Desde 2005 se han hecho intentos por aprobar una ley que establezca reglas del juego claras en el mercado de los medicamentos. Existen al menos cinco proyectos de ley que duermen en las gavetas de los escritorios de los diputados. Son sacados a discusión de vez en cuando, pero luego vuelven a ser guardados.
Escrito por Nena de Alfaro.29 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
El más reciente proyecto es la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios propuesta por el Ministerio de Salud Pública. Uno de sus artículos más polémicos es el que pretende regular los precios de los medicamentos. La medida es errónea.
Se recurre a la solución más fácil, pero al mismo tiempo, la más inconveniente. Se persigue fijar precios máximos a los productos para cubrir la falta de voluntad o la incapacidad del Estado de investigar las causas reales que elevan los precios. Este tipo de controles solo ocasionan contrabando e incremento de precios generado por la escasez de productos, favoreciendo el mercado negro. En vez de aplicar dicha medida, deberían de tomarse otras soluciones prácticas que permitan que los medicamentos lleguen a precios más asequibles a la ciudadanía.
Hay que decirlo claro: en El Salvador las medicinas son caras porque se han violado los principios más elementales de la ética y de la libre competencia. El sector de los medicamentos adolece de un cáncer estructural cuyo síntoma más visible es el alto precio de venta. Es un mal que requiere cirugía mayor.
Para reducir el valor de los medicamentos hay que comenzar extirpando la práctica de cargar al precio, una comisión de entre $1 y $5 que los laboratorios y droguerías dan a las farmacias. Dicha comisión va indicada en un tiquete o viñeta adherida a la caja o envoltorio de la medicina en cuestión y es arrancada por el cajero de la farmacia antes de entregarle el producto al comprador.
Algunas medicinas no contienen la cantidad de componentes activos que la viñeta o prospecto explicativo asegura tener. Por ejemplo: en las indicaciones del fabricante se afirma que un fármaco posee 5 mg de vitamina B1 por cada 10 ml, cuando en realidad solo tiene 2.5 mg. Mentir al consumidor es antiético, pues el comprador recibe la mitad de lo que paga. En este caso, si los fabricantes cobraran solo por la cantidad de los componentes activos que en realidad contiene el medicamento que venden, el precio se reduciría sensiblemente.
Lo anterior es más frecuente en la medicina pirateada o “chabeleada”, la cual se produce y se vende en el país en grandes cantidades. Existen laboratorios clandestinos que se dedican a fabricar ilegalmente los medicamentos más buscados y recetados, vendiéndolos como medicina original, sin siquiera contener los componentes activos del medicamento de marca. La piratería encarece los productos, pues el laboratorio tiene que invertir en medidas de seguridad que permiten distinguirlos de otros pirateados, elevando los costos de producción y por ende, el precio final del medicamento.
La medicina pirateada generalmente es vendida en los mercados y en negocios informales. Basta con caminar dentro y en los alrededores de los mercados para encontrar canastos repletos de medicinas que sabe Dios si curan o enferman aún más al enfermo. Lo grave es que se ha vuelto un negocio en el que participan “grandes, medianas y pequeñas empresas” informales, sin control alguno de la autoridad sanitaria ni de la Defensoría del Consumidor. Estos negocios informales no exigen ni emiten facturas de compra, ni de venta, lo que constituye una franca elusión y evasión de impuestos y una competencia ilegal y deshonesta para el empresario formal.
Si solamente se atacaran estas tres prácticas antiéticas, podría reducirse el precio de las medicinas, se mejoraría la calidad de las mismas y los salvadoreños saldríamos beneficiados.
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