un gran obstáculo por parte de nuestros legisladores o de los funcionarios públicos, tenemos que ir madurando para entender que estas son legislaciones importantes para que nuestra democracia funcione. Estamos de acuerdo en que debe de haber una transparencia en ello, pero que tiene que ser evaluado o incorporado dentro de una ley de partidos políticos. Ahora, lo que sí creemos es que aquella empresa privada que tiene fondos del Estado, en lo que respecta a esa partida o a ese proyecto específico, tiene que tener acceso a ellos. La empresa privada tiene, mínimo, 14 instituciones a las cuales rinde cuentas y ya estamos sujetos a entregarle toda nuestra información. Ahí empezamos con las diferentes superintendencias, con los diferentes ministerios. Entonces, hay ya una basta institucionalidad de la información privada hacia el gobierno. Veríamos que esta ley es la contraparte de toda esa información que ya el gobierno tiene de las empresas privadas. Creemos que ahora también nuestros gobernantes tienen que tener esa misma transparencia.
Quiero dejar bien claro esto. Los gremios de autobuses que reciben subsidio...
... Tienen que estar incluidos porque están recibiendo subsidio.
Entonces, ellos deberían mostrar sus facturas...
... Tiene  que haber esa transparencia.
¿Qué pasa con una compañía constructora que trabaja en un proyecto público?
Ese proyecto donde reciben fondos del Estado tiene que estar sujeto a la transparencia.

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