La grabación de una conversación telefónica en la que el ex director departamental de Arena Adolfo Tórrez pide medio millón de dólares al ex diputado Roberto Silva, va a ser utilizada por segunda vez en un juicio... en un juicio que se realiza en otro país. En El Salvador, la Fiscalía no le ve utilidad alguna.
Carlos Martínez.22 de Octubre. Tomado de El Faro.
Especial. El caso Tórrez - Silva
El fiscal general de El Salvador, Romeo Barahona, ayudó a la Fiscalía guatemalteca a investigar los nexos del ex diputado Roberto Silva Pereira con el crimen organizado: validó una prueba que se produjo en El Salvador, en la que intervienen dos salvadoreños miembros de partidos políticos salvadoreños y en la que hablan de corromper al sistema de justicia de El Salvador... pero dice que por lo pronto esa prueba no lo estimula a investigar nada en el país.
Se trata de la grabación de una conversación telefónica ocurrida en marzo de 2008, en la que el ex dirigente arenero Adolfo Tórrez le pide medio millón de dólares al entonces prófugo Silva Pereira para hacer que los cargos que pesan contra él en El Salvador se desvanecieran en el sistema judicial.
Nunca se investigó quiénes eran los cómplices de Adolfo Tórrez, ni quiénes eran los contactos que presumía tener en el sistema de justicia. En la conversación, el ex director del partido Arena en San Salvador se jactaba de tener una red que le permitiría obtener decisiones a nivel de Fiscalía y juzgados para que acusaciones como lavado de dinero desaparecieran y Silva Pereira pudiera volver a El Salvador sin problema. Asimismo, la oferta incluía eliminar los cargos contra la esposa del ex diputado pecenista.
Investigadores estadounidenses le mostraron esta grabación al entonces fiscal general Félix Garried Safie, y este se limitó a llamar al mismo Adolfo Tórrez, quien al parecer lo dejó satisfecho con sus explicaciones, puesto que nunca abrió ningún expediente. Tampoco se ha investigado a Garried Safie por no haberlo hecho.
En su momento, el ex fiscal Safie, a modo de explicación de su renuencia a abrir un expediente, dijo a los estadounidenses que no había garantía alguna de que la llamada efectivamente hubiera ocurrido. A pesar de que el mismo Adolfo Tórrez admitió a El Faro que él había hecho la llamada. “No se establece la autenticidad de la grabación”, dijo Safie a las autoridades de Estados Unidos.
El miércoles, la Fiscalía guatemalteca sorprendió al país en el inicio del juicio contra los acusados por el asesinato de tres diputados salvadoreño y su motorista, ocurrido en las afueras de ciudad de Guatemala en febrero de 2007. La Fiscalía reveló que la llamada telefónica entre Tórrez y Silva Pereira será una de las pruebas en el juicio. ¿Y por qué utilizarán esa grabación como prueba, si Safie desconfiaba de su autenticidad? Porque la Fiscalía salvadoreña certificó su genuinidad, según dijo el fiscal Edwin Marroquín, citado por La Prensa Gráfica.
Marroquín explicó que hace unos días vino a El Salvador, donde se reunió con el fiscal anticrimen organizado Rodolfo Delgado, con quien resolvió lo de la certificación de la llamada telefónica.
El Faro preguntó al fiscal Barahona qué implicaciones tendrá para El Salvador haber reconocido esa grabación como válida y qué siguientes pasos implica eso en el sistema de justicia nacional. En resumen, la respuesta fue ninguna. “No quiero opinar sobre eso porque hay una vista pública... en Guatemala”, se limitó a responder.
Un mes y medio después de que El Faro hiciera pública la conversación, Adolfo Tórrez fue encontrado muerto con un balazo en el pecho, fuera de su casa. Cuatro días después de su muerte, el entonces fiscal general en funciones, Ástor Escalante, cerró las investigaciones concluyendo que la muerte fue un suicidio.
La grabación fue hecha pública por El Faro en abril del año pasado, luego de que el bufete de abogados que entonces defendía a Silva Pereira entregara una copia de la grabación a este periódico. Los fiscales guatemaltecos van a argumentar que haber hecho pública la grabación demuestra las intenciones del ex diputado de perjudicar al partido Arena por haber promovido su desafuero cuando se le descubrió posesión de bienes y efectivo cuya adquisición el entonces legislador suplente aparentemente no podía justificar. Con la grabación, la Fiscalía espera fortalecer la tesis de que Silva Pereira es el autor intelectual del homicidio de los tres diputados areneros al Parlamento Centroamericano.
La causa contra Silva Pereira es promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se le acusa de ser parte de una estructura del crimen organizado con fuertes nexos con “baby cárteles” de la droga guatemaltecos. En total son nueve acusados del crimen, entre los que figuran el ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, el ex director de la policía Erwin Sperisen y el ex director de investigación policial, Javier Figueroa. La CICIG les acusa de formar "una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil desde el año 2004, dedicadas a ejecuciones extrajudiciales en Guatemala".
Esta es la segunda vez que la grabación entre Tórrez y Silva va a ser admitida por un juez en un país distinto a El Salvador. La primera vez fue en Estados Unidos, durante el juicio por inmigración indocumentada que ese país promueve contra el ex legislador salvadoreño, quien en 2006 sufrió el desafuero y huyó.
Un año más tarde apareció en Estados Unidos, cuando las autoridades migratorias de ese país lo detuvieron como indocumentado.
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