Escrito por Eduardo Cálix.30 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
La semana pasada Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, Estados Unidos, firmó la iniciativa SB-1070, con lo que entrarán en vigor en esa entidad una serie de medidas que se basan en una visión errada del fenómeno migratorio y atentan contra los derechos humanos de los indocumentados.
Después de haber promulgado la normativa, la gobernadora de Arizona dijo: “No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas”. Las manifestaciones no se han hecho esperar. Sin embargo, esta confrontación sin duda va a exacerbar más los ánimos, entre grupos ya bastante polarizados.
A partir de esta iniciativa, las autoridades de ese estado podrán darle a cualquier migrante el trato de un delincuente por el simple motivo de tener un color de piel, acento o apariencia distintos de los de un estadounidense.
Con medidas de este tipo solo aumenta el temor de todos los migrantes que se encuentran en Arizona, porque estando de manera legal, ahora deberán portar sus documentos de identidad en todo momento, a expensas de que una autoridad tenga “sospechas razonables” de que se encuentra de manera ilegal en ese país.
Ahora las autoridades locales y las estatales estarán facultadas para realizar arrestos sin una orden judicial en caso de que aquellas consideren que se ha cometido una ofensa pública que prevea la deportación de la persona que la cometa.
Asimismo, prohíbe a las autoridades locales imponer cualquier tipo de limitación a la aplicación de las leyes federales de inmigración. De esta manera se obligaría a las autoridades locales a tratar cualquier violación a las leyes federales de inmigración como si fueran delitos.
Por si fuera poco, a partir de que entre en vigor la iniciativa, se criminalizará el ofrecer empleo a los inmigrantes indocumentados en espacios públicos.
Acciones de este tipo son condenables porque rozan en una actitud xenofóbica. Criminalizan la migración como si se tratara de un delito grave y se olvidan de tomar en cuenta las contribuciones que los inmigrantes han hecho con su trabajo al desarrollo de ese país.
Agrava más el ambiente tenso, la violencia del narcotráfico que traspasa la frontera norte, dando pretexto a los estados fronterizos de Estados Unidos, a reclamar más seguridad en la frontera y, de paso, ser más estrictos con los ilegales, dando rienda suelta a prejuicios y estereotipos raciales.
Lo que realmente requiere Estados Unidos es una reforma migratoria integral que regule el flujo de personas y les permita trabajar libremente de acuerdo con las necesidades del mercado laboral estadounidense y sin miedo a la persecución y la intimidación.
Los demócratas que controlan el Senado y la Cámara de Representantes han postergado la reforma migratoria que dijeron sería una prioridad para sacar del limbo jurídico a cientos de miles de indocumentados que residen allá.
La única señal alentadora es que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como “mal encaminada” la criminalización a los inmigrantes indocumentados y dijo que su gobierno considera las implicaciones de esa medida acerca de los derechos civiles. Además ordenó al Departamento de Justicia estudie si esa legislación estatal viola las leyes federales de derechos civiles.
Se debe censurar acciones como las que contempla la llamada Ley Arizona, pero también demandar de nuestros gobiernos que trabajen con miras a crear condiciones de bienestar para la sociedad, a fin de que nadie tenga que abandonar el país y arriesgar su vida.
En estos momentos, cuando peligra el bienestar de miles de inmigrantes que se encuentran en Arizona, incluidos los salvadoreños, es necesario que nuestro gobierno implemente una estrategia de protección a estos e incremente las acciones que permitan la construcción de una verdadera reforma migratoria integral.
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