Contra Punto-Desinformación: una herencia del pasado que se niega a morir

 Escrito por Luis Armando González.30 de Abril. Tomado de Contra Punto.

Se desinforma no por desconocimiento o falta de preparación, sino conscientemente y a favor de determinados intereses

SAN SALVADOR-En El Salvador, pese a los cambios socio-políticos, económicos y culturales sucedidos de 1992 en adelante, existen herencias del pasado –nada dignas de elogio e incluso vergonzosas— que se resisten a morir. Una de esas herencias es la vocación de desinformar de la que hicieron gala en el pasado las grandes empresas de comunicación y que, aún ahora, sigue orientando la práctica de propietarios de medios, jefes de redacción e información, periodistas, analistas, columnistas, presentadores y entrevistadores. 
Las razones por las que las grandes empresas mediáticas hicieron suya, en el pasado, esa vocación de desinformar –o las razones por las que lo hacen en el presente— son distinto carácter; sin embargo, no son de escasa relevancia las de carácter económico, ideológico y político. Es decir, se desinforma no por desconocimiento, falta de preparación o errores involuntarios, sino con plena consciencia, en razón de determinados intereses –propios de las empresas de comunicación o de los sectores expresados en ellas—, cuya defensa se coloca por encima de cualquier otra consideración o compromiso profesional o ético.  
En estos días, se ha puesto en evidencia –de manera palpable—que esa vocación por la desinformación, propia de las grandes empresas mediáticas, sigue vigente, traicionando las exigencias de un periodismo crítico, riguroso y, ante todo, honesto con la realidad. Y el caballo de Troya en este ejercicio de desinformación lo constituyeron, por un lado, la Convención Judicial 2010, celebrada el 19 de abril recién pasado; y, por otro, los resultados –divulgados precisamente el día de la Convención— de una encuesta nacional de percepción de los jueces y las juezas de la República.  
Haciendo gala de un afán inocultable de desinformar, en distintos medios de comunicación  –salvo excepciones notables, como lo fueron El CoLatino y Contrapunto— se habló de una Convención Judicial en la cual el tema principal y casi exclusivo habría sido el ataque a los medios de comunicación. O sea, que los jueces y las juezas de la República se habrían reunido ese día para atacar a las empresas mediáticas, lo cual a su vez era parte de una atentado de más amplio alcance en contra de la libertad de expresión y de información.
Para los ciudadanos y ciudadanas que se quedaron nada más con esta versión de las cosas, lo ocurrido realmente el 19 de abril, en el marco de la Convención Judicial 2010, escapó casi totalmente a su conocimiento. Estos ciudadanos y ciudadanas no fueron informados debidamente –más bien, fueron desinformados— sobre una jornada de trabajo en la cual los jueces y las juezas de la República debatieron sobre asuntos cruciales para la vida nacional, como lo son la independencia judicial, el autogobierno y la transparencia –que fueron justamente las temáticas en torno a las cuales giró la Convención Judicial 2010—.
El mismo afán de desinformar se hizo sentir en el tratamiento que las grandes empresas de comunicación hicieron de los resultados de la encuesta sobre la percepción de los jueces y las juezas. Para comenzar, obviaron de manera maliciosa el conjunto de sus resultados, que comprendía 32 preguntas que giraban alrededor de los temas centrales de la Convención: independencia judicial, autogobierno y transparencia.
Distorsionando el sentido de la encuesta, se centraron en el resultado de una de sus preguntas [la que dice: “en su relación con otras instancias y actores del país, ¿de dónde provienen (o donde se generan) las mayores condicionantes y amenazas para la independencia judicial?”] e hicieron creer a los ciudadanos y ciudadanas que la encuesta había sido diseñada –de forma amañada, se dijo en algunos espacios— para atacar a los medios.
Definitivamente, del contenido global de la encuesta no puede decirse que haya sido diseñada para atacar a ningún medio de comunicación. Y tampoco eso se sigue de las respuestas que los jueces y las juezas dieron a la pregunta formulada arriba: un 77% dijo que los mayores condicionantes y amenazas para la independencia judicial se generan en las grandes empresas de comunicación; un 11.2% dijo que en el crimen organizado; y un 7% en el movimiento social.
Visto con frialdad, de esos porcentajes lo que se infiere es el enorme peso que tienen las empresas de comunicación en el imaginario de los jueces y las juezas, lo cual es independiente del peso real de esas empresas en la configuración de la realidad social. Se puede discutir si el peso que se asigna a los medios de comunicación a nivel de percepción se corresponde con su peso efectivo en la realidad, pero lo que no puede decirse es que la visión de los jueces y las juezas constituye un “ataque” a aquéllos.
A modo de ejercicio se puede plantear lo siguiente: en el supuesto de que los jueces y las juezas hubieran afirmado que la mayor amenaza para la independencia judicial la constituía el crimen organizado, ¿sería lógico inferir de eso un ataque de los jueces y las juezas al crimen organizado? O, si los jueces y las juezas hubieran sostenido que esa amenaza provenía del movimiento social, ¿sería razonable inferir de eso un ataque a los sindicatos y organizaciones sociales?
Sin duda,  la respuesta es negativa en ambos casos. Y, por lo mismo, también lo es en el caso que nos ocupa: respecto de los medios, de la respuesta de los jueces y las juezas no se sigue un ataque a los mismos, sino más bien un reconocimiento a su –en la percepción de los jueces y las juezas— enorme capacidad de presión. Inmerecido o no ese reconocimiento, el tema de fondo es que está presente en la percepción de los jueces y las juezas.
Tendrán que discutirse más a fondo las razones por las cuales, en su mayoría, los miembros del demos judicial ven a las grandes empresas de comunicación como fuente de condicionantes y amenazas a la independencia judicial. Esta reflexión no debería ser ajena a las propias empresas de comunicación, que deberían auto examinarse a fondo para ponderar en qué medida han hecho (o han dejado de hacer) cosas que puedan estar alimentando la percepción apuntada.
Descalificar a priori la encuesta o mofarse de sus resultados lo que pone de manifiesto es la poca disposición de discutir con seriedad sus temas sustanciales. Quienes han procedido de esa manera no han hecho más que repetir el modelo de comportamiento que usualmente se sigue ante resultados de encuestas que se divulgan en época electoral y que son contrarios a las expectativas que se tienen: se declaran falsos, manipulados y faltos de rigor científico.
Así, por ejemplo, podrá –y tiene que ser— ser objeto debate el que los jueces y las juezas den a las grandes empresas de comunicación un lugar prioritario como fuente de los mayores condicionantes y amenazas a la independencia judicial, por encima del crimen organizado. Pero, en el ámbito de las encuestas de opinión, una percepción como esa se convierte en un desafío para la interpretación y no en un motivo de burla o de reproche.
Y es que en este como en otros asuntos tocados por la encuesta hecha a jueces y juezas el problema no es si gustan o no gustan sus percepciones y valoraciones –o si se está de acuerdo o no con ellas—, sino cuáles son los motivos o las realidades que las explican. Esto es algo tan elemental que editorialistas, analistas, periodistas, presentadores y conductores curtidos en el tema de las encuestas deberían saberlo y dominarlo con toda propiedad.

Desinformación: una herencia del pasado que se niega a morir